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Pueblo Originario | April 29, 2017

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Manifiesto de la Familia Arce y sus allegados (Nogalito – Tucumán)

Manifiesto de la Familia Arce y sus allegados (Nogalito – Tucumán)

Nosotros, los abajo firmantes, en pleno ejercicio de nuestra libertad y sin presión alguna de personas ajenas a nuestras familias y por nuestra propia voluntad decimos:

1 – Nos adherimos y confirmamos la veracidad de lo escrito en:

1. Petitorios Comunidad de Vecinos y Propietarios del Nogalito – Lules, con fecha 24 de Noviembre de 2007 con 75 firmas.
2. Petitorios Comunidad de Vecinos y Propietarios del Nogalito – Lules, de fecha de 10 de Marzo de 2008 con 111 firmas.
3. El Manifiesto de las Comunidades Vecinales de Tucumán, afectadas por las supuestas Comunidades Aborígenes, de fecha de 6 de Junio de 2011.
a. Comunidad de Vecinos y Propietarios del Nogalito – Lules con 139 firmas.
b. Comunidad de Vecinos y Propietarios de Colalao del Valle con 111 firmas.
c. Comunidad de Vecinos y Propietarios de Potrero Trancas con 43 firmas.
d. Comunidad de Vecinos y Propietarios de Riarte (Rearte Sur – Tranca) de fecha 12 de Julio de 2011, con 26 firmas.

