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Pueblo Originario | April 28, 2017

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REIVINDICACION POSESORIA contra la COMUNIDAD INDÍGENA EL NOGALITO

REIVINDICACION POSESORIA contra la COMUNIDAD INDÍGENA EL NOGALITO

RESUELVO: I.- NO HACER LUGAR a la acción posesoria de mantener intentada por la COMUNIDAD INDÍGENA EL NOGALITO… II.- HACER LUGAR a la acción de reivindicación intentada por MARÍA BEATRIZ SANTILLÁN y MARÍA FERNANDA SANTILLÁN, contra COMUNIDAD INDIGENA DEL NOGALITO…Base: Juzgado Civil y Comercial Común VII. Actualizado en fecha: 13/04/2016 06:57:02 p.m.
Escrito: SENTENCIA DE FONDO
Autos: COMUNIDAD INDIGENA DEL NOGALITO C/ CARRO MARIA AGUSTINA Y OTROS S/ ACCIONES POSESORIAS Expte: 3512/08Fecha Inicio: 28/11/2008Sentencia N°:160
SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 12 de abril de 2016
Y VISTOS: los autos del epígrafe que vienen a despacho para resolver y :
RESULTA:
Que a fs. 2/9 comparece JOAQUÍN PEREZ, DNI 22.534.924, con domicilio en el Nogalito, Dpto. Lules, Provincia de Tucumán, Cacique de la COMUNIDAD INDIGENA DEL NOGALITO (en adelante la COMUNIDAD), según Acta de Asamblea N°111 del 26/5/2007 obrante a fs. 62/63, y en su nombre y representación (Cfr. Estatuto de la COMUNIDAD art. 17. fs. 38) y con el patrocinio del letrado Daniel Carlorosi, promueve ACCION POSESORIA de mantener la posesión contra MARÍA AGUTINA CARRO, con domicilio en Avda. Mate de Luna N°4.321, MARÍA BEATRIZ SANTILLÁN, DNI 25.498.652 y MARÍA FERNANDA SANTILLÁN, DNI 28.222.878, ambas con domicilio en calle Salta N°87 de esta ciudad. Solicita que la sentencia ordene a las demandadas abstenerse de continuar con la turbación del derecho posesorio que asiste a la COMUNIDAD como parte integrante de su territorio en mayor extensión y sobre el inmueble ubicado sobre la Ruta N°341, Km. 41, frente al camping de Raco, de 476 Ha. de superficie y que linda al Norte con Río Grande Lules, al Sur con COMUNIDAD Indígena del Nogalito, al Este con Ruta B 341 y al Oeste con las Cumbres Mala Mala. Afirma que la COMUNIDAD tiene reconocimiento de su personería por el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (en adelante el RENACI) desde el año 2003. En punto a la posesión, manifiesta que habitan en forma pacífica y buena el territorio desde tiempos inmemoriales, antes de la llegada de los españoles. Que desde el año1.700 la COMUNIDAD viene ocupando en forma ininterrumpida las tierras en litigio. Menciona como prueba que acredita el hecho de la posesión, el acta de constatación notarial y fotografías del 30/3/2003 y el censo efectuado ante el Instituto Nacional Indígena (en adelante INAI) en ocasión del trámite para la obtención de su personería jurídica. Alega que la COMUNIDAD posee a título de dueña (cfr. art. 2.480 del Cód. Civil) y que su posesión es ancestral, pública, pacífica, no interrumpida y no viciada, mientras que el pretendido derecho de las demandadas se encuentra solamente acreditado mediante una escritura a la que le faltó el requisito esencial de la tradición de las tierras. Específicamente, señala que la COMUNIDAD es descendiente del pueblo Lule y se radican en la zona desde el siglo XVIII. Que está integrada por alrededor de 80 familias que poseen las tierras realizando continuos actos de posesión tales como siembra, construcción de viviendas, celebraciones rituales y religiosas en lugares sagrados, abono del derecho de renovación de las marcas de ganado, vacunación del ganado. Cita como medios probatorios de su derecho fotocopia del plano de mensura de 1.952 y fotocopias de pago de impuestos, indicando que fueron acompañados en autos “Luis Prudencio Pérez y otros vs. Díaz Carlos Alberto y Gustavo Brígido Terán s/ interdicto de detener la posesión”, tramitados ante el Juzgado Civil y Comercial Común VI° Nominación. Nombra a María Santos Córdoba, DNI 8.932.029, Adela Mercedes Pérez, DNI 4.646.623, Osvalda Arce, DNI 10.016.250 y Gregorio Bernabé Díaz, DNI 5.096.995 junto a sus respectivas familias, como integrantes de la COMUNIDAD. En punto al hecho de la turbación indica que en el año 2.007 las demandadas iniciaron un amparo a la simple tenencia, aduciendo la propiedad de las tierras y que en diciembre de 2.008 el Juzgado de Documentos y Locaciones IV° Nominación ordenó el desalojo, ello a pesar de que el Juez de Paz de la localidad de Lules había desestimado la medida. Advierte que la inspección ocular llevada a cabo en ocasión del amparo, se reduce a la posesión en la que se encuentra el Sr. Luna, de menos de 1 Ha, sin perjuicio de lo cual la sentencia ordenó la entrega de 476 Ha. En el marco de la ley N° 26.160, solicita la suspensión de la medida de desalojo ordenada en los autos “Carro María Agustina y Otros c/ Cruz Víctor Adán y otro s/ Amparo a la simple tenencia”, Expte. 7.060/7. Asímismo pide interpretación de la acción en el marco de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIADH). Formula consideraciones acerca de la posesión comunitaria y la posesión privada, señalando la inconveniencia de aplicar las vías procesales regulares para la tramitación de las acciones referidas a la posesión comunitaria. Marca la diferencia material entre la posesión comunitaria de los pueblos indígenas y la posesión individual del Código Civil, juzgando conveniente recurrir a definiciones jurisprudenciales para comprender y definir el concepto de posesión comunitaria. Con apoyo en jurisprudencia sostiene que por mandato constitucional operativo toda ocupación tradicional de una comunidad indígena debe juzgarse como posesión comunitaria, aunque los integrantes no hayan ejercido por sí los actos posesorios típicos de la ley inferior. De igual modo vincula el derecho a las tierras con el derecho a la vida, en el sentido de la supervivencia y subsistencia de los miembros de la COMUNIDAD a través del uso y disfrute de los recursos naturales. Solicita operatividad del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional (en adelante C.N), de la Resolución N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT) y de los Pactos Internacionales. Funda su derecho. Ofrece prueba documental. Mediante resolución del 31/3/2009 se rechaza el pedido cautelar de aplicación de la ley N°26.160. Corrido traslado de la demanda (fs. 127/129), a fs. 173/185, comparece el letrado Sebastián M. Tula Rizo y en nombre y representación de MARÍA AGUSTINA CARRO la contesta, solicitando su rechazo con costas. Niega en general y particular los hechos invocados que no sean objeto de expreso reconocimiento y da su versión partiendo de una reseña histórica que se ubica en 1.767, cuando Carlos III° (1716-1788) Rey de España, decretó la expulsión de los Jesuitas de España y de sus posesiones, hasta que Raúl Armando García inició juicio de prescripción adquisitiva respecto del inmueble en cuestión, obteniendo sentencia favorable del 10/12/1.990. Que desde esa resolución, Armando Raúl García, continuó en posesión pública, pacífica e ininterrumpida sobre las 476 has hasta que el 25 de julio de 2.005 su mandante adquirió