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Pueblo Originario | February 22, 2017

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Fundación ANDHES y sus verdades mentirosas

Fundación ANDHES y sus verdades mentirosas

Si en algo se especializan los abogados de la Fundación ANDHES de Tucumán, es dar vuelta un hecho a su favor, por medio de un relato falso. Con astucia, “viveza criolla”, estos abogados que reciben dinero por servicios jurídicos del estado argentino, a través de Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) presidido por el Dr. Daniel Ricardo Fernández, para asesorar a las falsas comunidades indígenas de Tucumán, presenten los hechos como verdaderos, cuando en realidad son totalmente falsos. Y eso que reciben sueldos con el dinero que pagamos todos los argentinos con nuestros impuestos. Damos un ejemplo de todo lo expresado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  decía:

 

 

“MC 347.09 – integrantes de la Comunidad El Nogalito (Pueblo Lule), ubicados en la Provincia de Tucumán, Argentina
El 27 de diciembre de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de la comunidad El Nogalito (Pueblo Lule) de la Provincia de Tucumán en Argentina. Conforme a la información aportada por los solicitantes, el 11 de noviembre de 2012 se habrían producido hechos de violencia por parte de terceros interesados en el territorio ocupado históricamente por la Comunidad Indígena El Nogalito del Pueblo Lule, en la Provincia de Tucumán. En particular, la información recibida indica que particulares habrían realizado actos de despojo, “consistentes en el arado del terreno comunitario y eliminación de postes y alambrados”, y que habrían agredido físicamente a los miembros de la Comunidad que intentaron detener tales actos. Según informaron los solicitantes, como resultado de estas agresiones, tres miembros de la Comunidad habrían resultado heridos. En concreto, informaron que el Cacique Joaquín Pérez habría recibido un golpe en la cabeza que le habría hecho perder la consciencia; que Margarita Mamaní habría sido herida en los brazos; y que el niño Ángel José Pérez, de 17 años de edad, habría resultado lesionado en la espalda y los brazos. Los solicitantes indicaron además que estas personas continuarían amenazando con desalojar a la fuerza a la comunidad indígena. En consecuencia, la Comisión solicito al Gobierno de Argentina que: 1. Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los integrantes de la Comunidad El Nogalito (Pueblo Lule), ubicados en la Provincia de Tucumán; 2. Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e 3. Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”.
Ver: http://www.scm.oas.org/pdfs/2013/cidh/es/cap.3.c.1.doc

Es bueno aclarar que esta medida cautelar, otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se debe al falso informe enviado por los abogados de la Fundación ANDHES presidida por la lic. Josefina Doz Costa, los abogados Darío Esteban Abdala, Daniel Carlorosi, Carlos Gustavo Paliza, Valentina Garcia Salemi, Cdor Mariano Cinquegrani, Sebastián Lorenzo  Pisarello a través de Contrapunto. En nuestro artículo: “ANDHES: otra vez mintió en el informe enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” recordamos que según informa la página principal de la Fundación ANDHES, con firmas de Josefina Doz Costa, Directora Ejecutiva de ANDHES y de Joaquín Manuel Pérez, el falso Cacique Comunidad El Nogalito: “…En la solicitud de medidas cautelares, ANDHES puso en conocimiento de la CIDH los desalojos a los que las Comunidades Indígenas de Tucumán han venido siendo sometidas en los últimos años (en plena vigencia de una ley de orden público que lo prohíbe); así como la situación permanente de amenazas, hostigamientos y ataques de los que referentes de las Comunidades vienen siendo víctimas… Evidencia de que el Estado no llevó adelante acciones razonablemente necesarias para evitar estos actos, sino que por el contrario las acciones en perjuicio de la Comunidad contaron con el aval directo de un amplio sector del Poder Judicial, las policías locales y la indiferencia de los poderes ejecutivos locales y federales, también se expusieron en los sucesivos informes…”

¿Qué es verdad de todo lo expuesto por la Fundación  ANDHES?
La verdad es que en Octubre del 2012, si existieron enfrentamientos del Sr. Pérez Joaquín y sus pocos seguidores, contra las  8 familias Arce. Las familias Arce que se adscribieron bajo engaño a la falsa comunidad, decidieron renunciar a la misma, cuando descubrieron las verdaderas intenciones del Sr. Pérez Joaquín; quien estaba construyendo una vivienda de grandes dimensiones para su uso particular, con ayuda de la Mina Bajo de la Alumbrera,  en la propiedad de los Arce, de la cual poseen títulos legítimos.