2 – Declaramos
– Que hemos renunciado a la falsa comunidad indígena del Nogalito, a la cual nos adscribimos bajo engaños, extorsiones y amenazas.
– Que varios años atrás nos invitaron a formar parte de la falsa comunidad y decidimos hacerlo, ya que nos decía el sr. Manuel Joaquín Pérez (DNI 22.534.924), sus familiares y sus abogados, que todos nosotros descendíamos de pueblos originarios; que teníamos que recuperar las tierras que nos estaban robando y que el gobierno nos ayudaría con dinero para nuestras necesidades, como lo estaban haciendo con otras comunidades indígenas. Accedimos a tal pedido, aunque no teníamos la conciencia de que nuestros ancestros fueran indígenas entonces creímos en sus palabras, y por la pobreza en la que vivimos.
– Que la falsa dirigencia conducida por sr. Manuel Joaquín Pérez, el sr. Simón Honorio Pérez (DNI 18.255.509), la sra. Margarita Hortensia Mamani (DNI 16.199.956) y sus familiares, iniciaron en el año 2007 un accionar ilícito en forma compulsiva con turbaciones y daños a las propiedades de los vecinos legítimos poseedores llegando hasta la quema de una casa, con falsas denuncias, hostigamientos, amenazas de muerte etc., y con las amenazas veladas hacia nosotros de que si nos oponíamos a estos hechos vandálicos también nos iban a turbar las posesiones de nuestras propiedades.
– Que hace más de dos años llegó a nuestras manos documentaciones certificadas, donde descubrimos la verdad que nuestros verdaderos ancestros fueron criollos, descendientes de españoles. Descubrimos que muchos de nosotros descendemos de Don Mateo Cruz, quien compró la estancia del Nogalito el 30 de Junio de 1849, y que vivió en el actual centro de San Miguel de Tucumán. Al conocer nuestro verdadero árbol genealógico, el deslinde judicial de 1905 y la reposición de los mojones en 1945, realizados por nuestros antepasados, descubrimos que nadie nos quería quitar las tierras y que no éramos indígenas. Nos dimos cuenta que nos estaban usando para obtener beneficios económicos y quedarse con las tierras del Nogalito o las que les diera el gobierno.
– Que después de haberse descubierto los engaños y las mentiras que nos decían; los intereses que manejan quienes dirigen a la falsa comunidad indígena y sus respectivos abogados de Fundación ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), los abogados Alfredo Eduardo Nieva (DNI 21.333.041) de Amaicha del Valle y Carlos Mauricio Garmendia (DNI 23.117.211, M.P. 4789), y no queriendo ser cómplices de tantas mentiras y violencias, manifestamos que reafirmamos los dos Petitorios de los vecinos del Nogalito y los 21 puntos del Manifiesto de las Comunidades Vecinales de Tucuman, afectadas por las supuestas Comunidades Aborígenes. Remarcamos el punto 8 del Manifiesto, donde se afirma que: “No conocemos, ni reconocemos además, ninguna documentación fehaciente que acredite la posesión de las tierras que ellos reclaman. No existió, no existe en nuestra tradición: cacique ni cacicazgo hereditario, “posesión comunitaria”, caminos ancestrales, apachetas, aguadas, ni lengua Quichua, ni culto a la Pachamama. Todo lo que ahora se menciona como tal, es un invento de estas personas. Nuestras raíces son cristianas y nos fueron transmitidas de generación en generación”.
– Que denunciamos, porque lo hemos vivido personalmente, que el 25 de Setiembre de 2009 la sra. Margarita Hortensia Mamani comenzó a enseñarnos, con las piedras traídas del rio y posterior amontonamiento, que a ese “montículo de piedras” se le llama apacheta y sobre el cual se debía rendir culto a la pachamama. “Rito” que ella realizaba y nos enseñaba, ya que nunca lo habíamos aprendido ni escuchado de nuestros antepasados. Denunciamos que en nuestras tierras ni en el Nogalito, no existen “apachetas rituales” que han perdurado en el tiempo como quieren hacer creer a los demás, sino piedras que en los últimos años se amontonaron para tal fin.
– Que los caminos ancestrales no existieron, ni existen en el Nogalito; son solo senderos abiertos por el ganado cuando sube o baja en busca de las pasturas y que en época de las lluvias, se producen los desmoronamientos, por lo cual los animales abren nuevos caminos.
– Que no existen tierras comunitarias, como pretenden hacer creer quienes dirigen la falsa comunidad indígena, a los legisladores, políticos, periodistas y otras personas. Todas las plantaciones que existen, están en lotes de las propiedades privadas y las producciones obtenidas tienen sus propios dueños, que no son indígenas, ni pertenecen a ninguna falsa comunidad indígena.
– Que no existen aguadas, los animales beben agua en la ribera del río Grande o del río Duraznillo, o en las vertientes que se encuentran dentro las propiedades privadas.