la propiedad mediante escritura N°213, Escribanía de Registro N° 69 y que desde esa fecha ostenta la posesión de las hectáreas, llevando a cabo actos posesorios (alambrado linde Sur y Este, desmalezamiento de 7 has. desde el límite Este hacia el Oeste). Respecto a la turbación, señalan que en agosto de 2.006, cuando su mandante recorría las tierras en compañía del ingeniero Civil Eduardo Corvella, encontraron dentro de la propiedad un alambre de 450 mts. lineales que tras averiguaciones determinó haber sido colocado por el Sr. Tristán Arce y Carlos Arce, lo que motivó que el 8/8/2.006 la Srta. Carro remitiera carta documento intimando a retirarlo. Que el Sr. Tristán Arce y Carlos Arce cesaron en su turbación en el inmueble, hasta que el 7/1/2.007 al recorrer nuevamente las tierras, encontraron la apertura de una nueva picada realizada por los mencionados con intención de colocar un alambrado dentro de la propiedad. Que a mediados de Julio de 2.007, constataron que los postes de alambre colocados por los Arce en 2.006 habían sido renovados más poda de árboles de su propiedad, por lo el 2/8/2.007 realizaron denuncia policial. Agrega que el 4/8/2.007 comprobaron que los denunciados habían continuado con la colocación de postes de alambre en la picada abierta en enero de ese año, además de elementos de trabajo como taladros, barretas y rollos de alambre, los que fueron depositados en la comisaría de Lules según acta del 5/8/2.007. Que el 22/8/2.007 los Sres. Arce interpusieron acción de Amparo en contra de su representado en el Juzgado de Paz de Lules. Que la inspección ocular practicada el 25/9/2.007 constató la posesión de sus mandantes. Que el 1/10/2.007 el Juez de Paz de Lules dictó sentencia declarando abstracta la causa. Añade que el 3/10/2.007 un grupo compuesto por 15 personas aproximadamente entre los cuales se encontraba Víctor Adán Cruz y Luis Héctor Jerónimo Luna (quien tenía un contrato de tenencia precaria con su mandante), irrumpieron en la propiedad y comenzaron a sacar y destruir los postes de cemento y alambrados al frente de la propiedad, paralelo a la ruta 341, y los postes de cemento pintados de color blanco y alambrados ubicados en lado Sur de la Propiedad (límite con la propiedad del Sr. Arce). También desarmaron y tiraron al costado de la ruta una casa machimbrada, una carpa y demás daños constatados en la denuncia del 4/10/2007. El Sr. Romero (cuidador del predio puesto por su mandante) fue arrojado fuera de la propiedad. Que a seguir, los turbadores extendieron un alambrado de 46 mts. paralelos a la ruta 341 y a una distancia de 90 mts. Manifiesta que en la ocasión se apersonó en el lugar el escribano Martín Santillán, quien constató la veracidad de los dichos del Sr. Romero, identificando como turbadores a los Sres. Manuel Joaquín Pérez, Simón Pérez, Benjamín Días, Griselda Pérez, Patricio Pérez, Evaristo Pérez, Carlos Días. Señalan que formalizaron denuncia policial el 4/10/2.007 en Comisaría de Lules, causa: “Cruz Víctor Adán y otros s/ Usurpación de Propiedad”, Expte. N°3395/08, con instrucción de la Fiscalía 4°Nominación y acción de Amparo a la simple tenencia por ante el Juzgado de Paz de Lules del 16/10/2.007. La primera de las causas a la fecha se encuentra con requerimiento de elevación a Juicio Oral. La acción de Amparo a la simple tenencia fue resuelta de manera favorable a su mandante mediante resolución del 17/12/2.007. Por otro lado informa que la denuncia policial realizada contra Ángel Tristán Arce y Carlos Florencio Arce dio origen a la causa “Carlos Florencio Arce y otro s/Usurpación”, con instrucción de la Fiscalía 9° Nominación, Expte. 28098/07, en la cual mediante resolución del 23/6/2.009 de la Dra. Lenis de Vera se ordenó la restitución provisoria del inmueble ubicado en el Nogalito. Que la medida fue llevada a cabo y concluida el 25/9/2.009, tomando posesión sus mandantes por un período de 5 hs. aproximadamente ya que una vez que se retiraron del lugar el grupo de infantería y demás miembros de las fuerzas policiales intervinientes y en presencia de 8 oficiales dejados en consigna, los actores irrumpieron nuevamente de manera violenta en el inmueble lo que motivó la causa penal ante la fiscalía de instrucción 6° nominación. Pide se tenga en cuenta que María Santos Córdoba, Osvalda Arce, Gregorio Bernabé Díaz y Adela Mercedes Pérez no tienen sus viviendas dentro de la propiedad de sus mandantes. Plantea excepción de falta de legitimación activa en los actores al sostener, bajo los argumentos que expone y doy por reproducidos, que no reúnen los requisitos esenciales dispuestos por la ley civil. A saber, sostienen que pese a reiterar que los actores nunca tuvieron posesión del inmueble, tal y como ha quedado demostrado, su irrupción en el inmueble fue violenta lo que tornó su posesión en viciosa. Sobre la base de fundamentos constitucionales sostiene que no puede entenderse que el reconocimiento realizado por el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional pueda referirse a tierras de particulares que gozan de derechos adquiridos al amparo de la Constitución Argentina. Puntualmente entiende que debe primar el derecho a la propiedad ejercida por sus mandantes. Pide además se tenga en cuenta que los propios actores reconocieron la posesión y propiedad ejercida por sus mandantes y sus antecesores conforme la prueba que menciona. Formula reserva de la cuestión federal. Ofrece prueba. A fs. 331/348 comparece el letrado Sebastián Tula Rizo e invocando personería de urgencia en nombre y representación de NATALIA BEATRIZ SANTILLÁN Y FERNANDA SANTILLÁN contesta la demanda. Niega en general y particular los hechos y el derecho en que los actores fundan su acción. En su versión formula idéntica reseña a la sostenida por María Agustina Carro, razón por la cual, en razón de brevedad, me permito tenerla por transcripta. Plantea excepción de falta de legitimación activa en los actores al sostener, bajo los argumentos que expone y doy por reproducidos, que no reúnen los requisitos esenciales dispuestos por la ley civil para intentar una acción posesoria. Sobre la base de fundamentos constitucionales sostiene que no puede entenderse que el reconocimiento realizado por el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional pueda referirse a tierras de particulares que gozan de derechos adquiridos al amparo de la Constitución Argentina. Puntualmente entiende que debe primar el derecho a la propiedad ejercida por sus mandantes. Pide además se tenga en cuenta que los propios actores reconocieron la posesión y propiedad ejercida por sus mandantes y sus antecesores conforme la prueba que menciona. Formula reserva de la cuestión federal. En el marco del art. 2.758 del Código Civil, reconviene por reivindicación la propiedad ubicada en el Nogalito sobre Ruta 341 frente al camping, de 489 Has de superficie, según plano de mensura N°47.084/06 aprobado por la Dirección General de Catastro bajo Expte. 