¿Cuáles son las mentiras de la denuncia hecha por la Fundación ANDHES, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?
El enfrentamiento del Sr. Pérez Joaquín no fue contra “terceros interesados en el territorio ocupado históricamente por la Comunidad Indígena El Nogalito del Pueblo Lule, en la Provincia de Tucumán” como figura en la medida cautelar concedida por la CIDH “MC 347.09 – integrantes de la Comunidad El Nogalito (Pueblo Lule), ubicados en la Provincia de Tucumán, Argentina. Esta denuncia es una falsedad ideológica,  el enfrentamiento fue entre miembros de su falsa comunidad. Estos “terceros interesados” son sus propios vecinos que se adscribieron después a la comunidad, bajo engaños, amenazas, la cual fue fundada en el año 2003 por la sugerencia de algunos abogados indigenistas. Estos “terceros interesados” sí son vecinos en El Nogalito de María Santos Córdoba madre de Manuel Joaquín Pérez, el falso cacique que vive en Villa Mariano Moreno, de Patricio Timoteo Pérez, Benita Natividad Pérez y Maximiliano Evaristo Pérez que viven a 1.500 metros del domicilio de los Arce. Estos “terceros interesados”  no son vecinos de Simón Honorio Pérez que vive en San Pablo, Lules, José Gregorio Pérez que vive en el Siambón, Raco, Bartolina Eusebia Pérez que vive en Yerba Buena, Petrona Pérez que vive en San Pablo, Lules y los demás hermanos de Joaquín Pérez, que viven en Buenos Aires, Ramón Alejandro Pérez, Romelia Pérez, Alberto Pérez.

¿Esta “información” era conocida por los abogados de la Fundación ANDHES?
Sí la sabían, porque tienen toda la documentación probatoria que se les entregó en los distintos juicios donde se presentaron como abogados patrocinantes; pero ellos niegan la legitimidad de los títulos, por lo tanto le dicen a sus asesorados que los  títulos son  falsos, pero la verdad es que los títulos son legítimos. También es falso que estos vecinos involucrados (Arce)  estén interesados en “el territorio ocupado históricamente” porque en El Nogalito, nunca existió 80 familias indígenas de las 118 familias que son propietarias y descendientes, directos continuadores, de la posesión que ejerció Don Mateo Cruz, dueño de la antigua Estancia de El Potrero del Nogalito, por compra el 30 de junio de 1849; quien era descendientes de españoles.  La falsa comunidad indígena se formó con menos del 10% de familias o sea 11 familias que eran arrendatarios; por eso es falsa la posesión del territorio que pretenden reclamar. En el Nogalito nunca hubo indígenas desde antes del 14 de Marzo del año 1601, cuando el gobernador, capitán general e justicia mayor de la Gobernación de Tucumán, Don Pedro de Mercado de Peñaloza otorgo por cédula Real a su lugarteniente el capitán García de Medina, una propiedad donde estaba incluido el actual Potrero El Nogalito. Después de IV siglos, ellos (falsa comunidad) se adscribieron indígenas en el 2003 bajo las promesas de tener tierras aplicando mal el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 169 que no tiene rango constitucional. Desde entonces los habitantes de El Nogalito hemos sido avasallados en nuestro derecho humano a la identidad, por pretender imponernos bajo extorsión,  por los abogados de la Fundación ANDHES, una identidad indígena que no reconocemos como propia, ya la nuestra es criolla y católica; la cual heredamos de nuestro antepasado don Mateo Cruz.
El derecho consuetudinario invocado por estos abogados tienen límites por lo menos de dos clases: 1- los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Nacional de la Republica Argentina, los art. 14 y 17 de la propiedad privada y el art. 16 de igualdad ante la ley y 2- la otra clase, es de los derechos humanos internacionalmente reconocidos como el Pacto de San José de Costa Rica y otros pactos internacionales con rangos constitucionales contenidos en el art. 75 inc. 22.