– Que nosotros también nos oponemos a la ley 26.160 y al relevamiento territorial como lo denuncia el Manifiesto de las Comunidades Vecinales de Tucumán, afectadas por las supuestas Comunidades Aborígenes, en su punto 14: “Es INCONSTITUCIONAL, el relevamiento catastral según ley 26160, por convenio entre la Universidad Nacional de Tucumán y el INAI, ya que avasalla nuestras propiedades privadas. Todas las tierras son PRIVADAS, por lo tanto se imposibilita se realice el relevamiento previsto por la ley; sin embargo el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), con el apoyo de gendarmería, avasallo nuestro derecho constitucional, entrando en nuestras propiedades privadas sin nuestra autorización”. Esas mismas propiedades privadas, allí mencionadas, son las que el Sr. Manuel Joaquín Pérez nos quería quitar, con el engaño de que seguirían siendo nuestras, aunque fueran comunitarias.
– Que por haber estados allí presente, ratificamos que durante los días 11 al 14 de septiembre de 2010, personas que pertenecían al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) presidida por el Dr. Daniel Ricardo Fernández (DNI 8.623.583), y del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.CI) a cargo del Dr. Carmelo Antonio Dell Elce (DNI 16.490.710), director de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.CI), se hicieron presentes en el Nogalito, ingresando sin autorización y sin consentimiento a las propiedades; violando de ese modo el derecho constitucional a la inviolabilidad de la propiedad privada (art. 17 CN), con el pretexto de hacer el relevamiento territorial. Esos días, se apersonaron en las propiedades del Nogalito, acompañados increíblemente por personal del Escuadrón 55 Tucumán de Gendarmería Nacional, bajo las órdenes del Alférez Maximiliano Markiewicz, en una manifiesto abuso de autoridad [en una camioneta blanca Nissan de Vialidad de la Nación y dos automóviles, uno de marca Peugeot, modelo 206, dominio EJZ443 de propiedad del Sr. Jesús Sebastián Cruz (a) Pascual (DNI 18.091.634), y el otro de color gris marca Renault, modelo Megane, dominio GZX603] y entraron sin autorización a los inmuebles, algunos incluso a caballo, a pie, y recorrieron todas las propiedades, sin autorizaciones y sin consentimientos algunos con GPS. Ellos son:
Los abogados de la Fundación ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) Daniel Carlorosi (DNI 23.517.039, M.P. 5095 – Lº – K – Fº 582), Carlos Gustavo Paliza (DNI 29.190.306, M.P. 6847 – Lº – M – Fº 344), la srta Milay Correa (DNI 35.199.825), la abogada Jorgelina Fontdevila (a) Coque (DNI 29.666.534).
Los funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sr. Federico Agustin Casinelli (DNI 27.084.665), coordinador general del Equipo Técnico Operativo (ETO), el sr. Martín Andrade en su carácter de responsable de la coordinación, supervisión de Región del NOA del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.CI) y el C.P.N. Jorge Daniel Aimaro (DNI 16.617.652) representante Regional del INAI, el sr. José Rafael Díaz (DNI 17.777.426) actual delegado comunal de Colalao del Valle, funcionario del INAI, el profesor Eduardo Tritten (a) Edu, coordinador auxiliar de la Región NOA, el sr. José Ramos Técnico Territorial del INAI, el sr. Mariano García, el sr. Delfín Rosendo Gerónimo (DNI 12.750.161) funcionario del INAI.
Los docentes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) la lic. Patricia Elena Arenas (DNI 6.726.767), el lic. Víctor Hugo Ataliva (DNI 22.336.204) acompañados por los ingenieros agrimensores Carlos Alberto Giobellina (DNI 12.318.516) y Martín Yanicelli (DNI 26.028.467) de la ciudad de Trancas entre otros. El sr. Felipe Antonio Caro (DNI 14.012.116) promotor del relevamiento territorial del INAI, el sr. Santiago Lindor Mamani (14.733.689) del Consejo de Participación Indígena (CPI), el sr Antonio Cruz (a) Toni, el sr. Alberto Antonio Romano (DNI 14.252.638) (a) Millón de Mala Mala, el sr. David Hernando Sánchez (DNI 28.291.433) de Trancas, Además participaron el sr. Manuel Joaquín Pérez domiciliado en Villa Mariano Moreno, calle Nº 21 Nº 439, el sr. Simón Honorio Pérez domiciliado en Colonia 4 de San Pablo, Dpto de Lules, la sra. Margarita Hortensia Mamaní domiciliada en calle Florida 537 de San Miguel de Tucumán, con domicilio legal en localidad El Mollar, Dpto de Tafí del Valle y que no pertenece a nuestra localidad; por el Nogalito participaron el sr. Carlos Antonio Lizárraga (DNI 10.014.634), el sr. Carlos Alberto Díaz (a) Morocho (DNI 8.510.954), la sra. Adela Mercedes Pérez de Díaz (4.646.623), el Sr. Daniel Ernesto Díaz (DNI 33.436.962), el Sr. Patricio Timoteo Pérez (a) Pachi (DNI 12.019.447), el sr. Nelson Francisco Pérez (a) Pancho (DNI 36.690.963), el sr. Maximiliano Evaristo Pérez (a) Chichi (DNI 17.077.770), el sr. Claudio Damián Lencina (DNI 25.318.732), Jesús Sebastián Cruz (a) Pascual (DNI 18.091.634), el sr. Agustín Patricio Lizárraga (a) Agucho (DNI 14.882.866), la sra. Irma del Carmen Díaz (DNI 14.882.935) y otros miembros de la autodenominada falsa comunidad aborigen.
