La Minería a cielo abierto, es hoy en día unos de los temas más problemáticos en muchas zonas de Argentina. Pocas personas le relacionan con el movimiento indígena.
Es nuestro interés hacer un llamado de atención a los habitantes de nuestra patria.
Muchos hablan de la ley 26160, no así de la ley 23302; la que en su artículo 7º dice: “Disponer la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario en las zonas próximas más aptas para su desarrollo. La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes; podrá hacerse también en propiedad individual, a favor de indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares. La autoridad de aplicación atenderá también a la entrega de títulos definitivos a quienes los tengan precarios o provisorios”.
En su artículo 10º repite: “Las tierras adjudicadas deberán destinarse a la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especialidades, sin perjuicio de otras actividades simultáneas…”
¿No llama la atención que la ley 23302 haga referencia a la Minería?. Es claro que una vez adjudicada las tierras, las supuestas comunidades, tienen el derecho de negociar cualquier emprendimiento minero. ¿Quién se opondrá si así lo hacen?.
Algunos pueden pensar que exageramos al decir esto. No es así.
Recordamos que el 9 de abril del 2012 en la reunión del Consejo Superior de la UNT distintas agrupaciones estudiantiles de las facultades de Derecho, Ciencias Económicas, Filosofía y Letras, agrupaciones sociales y ambientalistas hicieron oír su voz mientras sesionaba el Consejo Superior. Exigieron la ruptura del vínculo entre la casa de altos estudios y Minera Alumbrera, por la contaminación que genera y las presuntas irregularidades cometidas con los fondos provenientes de la actividad (más de 500 millones de pesos). Un matutino incluyó a Andhes como participante en esta jornada de protesta, lo que generó una corrección en su posterior edición: “Por un error involuntario de tipeo, nuestro diario consignó en su edición de ayer que la organización ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) participó en la organización de la marcha al Rectorado para pedir la ruptura del vínculo entre la UNT y Minera Alumbrera. En realidad, EL SIGLO quiso referirse a ALDE (Agrupación de Lucha por los Derechos Estudiantiles), que sí se plegó activamente a la movilización. La titular de ANDHES, Josefina Doz Costas, dijo a este matutino que la entidad a su cargo “no está vinculada de ninguna manera” con el plan de lucha iniciado para exigir la ruptura del vínculo UNT-Minera Alumbrera. (El Siglo, 10 de abril de 2012: “Protestaron frente al Rectorado y advirtieron que “La UNT es cómplice del saqueo minero”)
La titular de ANDHES Josefina Doz Costa, fue clara al decir que su institución no está vinculada al pedido de ruptura del vínculo de la UNT y la Minera Alumbrera. Ella responde a otros intereses. ¿Cuáles?.
El 16 de abril de 2012 llegó a El Nogalito un camión contratado en Santa María, Catamarca por la Mina Bajo la Alumbrera. Para mal del conductor, se perdió en la zona y debió ser ayudado por algunos vecinos, quienes al preguntar por el destino y la procedencia, se enteraron que era para el Sr. Joaquín Pérez (supuesto cacique lule) y que era una donación de la Minera Alumbrera, en materiales de construcción para la supuesta comunidad aborigen. La carga estaba compuesta de aproximadamente 3000 ladrillos huecos, 50 bolsas de cemento, 60 chapas de 1x 6 m, bolsas de cal, hierros, correas y otros materiales de construcción. La carga fue bajada en la ruta 341 frente al camping e introducida a una propiedad privada, usurpada al Ministerio Público el 25 de Setiembre del 2009, por esta supuesta comunidad aborigen, asesorada por los abogados Darío Abdala, Daniel Carlorosi y otros pertenecientes a ANDHES. Los abogados de Andhes son sus abogados patrocinantes en más de las 38 causas penales y cobran por sus servicios jurídicos al INAI (ver nuestro artículo: “Con nuestros impuestos le pagan para que asesoren a quienes nos usurpan, amenazan y queman nuestras casas”).
¿Qué hacía una donación de la minera Alumbrera en el Nogalito? ¿Por qué no le interesa a ANDHES la ruptura del vínculo de la UNT con la Minera Alumbrera? Posiblemente sea porque arriba de El Nogalito se encuentra la mina El Alizal. Según un informe publicado por la Fundación Greenpeace en el mes de marzo del año 2003, en la Campaña de Tóxicos de Greenspace Argentina, figura en nuestra provincia la mina con los siguientes datos: “Nombre: El Alizal, Proyecto Mineral: Oro, Cobre, Empresa/Origen: Paramount Ventures and Finance Inc.(Canadá), Provincia: Tucumán, Estado de avance del Proyecto: Exploración”.
Otros informes respecto a los minerales metalíferos en la provincia de Tucumán destacan el interesante proyecto denominado El Alisal, de cobre-oro, situado en las Cumbres Calchaquíes, en la sierra de Aconquija. “Se trata de un prospecto de tipo pórfido cuprífero, con mineralización diseminada, en venillas y brechas, con anomalías geoquímicas de superficie entre 100 y 200 ppb Au y entre 400 y 800 ppb de Cu”. Esta mina se encuentra ubicada arriba en El Nogalito, en la Estancia del Mala Mala. Su ubicación es a 27 km. al oeste de la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 2600m.s.n.m., en el departamento de Lules. El área del proyecto tiene 1200 hectáreas y es fácilmente accesible. Se sitúa en la misma faja estructural del «Bajo de la Alumbrera», «Agua Rica», «Baja Chica» y «El Durazno». Durante el año 1997, la zona se mantuvo en litigio, conforme a posiciones contradictorias respectos de los derechos mineros. A fin de 1997 la Dirección de Minería de Tucumán otorgó la concesión de la propiedad a Paramount. Durante el año 1998 se realizó un mapeo geológico, muestreo y geoquímica de suelos, sedimentos de corriente y estudios geofísicos.
“Hecha la ley, hecha la trampa” afirma una expresión popular. Hecha la ley 23302, queda abierta la explotación minera a criterio de las comunidades. Por eso hay tantos intereses sobre tierras concretas, que pretenden denominar como “tierras aborígenes”. Tierras que por ser propiedades privadas están sufriendo continuas usurpaciones.
Saque sus propias conclusiones.