Esta particular “información” que oculto de “terceros interesados en el territorio ocupado históricamente por la Comunidad Indígena El Nogalito del Pueblo Lule, en la Provincia de Tucumán” a la CIDH, sobre la familia Arce ¿la sabían los abogados de la Fundación ANDHES? 
Si la sabían, porque todos los miembros de la familia Arce son  testigos de la participación activa de los abogados Darío Esteban Abdala, Carlos Gustavo Paliza, Daniel Carlorosi, del abogado del Observatorio de los Derechos Humanos Carlos Garmendia y el representante regional del INAI Federico Casinelli en El Nogalito, desde el 2007. Además estos abogados de los derechos humanos, egresados de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se vanaglorian ante la opinión pública de su formación técnica en los distintos medios de comunicación del país y el extranjero. El problema de las tierras nunca fue de los Arce, porque ejercen la posesión y tienen los títulos de sus propiedades. Por eso con la prudencia e impecabilidad que caracteriza a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) basado en la verosimilitud de la “información recibida” por los abogados defensores de los derechos humanos de la Fundación ANDHES concedieron la medida cautelar. La palabra verosimilitud es un adjetivo que significa que: (la prueba o “información recibida”) tiene aspecto de verdadero o creíble por no ofrecer carácter alguno de falsedad. La CIDH en su resolución dice: “En particular, la información recibida indica que particulares habrían realizado actos de despojo, “consistentes en el arado del terreno comunitario y eliminación de postes y alambrados”. El terreno en litigio en el que se dio el enfrentamiento, es una fracción  de la propiedad privada de Ángel Tristán Arce de 89 años, casado en primeras nupcias con Sofía Morales, madre de todos los Arce y en segunda nupcias con Electra Remigia Cruz, quien vive con su hijo Víctor Adam Cruz.
Ángel Tristán Arce es propietario de 2 fracciones del remanente de la propiedad que perteneció a Francisco Solano Pérez (1858-1909) como hijo de María Lorenza Cruz (1832-1903) y nieto de Don Mateo Cruz. Esta propiedad la heredó Francisco Solano Pérez después de deslinde judicial practicado en el año 1905 por su tío Felipe Cruz (1835-1914), quien inicio el juicio: “Felipe Cruz s/ deslinde judicial de la Estancia denominada Potrero de El Nogalito”, en el juzgado de 1º Instancia, a cargo del Dr. Padilla y la secretaría a cargo de E. Molina, de acuerdo a las posesiones que sus hermanos y sobrinos tenían en ese momento. El 6 de abril de 1905, por decreto del señor Juez de 1º Instancia, el Dr. Padilla, se nombró al Ingeniero Manuel Courel, para practicar la mensura y división de la Estancia denominada Potrero de El Nogalito, ubicada en el segundo distrito de Famaillá (hoy departamento de Lules). En el deslinde judicial de 1905, queda excluida una fracción de tierra denominada “El Nogalito Viejo”, donada en 1860 por Don Mateo Cruz y Doña María Cipriana Ramos a la hija de esta, Doña Trinidad Ramos, casada en segundas nupcias con Mariano Carreras, “ en agradecimiento, por haber ayudado a criar a sus hijos”, siendo testigos de dicho acto Don Mariano Pantorrilla, natural de Santa María de los Buenos Ayres, casado con Doña Petrona  de Zorrosa, cuyo padre Don Francisco de Zorrosa, fue Fiscal de las Juntas Real de las Temporalidades, que fue la encargada de administrar los bienes de la Compañía de Jesús, y venderlas por remate público. Con el deslinde judicial practicado en el año 1905 por el ingeniero Courel se dividió la Estancia El Potrero de El Nogalito (4500 hectáreas de superficie) en seis partes: cinco corresponden a los herederos de Don Mateo Cruz: sus nietos Francisco Solano Pérez y sus hermanos, herederos de  María Lorenza Cruz, Felipe Cruz, Anselmo Cruz, su nieto José Indalecio hijo de María Josefa Cruz y los herederos de María Juana Cruz de González. y la sexta, la donación que le hizo el matrimonio a Doña Trinidad Ramos de Carreras, hija natural de Doña María Cipriana Ramos.