– Que apoyamos a nuestros vecinos del Nogalito, que el 30 de Setiembre 2010, enviaron cartas documentos al Dr. Daniel Ricardo Fernández (DNI 8.623.583) presidente del INAI ( Nº CD 04901596 9, Nº CD056849518, Nº CD 064829002, CD 009844619, Nº CD 940222708, Nº CD056847313 entre otras), denunciando las violaciones a sus derechos a la propiedad privada por personas pertenecientes a dicha entidad. Sabemos que los vecinos recibieron unas notas fechadas en Buenos Aires con salida el día 1/11/2010, donde se le informó que “el abordaje del relevamiento en la comunidad del Nogalito fue realizado a derecho y con la metodología establecida en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.CI)” (sic).
– Que rechazamos la respuesta del presidente del INAI, el Dr. Daniel Ricardo Fernández a nuestros vecinos, porque en nombre de un “derecho”, ha vulnerado todos los demás derechos constitucionales. Es claro que él es cómplice de estos atropellos y de los atropellos que hemos vivido como familias, ya que sabemos que él posee conocimiento de las denuncias que vienen realizando nuestros vecinos por el accionar violento que están sufriendo. Es claro que él sabía que entraba en propiedades privadas, pero no le importó.
– Que por haber sido obligados a participar los días 11 al 14 de septiembre de 2010 en forma compulsiva, en contra de nuestra voluntad; nosotros nos adherimos a nuestros vecinos del Nogalito como víctimas del INAI, al reclamo que han realizado en la Justicia Federal de Tucumán. Los ingresos debieron hacerse con las autorizaciones de los propietarios y en caso de negativas con la debida ordenes judiciales. Tenemos que recordar que el estado de derecho en la Argentina se sustenta en el respeto irrestricto de todos los habitantes sin distinción de nacionalidad, sexo, religión, ideología, origen étnico, etc. Una interpretación contraria de la ley 26160, la convierte en ilegal e inconstitucional. No puede una norma de inferior jerarquía contrariar las garantías del art. 14 y 17 de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional que tutelan la propiedad.
– Que por la experiencia de estos años y el evidente quiebre social que está generando un cierto odio racial entre los más chicos y jóvenes, vemos oportuno reafirmar el punto 17 del Manifiesto de las Comunidades Vecinales de Tucumán, afectadas por las supuestas comunidades aborígenes, el cual afirma: “Denunciamos a las personas, funcionarios públicos, abogados y entidades que alientan a no respetar nuestra Constitución Argentina en su totalidad, especialmente la Fundación Andhes (Dr. Darío Abdala, Dr. Daniel Carlorosi, Dra. Valentina García Salemi, Dr. Carlos Gustavo Paliza etc.), generando un “Odio Racial”, “con un evidente quiebre social” que está poniendo en peligro la “Paz Social” de nuestras tierras, con el fin de lograr intereses personales, distintos del Bien Común”. “Odio racial” que aumenta cada día, ya que estos individuos están ideologizando a nuestros niños y jóvenes en la propia Escuela Provincial Nº 222. Allí les engañan enseñando ritos sobre la pachamama y costumbres que nunca nuestras familias han poseído. Quieren enseñar una lengua que nunca hemos poseído. Quieren transmitir una historia que no es la nuestra.

3 – Aclaramos:
Ahora que nos hemos quitado las vendas de los ojos y descubierto la verdad y los engaños en los que estábamos envueltos; es nuestro objetivo y voluntad, de todos los abajo firmantes, de colaborar con los vecinos y propietarios del Nogalito en su lucha contra la falsa comunidad indígena Lule y sacar a luz, el mundo de mentiras; que llegó incluso en noviembre de 2012 a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con falsas denuncias de la mano del falso “cacique” Manuel Joaquín Pérez en complicidad con Margarita Hortensia Mamaní, Ángel José Pérez (DNI 39.142.491) y los abogados de la Fundación ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) la directora ejecutiva lic. Josefina Doz Costa (DNI 28.223.089) y Darío Esteban Abdala (DNI 24.986.498, M.P. 5024) y otros.

Con la plena conciencia de lo que hacemos y sabiéndonos personas libres, sin presión alguna, firmamos en conformidad, ratificando todo lo escrito en este manifiesto.

A los 16 días del mes de Mayo del año 2014 en el Nogalito, Departamento de Lules, Provincia de Tucumán, República Argentina.

(acompañan 20 firmas)

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