29.109-C-05, identificado en Castro Parcelario con padrón 532.225, Matrícula 18.780/115 – Circunscripción II, Sección E- Manzana o Lámina 48 – Parcela 3, matrícula registral F-7.866. Dirige la acción contra los miembros de la COMUNIDAD y contra cualquier otro ocupante en cualquier carácter del inmueble. Invoca su legitimación en el derecho de dominio que consta en escritura N°213 pasada ante escribanía N°69 del 25/7/2.005 de donde surge la compra efectuada al Sr. Armando Raúl García, quien a su vez lo obtuvo por sentencia de adjudicación dictada en los autos García Raúl Armando s/Prescripción Adquisitiva, tramitados ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Común VII° Nominación (sentencia del 3/5/1991, auto de rectificación de fecha 3/7/1992, inscripta en el Registro Inmobiliario de la Provincia, asiento 1, matrícula F-7866). Señala que desde su adquisición sus mandantes continuaron en posesión de las hectáreas adquiridas al Sr. García realizando actos posesorios que describe y doy por transcriptos. Sobre el punto hace hincapié que el desmalezamiento del predio fue realizado por Víctor Adán Cruz, quien hasta entonces reconocía la posesión y titularidad dominial de sus mandantes según recibos de pago que adjunta. Como hechos de turbación reitera los ocurridos en agosto de 2.006 y septiembre de 2.009, descriptos ya en ocasión precedente, y que dieron origen a la causa: “Cruz Víctor Adán y otro s/ Usurpación de Propiedad”, Expte. N°3395/08, con instrucción de la Fiscalía 4°Nominación, la acción de Amparo a la simple tenencia por ante el Juzgado de Paz de Lules del 16/10/2007 y a la causa “Carlos Florencio Arce y otro s/Usurpación”, con instrucción de la Fiscalía 9° Nominación, Expte. 28098/07. A fs. 351 el letrado Sebastián Tula Rizo cumple con la carga de acreditar su representación, adjuntando poder general para juicios. Corrido traslado de las excepciones y de la reconvención (fs. 360), a fs. 361/366 la COMUNIDAD contesta solicitando su rechazo. En resumen sostiene que para los demandados el relato histórico es parcial pues arranca desde el año 1.767, cuando en la realidad antes de dicha fecha, habitaban la zona los descendientes del Pueblo Lule, verdaderos herederos de la historia, espiritualidad y territorio.
En cuanto a la excepción de falta de legitimación activa, estima que los argumentos de los demandados deben rechazarse por cuanto éstos citan en forma expresa la norma civil sin hacer mayores referencias a que la posesión que se incoa es la contenida en normas constitucionales y en el Convenio N°169 de la OIT y en especial el art. 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Puntualiza que la demandada no cuestiona la existencia de la COMUNIDAD ni su personería, de donde en forma tácita reconoce que su representada es una COMUNIDAD indígena a la que deben aplicarse los institutos especiales que regulan la posesión y propiedad comunitaria. Sobre esa base y con apoyo en el control de convencionalidad, sostiene que para analizar la procedencia de la excepción de falta de legitimación activa es necesario desentrañar previamente los conceptos de propiedad y posesión comunitaria para determinar su alcance y a partir de allí, comparar de igual modo los institutos. Que en ese marco, no es admisible rechazar la acción en base una excepción que fuera argüida solo en base al derecho interno, dejando de lado todo el andamiaje internacional que regula la materia, so riesgo de quebrantar derechos reconocidos internacionalmente por convenios y nacionalmente por la Constitución Nacional y Provincial. En punto a la reconvención, la contesta indicando que el título de propiedad de las comunidades indígenas está dado por el simple hecho de la posesión, entendida bajo los parámetros definidos jurisprudenciales. Que tal posesión ancestral es el título de propiedad con que las comunidades cuentan en el marco de los arts. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y 149 de la Provincial. Señala que así como los demandados utilizan su título de propiedad para fundar su reivindicación, la COMUNIDAD posee su propio título de propiedad reconocido por la Constitución. Insiste en que una adecuada resolución del caso impone la valoración adecuada que como título debe hacerse de la posesión ancestral. Pone énfasis en que la propiedad comunitaria es un derecho real y autónomo por el que se ejercita una relación directa con las tierras, que tiene contenido patrimonial, un régimen de orden público plasmado en la Constitución Nacional y que otorga derecho de persecución y de preferencia erga omnes. A tenor de los argumentos que desarrolla, concluye que la reconvención por reivindicación no puede prosperar ya que la COMUNIDAD cuenta con un título de mayor jerarquía que el del reivindicante, que surge de la operatividad del art. 75 in 17 de la C.N. Es decir en un derecho real constitucional que se contrapone al título que el accionado pretende hacer valer en contra de los derechos adquiridos por los pueblos originarios en su calidad de preexistentes y reconocidos por el Estado Nacional con oponibilidad erga omnes. Ofrece prueba. A fs. 368 los codemandados solicitan tener por extemporánea la contestación de la COMUNIDAD. Mediante decreto del 25/6/2010 (fs. 369) se rechaza el pedido. Planteada revocatoria por los codemandados, por dcto. del 10/8/2010 (fs. 374) se tiene presente para definitiva. Por dcto. del 10/2/2011 (fs. 376) se ordena la apertura de la causa a prueba (notificada a fs. 378/379). A fs. 380 la COMUNIDAD denuncia como hecho nuevo el relevamiento territorial realizado entre el 11 y el 14 de septiembre de 2.010 conforme ley 26.160 y con él, la incidencia del relevamiento en los autos de referencia toda vez que aquel tuvo como objetivo establecer los límites del territorio que poseen las comunidades indígenas y la entrega del título comunitario a cada comunidad. Pide remisión del trabajo y antecedentes. Por dcto. de fs. 386, se declara la nulidad de lo actuado por vicio en el procedimiento en punto al direccionamiento de la reconvención hacia todos los miembros de la COMUNIDAD Indígena El Nogalito. Sustanciado el recurso de la COMUNIDAD, se resuelve por resolución N°426 del 30/11/2012 (fs. 457/458) de la Excma. Cámara Civil que revoca la providencia de fs. 386, sin perjuicio de que la reconvención debe entenderse dirigida solo contra la COMUNIDAD INDIGENA DEL NOGALITO. A fs. 434/435 y 443 comparece el letrado José Ignacio Isernia por las codemandadas, constituyendo nuevo domicilio procesal. Sustanciado el planteo de hecho nuevo (fs. 469/475), se rechaza en primera instancia por resolución N°568 del 4/10/2013 (fs. 477) y se admite en segunda instancia por resolución N°246 del 22/5/2014 (fs. 500). A fs. 506/512 se agrega el informe del INAI. A fs. 961 consta informe actuarial sobre las pruebas, dando cuenta que se ofrecieron 5 cuadernos para el actor y 4 para los demandados. A fs. 965/968 se agregan los alegatos del actor y a fs. 970/976 los de las demandadas. A fs. 981 y 987 consta el pago de las planillas fiscales por ambas partes, quedando autos en condiciones de resolver (cfr. dcto. de fs. 989, notificado y firme cfr. notificación de fs.991/992).