Ángel Tristán Arce inicio en 1991 el juicio caratulado: Ángel Tristán y otros  s/Usucapión con sentencia favorable el 8 de Noviembre de 1994. Luego el 9 de Junio de 1998 compro las partes indivisas de la fracción Nº I de la propiedad adjudicada en el juicio escritura Nº 358, escribanía de Registro Nº 58 Matricula Registral F- 9138. Padrón Inmobiliario 533576. En ese mismo acto compro la fracción Nº II Matricula Registral F- 9139, Padrón Inmobiliario 533577. En las 2 propiedades viven también sus hijos y nietos Carlos Florencio Arce casado con Carmen Pérez descendiente directa de don Mateo Cruz; Carlos Rafael Arce descendiente directa de don Mateo Cruz, casado con Noemí Díaz,  Pedro Benjamín Díaz casado con Griselda del Carmen Pérez descendiente directa de don Mateo Cruz;  Osvalda Arce casada con Gregorio Bernabé Díaz, César Ángel Arce casado con Norma Beatriz Arce, Lucía Dolores Arce casado con Juan Carlos Pérez y Próspero Tristán Arce casado. El terreno en litigio fue usurpado por el falso cacique Manuel Joaquín bajo engaños y sembrando el miedo con el asesoramiento de los abogados de la Fundación ANDHES que le decían que era del estado provincial y que iban a perder las tierras. Las 8 familias Arce descubrieron las verdaderas intenciones cuando los primeros días de Abril de 2012 llego un camión cargado de materiales de construcción donados por la mina Bajo La Alumbrera de Catamarca. En esa oportunidad el falso cacique le dijo que la casa de grandes dimensiones que se construiría era de su propiedad y no de la comunidad. Es falso que sea de la comunidad el terreno usurpado ya que nunca vivió nadie en forma permanente por lo tanto mal pueden alegar que fueron despojados y que los amenazan con desalojarlos como hicieron constar en su denuncia ante CIDH. Las 8 familias Arce se opusieron a la construcción agotando la vía del dialogo sin obtener repuestas por parte del falso cacique. El 24 de Agosto de 2012 ingresaron con una máquina de Vialidad de la Provincia de Tucumán usando el camino privado con la intención de trabajar en el terreno que fue impedido por las familias Arce. Después comenzaron con actos de turbación al pretender alambrar el terreno que fue denunciado en la comisaría de Lules. A partir de este hecho continuaron las turbaciones y los actos de provocaciones, mandando un carta documento pidiendo a Osvalda Arce para que devuelva el terreno que le habían prestado en forma transitoria para que tenga los corrales de sus cabras y cerdos; quien le respondió mediante carta documento acusándolos de falsedad ideológica porque el terreno era propiedad de su padre Ángel Tristán Arce; a la cual no contestaron. Todos los miembros de la familia Arce decidieron renunciar a la comunidad indígena mediante  escritos que presentó su abogado al representante del INAI en Tucumán, Federico Casinelli, con domicilio legal en calle Balcarce 64, edificio que corresponde a la Defensoría del Pueblo de Tucumán, quien se negó a recibir los escritos aduciendo que no estaba autorizado. Posteriormente las 8 familias Arce renunciaron mediante cartas documentos enviadas al INAI de Buenos Aires.

