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Pueblo Originario | December 16, 2017

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Hartazgo en los valles por el nuevo clientelismo

Hartazgo en los valles por el nuevo clientelismo

Comunidades autodeterminadas como aborígenes alteran la vida.
Adriana Bonifacio es la apoderada general de Pueblo Viejo, en La Poma. La finca pertenece a su padre, Juan Francisco Bonifacio, y su familia reside y trabaja allí desde 1942, dedicada a la agricultura y a la producción de quesos, actividad que se suspendió desde que unos parientes dejaron de pagar el arriendo que habían acordado con la abuela.
Lo mismo sucedió con el proyecto de plantar nogales. Fue en 2007, poco después de sancionada la ley 26.160, cuando los parientes, de apellido Casimiro y Quipildor, se “descubrieron” miembros de la Unión de Diaguitas y Calchaquíes y se declararon propietarios ancestrales de dos hectáreas de ese predio. Las dos familias intentaron un acuerdo para evitar el juicio, pero finalmente los ocupantes no quisieron firmar.
La comunidad diaguita calchaquí -una alianza de la que no hay registros ancestrales- tiene como cacique desde 2006 a Armando Salva, familiar de Telmo y Luisa Salva, una dinastía peronista de La Poma instituida por don Ricardo Salva, abuelo de Armando, de quien los vecinos recuerdan que llegó desde Bolivia.
Los testimonios le atribuyen a Armando rasgos despóticos que le generaron comentados conflictos, como cuando ocupó la casa de Candelaria Guzmán y, cuando esta le reclamó, le propuso como solución vendérsela; el vendedor sería el ocupante y la compradora, la propietaria legal.
Como dato de la sobreactuación de la condición indígena, son recordadas las exhibiciones que exigieron a un empleado de la familia Salva para que se vistiera con un atuendo supuestamente ancestral, con plumas y taparrabos, para testimoniar la pureza del linaje.
“La familia Salva controla todo, desde la entrega de viviendas que realiza el Estado nacional y ellos usan para la campaña, aunque las entreguen con 4 años de atraso y sin servicios, hasta las autoridades de mesa en las elecciones. Y si alguien decide salir de su camarilla política, lo amenazan con sacarle la vivienda”, relata Adriana Bonifacio.
En tanto, la tensión de la ocupación y los reclamos tuvo un final cercano a la tragedia: Roberto Bonifacio, hermano de Adriana, sufrió en 2013 una brutal paliza que lo dejó 21 días en coma. La familia lo atribuye exclusivamente al conflicto.
Roberto Bonifacio encabeza la lista de una veintena de vecinos de Pueblo Viejo que el 19 de julio manifestaron su voluntad de que “se deje sin efecto la supuesta Comunidad Aborigen Unión Diaguitas Calchaquíes”, y señalan que esta entidad surgió “como una propuesta del sr. Armando Rolando Salva a fin de poder cobrar los fondos que la Nación destinaba a comunidades aborígenes”.
Los vecinos, que habitan la región desde hace mucho, señalan que “dichas comunidades aborígenes han desaparecido de la zona hace ya muchísimos años, no surgiendo de la memoria de ningún habitante de este pueblo la existencia actual de algún descendiente directo de algún cacique, o inclusive de algún miembro de alguna comunidad aborigen”.
El escrito hace referencia a que “hay reminiscencias de antiguas comunidades” pero señala que los aborígenes se han ido mezclando con “los inmigrantes que se asentaron ancestralmente en este pueblo”.
Los firmantes informan que se inscribieron como miembros de la comunidad porque el cacique prometió que la Nación les otorgaría tierras y viviendas.
“La Comunidad Aborigen Unión Diaguitas Calchaquíes no es una comunidad de pueblos originarios sino de miembros de la comunidad de La Poma”, añaden, y destacan que no encuadra con “la forma en que la ley de los aborígenes fue concebida” y que “ninguno de ellos revista el carácter de descendiente directo de aborígenes”.
Ese mismo día, por carta documento, Margarita Graciela Colque renunció “en forma voluntaria e irrevocable” a la comunidad Unión Diaguita Calchaquí con sede en Finca El Rodeo, y se declaró “engañada y defraudada”. Su cuestionamiento va dirigido al cacique Salva, “en relación con la ocupación ilegal en los Valles Calchaquíes de propiedades de particulares en donde nunca antes hubo posesión ni ocupación de pueblos originarios”.
“Fui engañada e inducida a mentir respecto de mi condición de originario y comunero”, afirma el texto de Margarita Colque, dirigido a la comunidad, al Ippis y al INAI.
Un conflicto tras otro en Quebrada del Toro
María Julia Quipildor Corbalán es abogada. Representa a la octava generación de la familia, propietaria de una finca en Quebrada del Toro, en la zona de El Mollar, El Alisal, El Candado e Incamayo. Son descendientes de la familia Serapio Quipildor, instalada allí desde 1870, cuando llegó Eugenio Serapio. En casi siglo y medio ninguna comunidad local se identificaba como indígena. Sin embargo, un grupo de pastajeros de la familia Farfán en 2009 resolvió dejar de pagar el pastaje y, más adelante, al fracasar un intento de quedarse con veinte hectáreas en El Alisal, por la vía de la posesión veinteañal, invocando la ley 26.160, se autodeterminaron como “alisos”, de la etnia tastil y aspiran a quedarse con el predio.
La comunidad Los Alisos, según María Quipildor, no tiene personería sino “un estatuto aprobado en medio de un piquete”. “La ley habla de posesión ancestral y los Farfán vinieron de otra parte; son de Las Arcas. Dicen tener un antigal, pero no es cierto. Nuestra familia tiene un cementerio en el lugar”.
Los Alisos de Quebrada del Toro, en el departamento de Rosario de Lerma, no tienen un “pul of” como el de los supuestos mapuches que ocupan las tierras de Chushamen, en Chubut, pero generan situaciones complejas. En nombre del ecosistema impiden que los legítimos propietarios de El Alisal realicen obras pero cobran canon locativo a una empresa, Pigüé SA, contra la que la familia Quipildor planteó ahora un juicio de desalojo. El juez civil Gabriel Chibán suspendió la acción judicial. “La ley 26.160 suspende las ejecuciones, cuando hay sentencia; el juez suspendió el juicio, sin permitirnos producir pruebas, y sin sentencia”, señala la abogada.
La convivencia es violenta. A los avances sobre las propiedades se suma el robo de ganado, los impedimentos para realizar obras, la alteración de la actividad. Pero también hay agresiones personales. En El Mollar, una familia de apellido Reyes se quiso instalar; un familiar de los Quipildor les exigió que se retiraran y resultó herido. “En la comisaría de Quijano ni siquiera recibieron la denuncia”, relata María Quipildor.

http://www.eltribuno.info/salta/nota/2017-9-17-0-0-0-hartazgo-en-los-valles-por-el-nuevo-clientelismo

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