CONSIDERANDO En autos la COMUNIDAD promueve acción posesoria de mantener su posesión comunitaria indígena contra MARÍA AGUTINA CARRO, MARÍA BEATRIZ SANTILLÁN y MARÍA FERNANDA SANTILLÁN, sobre el inmueble ubicado sobre la Ruta N°341, Km. 41, frente al camping de Raco, de 476 Ha. de superficie y que según refieren, linda al Norte con Río Grande Lules, al Sur con COMUNIDAD Indígena del Nogalito, al Este con Ruta N° 341 y al Oeste con las Cumbres Mala Mala. Invoca como hecho de turbación, el amparo que las demandadas iniciaron en su contra en el año 2.007. Las demandadas plantean falta de legitimación activa y NATALIA BEATRIZ SANTILLÁN Y FERNANDA SANTILLÁN reconvienen además por reivindicación. Trabado el litigio del modo expuesto, el pronunciamiento incluirá como ejes temáticos el desarrollo de la defensa de falta de legitimación activa en los actores para la promoción de la acción posesoria de mantener la posesión y según su suerte, la procedencia o improcedencia de la pretensión de la COMUNIDAD y la reivindicación opuesta por las demandas. I.- Falta de legitimación activa: la acción posesoria de mantener tiene por objeto resguardar la posesión en plenitud y libertad, contra los actos de turbación efectuados contra la voluntad del poseedor, ejecutados por un tercero y de los que no resulte una exclusión absoluta del poseedor. A ese fin, la legitimación del poseedor se acredita a través de la posesión anual, pública, pacífica, continua y no interrumpida o la posesión actual cuando el turbador no es poseedor anual, con tal que ésta no sea viciosa respecto al demandado (cfr. Camara Civil y Comercial Común, Sala 1, Sentencia N°564 del 23/12/2014 en Paz y Posse Ltda. S.A. vs. López de Alanis Susana Antonia y otra s/acciones posesorias”). La defensa de las demandadas, se basa en que la posesión que invocan los actores no es pacífica, pública, continua, ni interrumpida en los términos del art. 2.495 y ccts. del Código Civil. En la especie, se invoca una posesión comunitaria indígena. En consecuencia, el pronunciamiento deberá considerar la recepción del instituto en nuestro sistema jurídico y en su caso, cuáles son sus elementos constitutivos y si éstos han sido acreditados en la causa. En consonancia con lineamientos históricos, se sabe que los pueblos aborígenes coexistieron en tierras americanas en épocas anteriores a su descubrimiento y que fueron progresivamente desplazados de sus espacios. Su pretensión de reconocimiento de su preexistencia étnica y cultural y de los derechos que como tal invocan, los enfrentó a leyes de origen romano germánico y a un modelo jurídico mono cultural que se revierte recién con el avenimiento del neo constitucionalismo (Altabe, Ricardo; Braunstein, José, y González, Jorge A., “Derechos indígenas en la argentina. Reflexiones sobre conceptos y lineamientos generales contenidos en el art.75 inc. 17 de la Constitución Nacional”, en ED 164-1193). Bajo tal contexto, el tratamiento del tema impone considerar: i) la reforma de la Constitucional Nacional de 1.994 y de la Constitución Provincial de 2.004, ii) los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional y los ratificados por nuestro país, iii) las sentencias de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), iv) las decisiones judiciales nacionales y provinciales que fueron marcando la ruta sobre el derecho a la posesión y propiedad de las comunidades indígenas de acuerdo al art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y iv) el Código Civil y Comercial de la Nación. Constitucionalmente nuestro país reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la personería jurídica a sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan (cfr. arts. 75 inc. 17 y 19 CN y 149 de la CP). Convencionalmente el reconocimiento de los derechos de los pueblos aborígenes es receptado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre: art. 1; art. 7; art. 17, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: arts. 26 y 27 (aprobado por la República Argentina según ley N°23.313), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: art. 3; art. 5 inc. 2 (aprobado por la República Argentina según ley N°23.313). En forma particular, el artículo 13 del “Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo” dispone que los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas y tribales reviste su relación con las tierras y/o territorios y en particular los aspectos colectivos de esa relación. Especifica que el término tierras incluye el concepto de territorio, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. El artículo 14 por su parte, reconoce el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, ordena su determinación así como su efectiva protección y la adopción de medidas para salvaguardar el derecho de estos pueblos a utilizar tierras a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia aunque no estén exclusivamente ocupadas por ellos. Los pronunciamientos de la CIDH y los informes de CIDH, establecen líneas de interpretación de los Tratados Internacionales y en términos generales, marcan la obligación de los Estados Nacionales de ejecutar las prácticas legislativas y/o administrativas y/o judiciales para el cumplimiento de la delimitación, marcación y titulación de tierras ancestrales a favor de las comunidades aborígenes. En cuanto al uso y ocupación territorial indígena han indicado que van más allá del establecimiento de aldeas específicas e incluye tierras que se utilizan para la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, el transporte, la cultura y otros fines (cfr. CIDH, “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales”; CIDH, “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay”, sentencia del 29/3/2006, “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador”, sentencia del 27/6/2012 cit. por C.S.J.N, sentencia del 10/11/2015 en Martínez Pérez, José Luis c. Palma, América y otros s/ medida cautelar s/ casación). En igual modo la jurisprudencia nacional y provincial se orienta al efectivo reconocimiento de los derechos de los indígenas. En cuanto al reconocimiento judicial de la propiedad indígena, algunos tribunales nacionales hicieron su construcción jurídica considerando plenamente operativa la cláusula constitucional del art. 75 inc. 17, aún cuando recurrieron en forma subsidiaria o analógica, a la normas del dominio del