¿Quiénes fueron realmente los agredidos y lastimados?
Mientras el informe de la Fundación ANDHES presentado en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)  dice que las víctimas fueron el Sr. Pérez Joaquín, la Srta. Margarita Mamaní y Ángel José Pérez, sobrino de Pérez Joaquín. La verdad es que todos estos hechos fueron realizados con  premeditación por Manuel Joaquín Pérez y sus familiares. El sábado 10 de Noviembre de 2012 a la mañana ingresaron a la propiedad, a continuar con las turbaciones, para terminar de despojarlos de su propiedad. Ese día Manuel Joaquín Pérez ingresó acompañado de  su hermano Patricio Timoteo Pérez con su hijo Sergio Ricardo Pérez, su sobrino Ángel José Pérez y Margarita Mamani del Mollar, Tafí del Valle. Las 8 familias Arce se opusieron a que continuaran cercando el terreno, cuando Manuel Joaquín Pérez le dió un hachazo en la cabeza a César Ángel Arce, produciéndole un traumatismo de cráneo (foto). Claudio Horacio Lencina le produjo a Carlos Florencio Arce un traumatismo de miembro inferior. Luego  Manuel Joaquín Pérez tomó del brazo, torciéndole hacia la espalda y elevándola del suelo a la menor  Sofía Díaz de 17 años de edad, hija de Pedro Benjamín Díaz. En ese momento se apersonó su abogado que los trasladó a la ciudad de Lules a poner la denuncia policial y para que sean atendidos en el hospital, de donde fueron derivados a la guardia del Hospital Padilla. En dicho nosocomio le realizaron los estudios de urgencia de radiografías y a César Ángel Arce además, le realizaron una tomografía computada de cráneo, quedando ambos internados en observación hasta la noche. Al otro día domingo 11 de Noviembre de 2011 ingresaron de nuevo Simón Honorio Pérez acompañado de Pedro Eduardo Pérez y su esposa Claudia Arce, ambos de Los Nogales, Julio Toledo, Patricio Timoteo Pérez, Maximiliano Evaristo Pérez algunos con claros signos de ebriedad. La 8 familias Arce se opusieron a la turbación. Julio Toledo le dio un golpe en la cabeza con una pala a  Carlos Florencio Arce, produciéndole un traumatismo craneal con heridas faciales. Claudia Arce arrojó un ladrillo, produciéndole a Juan Orlando Pérez hijo de Lucia Dolores Arce un traumatismo maxilofacial con heridas cortantes y la menor Leonela Díaz de 12 años de edad, hija de Pedro Benjamín Díaz, resultó con traumatismo en miembro superior. El lunes 12 de Noviembre de 2012 hicieron las denuncias en la comisaría de Lules y el martes 13 de Noviembre de 2012 fueron revisados por el médico forense de la Policía en Famaillá, quien constató las lesiones de todos los heridos. Las denuncias policiales ingresaron a la Fiscalía II de Instrucción en lo Penal Causa Nº 40.929/12.
A mediados de Diciembre de 2012 Pedro Benjamín Díaz recibió en su celular una llamada de una persona que se dio a conocer como la Dra. Viviana Grossman abogada de la defensoría del Pueblo invitándolo a que se reunieran y luego a mediados de enero recibió una carta firmada por la citada abogada, invitándolo a una reunión en la defensoría del Pueblo. El jueves 17 de enero de 2012 se apersonaron un grupo de siete personas en el domicilio de Carlos Florencio Arce que se movilizaban en dos camionetas oscuras. Una persona de sexo femenino, de mediana edad, rubia, de ojos celestes con anteojos se dio a conocer como abogada de la defensoría del Pueblo y quería hablar con las 8 familias Arce que no estaban ese día y quedaron en volver a la semana siguiente. El jueves 24 de enero de 2012 vino un grupo de seis personas, 3 de ellos se dieron a conocer como Gonzalo García de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán cel. 155024698, Luis Martín del INAI cel. 156401232, un tal Sergio de la defensoría del Pueblo cel. 155884584. El único que hablo por las 8 familias Arce fue Pedro Benjamín Díaz quien le mostro las 36 fotos de la quema de la casa de un vecino el 5 de Marzo de 2008, por un grupo que dirigió Margarita Mamani, planificado por Manuel Joaquín Pérez y sus hermanos; también los ilustro durante una hora de los demás delitos que cometieron desde el 2007 hasta la fecha, la falsa comunidad indígena. En esa oportunidad les aclaró que las causas de la familia Arce estaban en la Justicia, por lo tanto, la defensoría del Pueblo no tiene competencias ahí. A principios del mes Abril de 2012 Carlos Florencio Arce recibió una carta de la Dra. Viviana Grosman invitándolo en nombre del defensor del Pueblo Arq. Hugo Cabral a una reunión privada el día martes 16 de Abril de 2012, a la cual no asistió, porque todo esta en la Justicia.

