“Para resolver la cuestión indígena hace falta un acuerdo con los gobernadores”. Estas fueron las palabras de Jimena Psathakis, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Pero no, lamento humildemente disentir, para resolver la cuestión indígena hace falta separar de una vez por todas los que realmente son indígenas de quienes no lo son y nos estafan. Y la solución no es tan política, sino técnica y científica. Hacen falta estudios serios y objetivos de carácter histórico, antropológico, genealógico, para saber con certeza que nos encontramos frente a reales comunidades ancestrales, y no ante un fraude con fines económicos.
Intento acercar la mirada con ojos de sentido común, de coherencia moral. ¿Con qué seriedad me tomaría usted si le digo que soy un gaucho absoluto, pero lo sorprendo con un vestido escocés, profesando el islam y hablando inglés? Hasta ahí no es problema, ya que puedo ser quien yo quiera y no perjudico a nadie. Pero podríamos empezar diciendo que no soy del todo serio.
Pero no es necesario ir tan lejos. Voy a levantarme luego de un letargo onírico en el cual soñé que soy un indígena, supongamos diaguita, incluso lo creo firmemente, desperté seguro de serlo, muchos a mi lado quieren creerme por mi firme convicción, lo digo a gritos, ¡soy indígena!, soy un diaguita y me autoidentifico como tal. Siento una atracción espiritual con la tierra, en particular, con el cerro San Bernardo, se me figura de una manera mística con sus árboles y colores, yo nací en esta zona, la tierra es valiosa. Es así que exijo al Gobierno que nadie ingrese a ese lugar, las casas que habitan familias deben salir de allí, esta tierra es mía, es un lugar sagrado y debe ser respetado. Me voy sintiendo discriminado ahora por aquellos que dicen que no soy diaguita, estoy seguro de no necesitar una pluma para serlo, hay expertos que me señalan y acusan con informes históricos o antropológicos, demuestran que mis padres no nacieron siquiera en Salta, pero soy indígena y demando a como dé lugar que se respete mi autodeterminación. Desde ahora nadie podrá ingresar al cerro, ni para hacer deportes ni para mirar la hermosa ciudad desde su altura majestuosa. La ley me protege, y quien diga, incluso con pruebas, que no soy indígena comete discriminación.
El absurdo existe
Esta situación, en su conjetura exagerada, es lo que está sucediendo en distintos lugares de la provincia, y del país, ya que al parecer hay dos formas de ser aborigen:
1) Los que realmente viven en comunidad de manera ancestral, conservan sus costumbres, idioma, y uno que otro elemento cultural de aquellos pueblos que vivieron antes de la conquista incaica/española.
2) Los que vieron una oportunidad de autodeterminarse originario para acceder a beneficios incalculables como tierras, exenciones fiscales, planes sociales, etc., y que no resisten un solo análisis o estudio. El gran problema es que ambos son tratados por igual y con protección legal.
Durante el Gobierno nacional anterior se regalaron personerías jurídicas a comunidades de dudosa procedencia. Sin alejarnos mucho, de la Comunidad de Lules, que ahora pretende hacerse de toda la Finca las Costas en Salta (cerca de 11 mil hectáreas), o los “Cholonkas” en Lesser, o en los Valles Calchaquíes. ¿Alguien nos muestra por favor los estudios serios que determinan su irrefutable calidad de indígena?, ¿acaso viven en comunidad de manera real como aquellas comunidades indígenas de las protegidas por la Constitución?
Dichas comunidades fueron reconocidas por Nación salteando a la Provincia, pese a las tratativas y convenios vigentes. Tenemos el derecho a dudar, porque en definitiva esto lo pagamos entre todos. Quizás si los Lules pedían un loteo o una donación lograban el objetivo de residencia permanente en la zona. ¿No sabe acaso ese vecino que la propiedad indígena no se divide o lotea? ¿Cree acaso que sus hijos la van a heredar? Creo que muchos le erraron al camino tomado.
Las tierras pretendidas por más de 400 comunidades que se están relevando van a significar un enorme dineral para el erario público, o sea, el dinero de todos, ¿y quién lo va a pagar? Me pregunto como salteño, ¿no debería haber una ley nacional de propiedad indígena o comunitaria que diga quién paga esta fiesta?. ¿Quién comprará o expropiará a los propietarios de tierras para dárselas a comunidades indígenas, sean reales o no?
Los aborígenes y los vivillos
El INAI infló a muchos criollos que ahora son caciques, incluso con dinero (“Programas de fortalecimiento” sin rendición de cuentas), y lo que antes era un problema habitacional o de vivienda, devino en disputa territorial indígena. Todo disfrazado pero con las mismas necesidades. Nadie se anima a separar la paja del trigo y reconocer la diferencia entre comunidades indígenas y los avivados de siempre o mal asesorados que buscan hacerse de tierras, repeler desalojos y otros beneficios. Se viene confundiendo, con frenesí, ambiciones personales con derechos, y no todo antojo es un derecho.
Nadie puede estar en contra de que se respeten las pautas culturales, costumbres y lugares ancestrales de reales comunidades en Argentina.
Todos las defendemos y cuidamos, son una reliquia para el devenir de nuestra historia como humanidad, debemos honrar su forma de vivir en un panorama de armonía social del uno con el otro. Pero la realidad es que la provincia se saturó de comunidades cuando se vieron los beneficios de ser “indígena”. Y de esto también hay que hablar. Para resolver la cuestión indígena hace falta separar de una vez por todas los que realmente son indígenas de quienes no lo son. Y para esto debemos exigir como sociedad que se cumpla con el requisito Objetivo del Convenio 169 de la OIT, es decir, que no basta con creerse indígena, sino que hay que serlo realmente, y se deben impulsar los mecanismos de control mediante estudios antropológicos, históricos, genealógicos, etc. Los organismos nacionales, provinciales, el ETO, el CPI o el IPPIS, todos, deben mejorar los controles seriamente y evitar los desmanejos políticos, porque ya se causó muchísimo daño, tanto al indígena como al propietario de una tierra, sometidos a una lucha interminable.
Se firmó este año un convenio con el INAI, uno que se viene a sumar a tantos otros ya firmados, para hacer los relevamientos territoriales, es decir para decir qué tierras son de las comunidades. No importa si los mapas de las tierras que se pretendan caigan arriba de su casa, el relevamiento se hará igualmente, habrá un mapa que dice que esas tierras son ocupadas por el indígena ancestralmente y usted nunca se entera, sino cuando un indígena lo denuncie por ocupar su tierra ancestral y quizás aproveche para tomarle una foto de su cara de sorpresa. Pero si le interesa esta novela y pensaba que el mapeo lo hicieron expertos que conocen de historia, o que hicieron profundos y serios estudios, le tengo que decir que no, lo hace el autoproclamado indígena y el INAI lo aprueba sin mucho trámite o análisis de veracidad. En el equipo mencionado para hacer el relevamiento (anexo II de dicho convenio) se ve que son todos coordinadores, innumerables abogados, y otros funcionarios, pero en ningún momento se plantea la contratación de profesionales antropólogos, historiadores, agrimensores, etc. ¿Qué puede salir mal? Todo. El desafío sigue siendo el de traer claridad y devolver la paz perdida, porque la imprecisión no favorece a nadie. Pero. ¿quién se va a poner los pantalones para separar la paja del trigo? Como corolario, y agradeciendo la lectura, dejo un artículo constitucional para estos momentos de vacilaciones: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley”.
Por Gonzalo Castañeda Nordmann – El Tribuno Salta