Código Civil, además de aplicar la Ley 23.302 (entre otros, Superior Tribunal de la Provincia de Rio Negro, en “CO.DE.CI. de la Provincia de Rio Negro s/Amparo”, sentencia del 16/08/2005; Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial y Minería N° 5 de Bariloche, Pcia. de Río en “Sede, Alfredo y otros c/ Vila, Hermida y otro; s/desalojo”, sentencia del 12/8/2004; Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, con competencia en Familia de la V° Circunscripción Judicial de la Provincia de Neuquén “COMUNIDAD Mapuche Huayquillan c/Brescia Celso y otro s/prescripción adquisitiva”, sentencia del 18/8/2004). La sanción del Código Civil y Comercial de la República Argentina, vigente desde el 1 de agosto de 2015, en su art. 18 dispone que las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad al art. 75 in 17 de la Constitución Nacional. Tal se advierte, la norma apunta al reconocimiento de la propiedad indígena como un nuevo derecho real, con características propias, diferenciado del resto de los derechos reales previsto por el sistema jurídico argentino, dependiendo su régimen concreto de regulaciones especiales (cfr. Ricardo Luis Lorenzetti, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo I, Editorial Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, pág. 83/84 y Alberto Bueres, Código Civil y Comercial de la Nación Analizado, comparado y concordado Comentado, Tomo I, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, pág. 76). En este contexto, adquieren relevancia la ley N°23.302 en tanto reconoce personería a las comunidades indígenas radicadas en el país y la ley N° 26.160 sancionada en el año 2.006 como norma de orden público, prorrogada por ley N°26.894 hasta el 23 de noviembre de 2.017, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica reconocida, ordenando la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras. Como exigencia requiere que la posesión que se invoca sea actual, tradicional, pública y fehacientemente acreditada y compromete al Estado a través del INAI a realizar el relevamiento técnico–jurídico–catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. Sentado lo expuesto, entiendo que la posesión o propiedad comunitaria indígena puede ser analizada desde un punto de vista constitucional o convencional como un derecho humano que tienen los integrantes de las comunidades indígenas a sus tierras ancestrales y desde el punto de vista del derecho civil, como un derecho subjetivo en cabeza de la comunidad indígena que reconoce este derecho especial de propiedad sobre sus tierras. En ambos casos, desde la perspectiva indígena, cabe precisar que la referencia a un territorio ancestral, involucra un espacio habitado por pueblos indígenas o una parte de éstos, con una conformación multidimensional de todos los aspectos que definen a los pueblos indígenas (políticos, económicos, social, cultural y religioso), que se contiene dentro de deslindes, límites y fronteras territoriales, ya sea para distinguirse de otros como para organizar y ordenar el uso, posesión, aprovechamiento y/o usufructo de los espacios dentro de un territorio. Involucra necesariamente aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. En su aspecto político se expresa como jurisdicción territorial, gobernada por un representante de la comunidad, regida por normas y leyes propias. En su aspecto económico es necesario para la reproducción y subsistencia de la comunidad. En su aspecto social se vincula a la población indígena que lo habita, la cual se da una organización para su ocupación, uso y aprovechamiento comunitario de acuerdo a normas, derechos y obligaciones de sus miembros. Es de especial relevancia la organización del espacio en base a las relaciones de parentesco. En su aspecto cultural se involucra la lengua, la cosmovisión de la comunidad y su perspectiva religiosa, especialmente la construcción de lugares sagrados (cfr. Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación, Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, INAI, pág. 26/27 en https://www.desarrollosocial.gob.ar). Siendo así, en el presente caso la suerte de la acción, dependerá básicamente de haberse comprobado que las tierras objeto de protección han sido identificadas como parte del territorio de una comunidad originaria donde ésta ejerza la posesión comunitaria tradicional desde antaño. Al respecto, la COMUNIDAD tiene reconocida su personería por el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) desde el año 2.003 (cfr. resolución 006 del 15/7/2003 fs. 12/14). En su demanda menciona estar integrada por alrededor de 80 familias, mencionando especialmente a María Santos Córdoba, DNI 8.932.029, Adela Mercedes Pérez, DNI 4.646.623, Osvalda Arce, DNI 10.016.250 y Gregorio Bernabé Díaz, DNI 5.096.995. Invoca un censo que habría efectuado el INAI que sin embargo, no ha sido aportado a la causa. A la hora de la identificación de su territorio adquiere relevancia el informe del INAI emitido el 25/9/2014 que fue incorporado a la causa como hecho nuevo (cfr. sentencia del 22/5/2014 la de la Excma. Cámara del Fuero, fs. 500). Lo cito en forma íntegra: refiere que en cumplimiento del precepto constitucional establecido en el art. 75 inc. 17 y de los compromisos internacionales asumidos por la ratificación del Convenio 169 de la OIT (ley 24.071), se sancionó la ley nacional N°26.160, norma de orden público que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas Originarias del país, ordenando la suspensión de cualquier proceso que tienda a su desalojo, además del relevamiento de todas la Comunidades Indígenas existentes en el país, con personería jurídica reconocida. Que el término se extendió hasta el 23 de noviembre de 2.017 por ley N°26.894. Que según el decreto reglamentario N°1.122/07, el INAI tiene la tarea aprobar los programas necesarios para el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades. Que dictó la Resolución N°587 de 2007 que creó el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. Especifica que el procedimiento involucra la reconstrucción del territorio con la participación de la COMUNIDAD y distintas técnicas narrativas y mapeo comunitario, la confección de un croquis aprobado por la COMUNIDAD que se acompaña de un conjunto de tablas donde se vuelcan las características principales de los componentes territoriales. Que en el terreno se