¿Qué hizo el Sr. Pérez Joaquín con el asesoramiento de la Fundación ANDHES?
1- La división de los miembros de la falsa comunidad se ha producido a medida que surgía la verdad a la luz. Estos hechos han ocasionado que 25 miembros renuncien a ella por cartas documentos, las cuales debieron ser enviada a las oficinas del INAI en Buenos Aires, ya que Federico Casinelli, representante regional del INAI en Tucumán con oficinas en la defensoría del Pueblo de Tucumán se negó a recibir las renuncias mediante escrito de los miembros de las 8 familias Arce, al aducir que no estaba autorizado. Por supuesto que el Manuel Joaquín  Pérez, iluminado por sus asesores los abogados de ANDHES, y viendo que las 8 familias Arce no estaba dispuesta a dejarse quitar sus tierras, se anticipó y envió una carta documento echándolos de la comunidad por conducta inapropiada. Está claro que la carta la redactaron los abogados de la Fundación ANDHES.
2- Manuel Joaquín Pérez, como ya es su costumbre, con el asesoramiento de la Fundación ANDHES, se llegó hasta la comisaría de Lules el sábado 10 de Noviembre de 2012 a la noche  para poner la denuncia de que él y sus seguidores habían sido agredidos y todas las demás mentiras utilizadas luego para construir el relato que ANDHES hizo llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
3- Paso seguido, Manuel Joaquín Pérez junto a la lic. Josefina Doz Costa, directora ejecutiva de la Fundación ANDHES, firmaron el documento enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contando como verdad (relato), una inmensa cantidad de mentiras.

La Fundación ANDHES, junto a sus abogados tanta veces mencionados, no tiene escrúpulos en:
– Asesorar en contra nuestra Constitución Argentina y las leyes que de ella emanan.
– Dar vuelta los acontecimientos y pasar a las falsas comunidades indígenas de Tucumán, de delincuentes a víctimas.
– Hacer falsas denuncias en la policía contra terceros que reclaman que no se les usurpe sus propiedades, ni les amenacen de muerte  o intimiden.
– Enviar informes a los distintos medios de comunicación, ONGs internacionales, obispos de Argentina etc, distorsionando la verdad y acomodándola a su gusto con un “neorelato”.
– Cobrar grandes sumas de dinero que vienen del estado argentino por asesorar a las supuestas comunidades indígenas; recibir subsidios de Fundaciones estatales y privadas internacionales de Inglaterra, España, Italia, Norteamérica etc por su “labor benefactora” en la ayuda de las comunidades indígenas.
Podemos afirmar con seguridad que la misión de la Fundación ANDHES es: “Miente, miente que algo quedará” (Adolph Hitler).
¿Cuándo escuchará el presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Tucumán, nuestros reclamos por el mal desempeño ético y moral de sus socios, los abogados de la Fundación ANDHES?

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