Román Ríos es un agricultor que toda su vida trabajó para el estado. Tiene su casa en la localidad de Gonzalo, Dpto. de Trancas, Tucumán. Allí vive con su mujer y ahora jubilado, se dedica al campo, cría caballos, vacas y siembra en los cercos que arrienda al propietario del lugar desde hace muchos años, con quien tuvo siempre muy buena relación, basada en la confianza. Tanto es así que, entre otras cosas, el propie-tario cuando pusieron agua corriente para su casa, lo primero que hizo es hacer que le conecten a Román la cañería para que se le suministre a él también y en otra oportunidad, cuando recién llegó la electricidad a la zona, el propietario hizo que paralelamente a la conexión de su casa, también le conectaran a Román. Así pasó el tiempo, en forma tranquila, hasta que un buen día Román Ríos, incentivado por personas pertenecientes a una comunidad indígena inventada en la zona que es asesorada por personas que integran grupos de derechos humanos, lo empezaron a invitar a las reuniones periódicas. En estas reuniones lo ideologizaron y le crearon un gran resentimiento en contra del propietario, por el solo hecho de ser tal. De un día para el otro Román Ríos cambió. Empezó por ser parte en una usurparon en contra del propietario que, si bien él no quedó como imputado, los cabecillas Jorge González y Rufino Morales, quedaron sindicados como autores materiales del hecho delictivo, y actualmente la causa está siendo elevada a juicio oral para su juzgamiento. Posteriormente y en forma sorpresiva, con una frialdad absoluta, Román Ríos se autoproclamó dueño de los cercos que arrendaba, lo que motivó que el propietario, con gran pesar y agotando todos los medios para llegar a un acuerdo, le inicie un juicio de desalojo. Esta situación de pelea, violencia y desalojo es la que estaba siendo fogoneado y buscado por los miembros de la comunidad indígena y sus asesores, sobre todo abogados. Es que sin esto, sin conflicto, sin una “víctima” inventada, ellos no pueden cobrar ni justificar sus gastos. Ahora, con este desalojo, los organismos de derechos humanos y la comunidad indígena del pueblo de tolombón piden a gritos desesperados donaciones para que no lo desalojen al ingrato de Román Ríos, cuando fueron ellos mismos que incentivaron y crearon, hipócritamente, esa terrible situación. Obviamente que el dinero que recauden no va a ir para Román Ríos, que prefirió cambiar una vida de tranquilidad por otra envuelta en causas judiciales, papeles y reuniones ideológicas obligatorias. La mayoría de este dinero se perderá en los bolsillos de los abogados y administrativos de derechos humanos, y el resto, lo poco que quede, se repartirá entre el cacique de la comunidad indígena de tolombón y sus amigos. Este no es un hecho aislado, esta terrible metodología se repite una y otra vez, y hasta que el estado y la sociedad no tomen conciencia de lo perjudicial que resulta esta forma de actuar, jamás se va a poder llegar a una convivencia pacífica en pueblo argentino.-