localizan los elementos del croquis mediante el sistema de posicionamiento global con la participación de los miembros de la Comunidad. Que tomadas las marcaciones y resguardadas en papel se labran el acta que las avala y sobre la base de las coordenadas se confecciona la cartografía del territorio, agregando toda la información necesaria para que lo miembros de la COMUNIDAD puedan interpretar la cartografía y reconocer su territorio. Indica que la COMUNIDAD está en condiciones de aprobar el mapa una vez logrado un acuerdo de geo-referenciación del territorio y que aprobada la cartografía, se remite al INAI. Refiere que la carpeta técnica es el resultado de la labor, especificando que debe contener en el caso de que la COMUNIDAD ostente ocupación actual, tradicional y pública: el acta de solicitud del relevamiento territorial, los resultados del cuestionamiento socio comunitario indígena, el levantamiento territorial, el informe histórico antropológico, el dictamen jurídico y el informe técnico final. Tal se advierte, el informe solo contiene una descripción del procedimiento previsto por la ley. No contiene ni el cuestionario socio-comunitario, ni el levantamiento territorial, ni el informe histórico-antropológico que fundamente la ocupación actual, tradicional y pública del territorio, ni las estrategias jurídicas correspondientes a la condición dominial que ostente el territorio demarcado tendiente a la efectiva instrumentación del reconocimiento de la posesión. Adelanto que ésta omisión compromete seriamente la suerte de la pretensión de la COMUNIDAD. El resto de prueba me encuentra con declaraciones extrajudiciales, contenidas en escrituras del 30/3/2.003 y del 2/10/2.007 que dan cuenta que Clemencia Lucía Lencina de Cruz manifiesta conocer a Dominga Arce de Pérez, Juan Carlos Pérez, Luis Prudencio Pérez, Juan Guillermo Chaile, Manuel Chaile, Isabel Dominga Pérez, Manuel Antonio Pérez, Claudio Serafín Pérez, Evaristo Maximiliano Pérez, Patricio Timoteo Pérez, María Santos Córdoba de Pérez, padres y abuelos de Manuela Joaquina Pérez, que todos son residentes del Nogalito y que los conoce desde que tiene 5 años. Que en general viven del cultivo. Carlos Alberto Díaz, agrega que todos concurrieron a la Escuela N°222, que las tierras son sucesión de Pérez Solano y que todos los nombrados son hijos y parientes de Pérez Solano. Similar declaración da Patricio Timoteo Pérez y Maximiliano Evaristo Pérez, lo que mencionan la venta de verduras que se hacían a proveedores del Mercado de Abastos (a la vista en original y en copia a fs. 16/21). En igual sentido que Héctor Gerónimo Luna, DNI 7.076.872, manifiesta que tiene la posesión del km. 41 de la ruta 341 de El Nogalito, aproximadamente de 1.990. Que en la ocasión está presente Pedro Benjamín Díaz que admite los dichos como ciertos. Que en el terreno hay una casilla de madera ocupada, chanchos y gallinas. Asimismo que a pocos metros de la vivienda hay varias casas de ladrillo a la vista que -según expresa Díaz- son de la COMUNIDAD (a la vista en original y en copia a fs. 11). Al respecto, acerca del valor probatorio de estas declaraciones, entiendo posible atribuirles un valor meramente indiciario en tanto su forma de producción por fuera del proceso, afecta el principio del debido contradictorio y obstan a que sean consideradas como una prueba testimonial. Hay actas de vacunación a nombre de Adela Mercedes Pérez, correspondiente a los años 1.982, 1.998, 2.002, 2.005, 2.006 y 2.007 (fs. 22/25, 58/60), comprobantes de pago de servicio de energía eléctrica de septiembre 2.008 (fs. 28/29) y recibos de comprobación de renovación de marca de ganado de 1.982, 1.981, 1.984, 1.988, 1.994, 1.997 y 2.000 y declaración jurada de la existencia de ganados del año 2.006 a nombre de Adela Mercedes Pérez (en copia a fs. 92/94 y 99). Estos instrumentos han sido impugnados por las demandadas y ninguno ha sido objeto de reconocimiento en autos (cfr. art. 337 procesal). Las testimoniales han sido producidas a fs. 529/533 por Olga Elena Pérez de 48 años de edad, perteneciente a la COMUNIDAD y Elías Augusto Arnedo de 80 años de edad, quien manifiesta tener interés por parte de la COMINIDAD por cuanto tienen muchos amigos allí. En ambos casos, los testimonios avalan los dichos de los actores y testifican sobre actos de posesión (cultivo, agricultura). Sin perjuicio que las declaraciones no aportan elementos de contundencia, he de hacer lugar a la tacha deducida por las demandadas en tanto se verifican extremos que afectan la imparcialidad de los testigos. En efecto, Olga Elena Pérez ha reconocido ser miembro de la actora y Elías Augusto Arnedo, tener interés manifiesto en el resultado del pleito. En la inspección ocular del 28/3/2011 (fs. 563) consta que es el Cacique Manuel Joaquín Pérez quien indica el inmueble objeto de litis. Da cuenta que previo recorrido de 6 hs. a caballo, de la inspección resulta: que la posesión actual de la parcela en cuestión (476 has) es detentada según lo manifestado por distintos pobladores entrevistados de la zona por la COMUNIDAD. Escribe uno a uno a los entrevistados pero no integra el acta con firma de ninguno de ellos. Agrega que dentro de las 476 has. en la mitad del camino aproximadamente, se encuentra una construcción levantada de barro con techos de chapa, más otro cuarto de iguales características. Que este lugar se denomina puesto, es habitado solamente en verano por el Sr. Cesar Ángel Arce y dos personas más. Que según manifiestan es utilizado para la marcada de animales, hacer queso y sacar leche en carácter de uso colectivo de la comunidad. Que se observan dentro del predio caminos transitados, senderos y huellas de caballos y vacas recientes. También un camino ancestral denominado senda del Río Grande que conecta al denominado la cuchilla desde Mala-Mala al Siambón, cruzando por el Nogalito. Señala que hay animales dentro de la propiedad en litigio (ovejas, bueyes, chanchos, gallinas, caballos y vacas) y que según manifiesta Manuel Joaquín Pérez, son propiedad de la comunidad. Que hay saleros, sembrados de maíz, lechuga, zapallo pertenecientes a la Comunidad. Que no observa signos de posesión de los demandados. Hay leña utilizada por la Comunidad. Hay a lo largo del camino signos religiosos como ser apachetas, piedras sagradas y árboles sagrados. Adjunta fotografías. Sin perjuicio que la prueba fue debidamente notificada a las partes y que solo ha concurrido a su formación, la actora, en su producción deja ver referencia a dichos del Cacique, representante de la parte actora en autos, circunstancia que resta valor acreditativo al medio probatorio y a la concreta realización de los actos posesorios que menciona. En cuanto a la documentación que mencionaron acompañada en autos “Luis Prudencio Pérez y otros vs. Díaz Carlos Alberto y Gustavo Brígido Terán s/ interdicto de detener la posesión”, tramitados ante el Juzgado Civil y Comercial Común VI° Nominación, no ha sido aportada a la causa. Hasta aquí la prueba ofrecida y producida por la COMUNIDAD. Contrarrestándola, he de considerar las confesionales ofrecidas por la parte demandada de Carlos Florencio Arce y Osvalda Arce (fs. 826/835) en tanto miembros de la comunidad y sujetos involucrados en la ocupación. El primero reconoce como cierto que su padre adquirió mediante juicio de prescripción adquisitiva un inmueble ubicado sobre la ruta 342 km 41 que linda al norte con Armando García (hoy propiedad de la familia Carro y Santillán). Que Armando García adquirió mediante prescripción adquisitiva un inmueble compuesto por 476 ha. ubicado sobre la ruta 341 km. 41 frente al camping. Que la propiedad adquirida por su padre no forma parte del territorio indígena declarado por la COMUNIDAD ante en INAI. Que su casa está dentro de la casa de su padre y no dentro de la propiedad de la familia Carro-Santillán. Que su padre inició una acción de amparo a la simple tenencia contra Carro por cuestiones de límites y que perdió. Que Adán Víctor Cruz realizó tareas de limpieza del predio en el inmueble de Carro-Santillán. La segunda en lo pertinente, reconoce los mismos dichos que Arce y agrega que es cierto que miembros de la COMUNIDAD irrumpieron en la propiedad de la familia Carro, echaron a su casero, destruyeron y tiraron a la ruta una casilla. José Fernando Lizárraga no ha comparecido, por lo que en el acto procedo a la agregación del sobre conteniendo el pliego. Sobre el punto he de tener presente que la COMUNIDAD ha deducido la nulidad de las audiencias en tanto los absolventes han declarado no ser miembros de la comunidad. El planteo deviene inadmisible. Adviértase por un lado que en la demanda, la misma actora nombra y reconoce a Osvalda Arce como miembro de la COMUNIDAD y que en ocasión del ofrecimiento de la prueba, los deponentes fueron debidamente identificados por la oferente y la COMUNIDAD no observó la prueba por tal motivo (cfr. constancias de fs. 786/809). De tal suerte, habiendo sido admitido el medio probatorio, el planteo deviene extemporáneo en esta instancia, máxime si por vía de hipótesis considerarámos que las declaraciones hubieran sido favorables a la COMUNIDAD.
De igual modo he de considerar el convenio de tenencia precaria entre María Agustina Carro y Luis Héctor Gerónimo Luna sobre el inmueble Ruta Provincial 341 Km. 62.5 (frente al Camping El Nogalito Dpto. Lules), sellado y certificado 12/10/2007 (fs. 166/167) que no ha sido objeto de impugnación. En cuanto a los recibos por limpieza y desmalezamiento del predio suscriptos por Víctor Cruz por los años 2.005/2.007 (fs. 264/267), avalados por la prueba pericial caligráfica obrante en CPD 4 de fs. 945/956 que tras analizar las firmas en los recibos del 6/12/2.006, 10/1/2.007, 20/1/2.007, 23/6/2.007, 30/6/2.007, 7/7/2.007, 15/7/2.007, 28/7/2.007 concluye en que las firmas pertenecen a la mano caligráfica de Víctor Adán Cruz. Otro tanto merecen las testimoniales de Luis Prudencio Pérez de 62 años, vecino de la zona, agricultor, pariente de la gente de la COMUNIDAD y de Agustina Susana González, de 62 años de edad, vecina de El Nogalito y que no han sido motivo de impugnación. Surge de ellas que la familia Carro tenía la posesión de la propiedad ubicada en el Km 41 de la Ruta 341 y que entre 1991/2003 García estaba en posesión y le vendió a Carro. Que los miembros de la COMUNIDAD no tenían posesión del Km. 41 sino que viven más arriba, lejos de ahí. Que las Sra. Santillán y Carro tenían el predio alambrado, limpio, con una casa y un cuidador. Que le han sacado el alambre y que en 2007 vio la casilla, chapas y demás materiales tirados en la ruta y que se atribuía el hecho a los indígenas. Que antes existía un puesto cerca de donde estaba Tristán Arce, pero que como esa tierra no le correspondía se ha venido abajo. Que sembraban desde hace año pero la gente joven no porque se ha venido a la ciudad. Que los animales están para el otro lado del río, no es esa zona. Que los caminos a las Cuchillas, Senda al Río, a la Casa Vieja de Justiniano Olea están cerrados. Por lo demás obran denuncias por los acontecimientos del 2/8/2007, declaración ampliatoria del 5/8/2007, denuncia del 4/10/2007 de Carro María Agustina (fs. 131/133, debidamente certificadas a fs. 663/665), informe actuarial de fs. 643 que da cuenta que los autos “Arce Carlos Florencia s/ daños intencional, violación de domicilio y usurpación de propiedad están en trámite de investigación penal preparatoria sin haber recaído resolución al día de la fecha, informe actuarial de fs. 646 que da cuenta que “Cruz Víctor Adán y otros s/ usurpación de propiedad”, fue remitido a la Excma. Cámara de Apelación en lo Penal de Instrucción, acciones de amparo a la simple tenencia de cuya compulsa surge la plena coincidencia con los datos aportados por las demandadas en ocasión de su responde. Bajo el plexo probatorio analizado entiendo que en la especie no existen elementos que revelen con un grado de verosimilitud suficiente que las tierras pueden formar parte de la ocupación tradicional de una comunidad indígena. Básicamente no se ha acreditado que el INAI haya relevado las tierras en el marco de la ley N°26.160. Tampoco se han identificado a los integrantes de la COMUNIDAD y de los nombrados no se ha demostrado un lazo material y simbólico con la tierra, desde tiempos remotos, cuando mucho, meros actos de posesión sin fortaleza suficiente en atención a la pretensión de autos. No se han demostrado tradiciones ni celebraciones religiosas. Solo cuento una prueba de inspección ocular que como los sostuve, fue en gran medida guiada por el Cacique de la COMUNIDAD, sin más datos objetivos o directos que muestren actos de posesión comunitaria indígena. En la especie, la COMUNIDAD confronta el derecho de propiedad individual de las demandadas con su propiedad comunitaria. En el primer caso tengo acreditado mediante titulos los antecedentes dominiales y la titularidad sobre un inmueble, determinado por medidas, límites, superficie y ubicacion. En contraposición, la COMUNIDAD solo ha demostrdo su reconocimiento como tal obtenido del RENACI, más no ha acreditado un asentamiento físico en el inmueble en litigio que los vincule a través de principios, creencias, modos de vida, costumbres y tradiciones que hayan creado una comunidad de bienes y de personas. Tampoco han probado la posesión comuntaria de bienes dignos de preservar como tradición especificamente en ese territorio. La ley N°26.160 es contundente, el respeto a los pueblos originarios y la reivindicación de sus derechos a mantenerse en esa situación física y de agrupacion que han venido desarrollando en forma ancestral requiere ineludiblemente de una posesión actual, tradicional, pública y fehacientemente acreditada (cfr. art. 2). Esto involucra no solamente la identificación de la COMUNIDAD indígena, sino el relevamiento social de la organización comunitaria, el relevamiento técnico, jurídico y catastral del territorio comunitario y el relevamiento socio productivo de los recursos naturales. Sirva este precedente para dejar en claro que el complejo de leyes que amparan los derechos de las comunidades originarias requiere a cambio un esfuerzo probatorio de la COMUNIDAD por reflejar de modo acabado, contundente, serio, los elementos que integran el concepto de territorio ancestral. Máxime cuando en situaciones como las de autos, tengo en frente un derecho de dominio reclamado por las demandadas y que a mi juicio, se encuentra suficientemente acreditado. Ese es el sentido con el que he de interpretar las leyes de protección indígena en sus loables fines. De tal manera, entiendo procedente la excepción de falta de legitimación de la COMUNIDAD y en consecuencia rechazo la acción posesoria intentada. II.- En punto a la reivindicación, entiendo que está suficientemente acreditado que Armando Raúl García vendió a Agustina Carro, Nathalia Beatriz Santillán y María Fernanda Santillán un inmueble ubicado en el Departamento de Lules, en El Nogalito, que según plano N°11.555/88 mide 476 has, linda al Norte con Río Grande Lules, al Sur con Tristán Arce, al Este con Ruta N° 341 y al Oeste con Cumbres Mala-Mala y cuya nomenclatura catastral es: padrón N° 78.098, matrícula: 18.780/2, circunscripción II, sección E, manzana o lámina 48, parcela 3 y que como antecedente inmediato reconoce la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, emitida en el proceso “García Raún Armando s/ Prescripción adquisitiva”, cuya hijuela se inscribió en el Registro Inmobiliario en la matrícula F-7.866 (cfr. escritura N°213 del 25/7/2.005 a la vista en original y en copia en autos a fs. 222/224). Que las compradoras han cumplido con el cargo impuesto mediante plano de mensura N° 47.084/06 aprobado por la Dirección General de Catastro 2.005 del 25/7/2.005 y según el cual el la propiedad linda al Norte con Río Grande Lules, al Sur con Primitivo Ibáñez, Rufina Lencina y Diego Sanchez, al Este con Ruta N° 341 y al Oeste con Cumbres Mala-Mala y cuya nomenclatura catastral es: padrón N° 532.225, matrícula: 18.780/2, circunscripción II, sección E, manzana o lámina 48, parcela 3A, inscripto en el registro inmobiliario en la matrícula F-7866 (cfr. escritura N°226 del 29/5/2006 a la vista en original y en copia a fs. 229/230) y que en el registro inmobiliario, la propiedad figura a nombre de éstas (cfr. informes de fs. 675/677). De igual modo tengo acreditados los actos de turbación y desposesión denunciados desde agosto de 2.006 y durante el año 2.007 y que todos fueron contrarrestados mediante una resistencia activa de las demandadas que dieron lugar a cartas documentos, amparos referidos y citados precedentemente con resoluciones favorables a las demandadas en esta causa, denuncias policiales y causas penales: “Cruz Víctor Adán y otro s/ Usurpación de Propiedad”, Expte. 3395/08, Fiscalía 4° Nominación y “Arce Carlos Florencio y otro s/ usupración”, Expte. 28098/07, Fiscalía 9° Nominación. (cfr. fs. 131/133, 663/665, fs. 643, 646 y ccts.). Agrego las confesionales ofrecidas por la parte demandada de Carlos Florencio Arce y Osvalda Arce (fs. 826/835) en tanto miembros de la comunidad y sujetos involucrados en la ocupación, el convenio de tenencia precaria entre María Agustina Carro y Luis Héctor Gerónimo Luna sobre el inmueble Ruta Provincial 341 Km. 62.5 (frente al Camping El Nogalito Dpto. Lules), sellado y certificado 12/10/2007 (fs. 166/167), los recibos por limpieza y desmalezamiento del predio suscriptos por Víctor Cruz por los años 2.005/2.007 (fs. 264/267), las testimoniales de Luis Prudencio Pérez de 62 años y Agustina Susana González, de 62 años de edad, vecinos de El Nogalito y que no han sido motivo de impugnación. En ese marco, estimo suficientes los argumentos para hacer lugar a la acción de reivindicación del inmueble en cuestión, en tanto se encuentra acreditado el dominio de las demandadas y que éstas han sido desposeídas. III.- Atento al resultado arribado, las costas se imponen a la actora, por el principio objetivo de la derrota (cfr. art. 104 y 105 procesal).
Por ello,
RESUELVO: I.- NO HACER LUGAR a la acción posesoria de mantener intentada por la COMUNIDAD INDÍGENA EL NOGALITO contra MARÍA AGUTINA CARRO, MARÍA BEATRIZ SANTILLÁN y MARÍA FERNANDA SANTILLÁN, por lo considerado. En consecuencia, absuelvo a las demandados de la presente acción. II.- HACER LUGAR a la acción de reivindicación intentada por MARÍA BEATRIZ SANTILLÁN y MARÍA FERNANDA SANTILLÁN, contra COMUNIDAD INDIGENA DEL NOGALITO, por lo considerado. En consecuencia condeno a ésta y a todos los que la conformen y se encuentren ocupando o pretendan ocupar el inmueble propiedad de las reconvinientes, a desocuparlo y dejarlo libre de todo ocupante y ocupacion y abstenerse de hacerlo en el futuro, en el plazo de diez dias de ejecutoriada la presente; bajo apercibimiento de producir el desausio, con auxilio de la fuerza publica, allanamiento de domicilio y habilitacion de días y horas, en caso de ser necesario. III.- COSTAS como se consideran IV.- HONORARIOS oportunamente. HAGASE SABER.IM3512/08
Nilda Graciela Dalla Fontana Juez Civil y Comercial Común VII° Nom.

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