…Rechazamos que usted pretenda imponernos una educación que no corresponde a nuestras raíces. Lamentamos decirle Señora Ministra de Educación, que todo esto es un circo armado, para hacer creer en la existencia de falsas comunidades aborígenes…
CARTA ABIERTA DE LA COMUNIDAD DE VECINOS Y PROPIETARIOS, ALUMNOS Y EX ALUMNOS DE LA ESCUELA PROVINCIAL Nº 222 DE EL NOGALITO DEPARTAMENTO DE LULES, TUCUMAN.
Ministra de Educación de la Provincia de Tucumán
Prof. Silvia Rojkés de Temkin
S/D
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Con fecha 5 de noviembre del 2012, por Mesa de Entrada de la Secretaría de Estado de Educación iniciamos con una carta firmadas por los vecinos padres y abuelos de alumnos y de ex alumnos de la Escuela Nº de El Nogalito, acompañada de 39 fojas de documentaciones certificadas ante Escribano Público de Tucumán, sin tener hasta la fecha ninguna contestación de su parte. (Expediente, Nº 023138, Código 230, Letra C, año 12, Fecha: 05/11/12).
En el inicio de nuestra carta del 5 de Noviembre de 2012 afirmamos: “Los habitantes del Nogalito estamos sorprendidos de la rapidez con que se cambian las respuestas. Cuando en el año 2008 hicimos verbalmente el pedido de la apertura de la secundaria en nuestra escuela Nº 222, nos dijeron que se necesitaba un mínimo de alumnos, que no poseíamos en ese año. Lo pedimos los siguientes años y nos respondieron que no era posible”.
Hoy de repente, nos sorprendemos con su presencia y de autoridades del INAI, para inaugurar el inicio del secundario en nuestra escuela; pero he aquí la sorpresa, cuando nos enteramos que es para la educación bilingüe de los indígenas. ¿De qué indígenas, nos hablan? ¿Nos pueden explicar?”.
Apelamos a su autoridad como Ministra de Educación de la Provincia de Tucumán y como convencional del Frente para la Victoria de la Convención Constituyente de 2006 de la Reforma Parcial de la Constitución de la Provincia de Tucumán, haciendo uso de nuestro derecho de acuerdo a nuestra Constitución Nacional (CN), PRIMERA PARTE, CAPITULO PRIMERO, Declaraciones, Derechos y Garantías, Artículo.- 14 que reza: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos …de peticionar ante las Autoridades…” y de nuestra Constitución de la Provincia de Tucumán, SECCION I, CAPITULO UNICO-Declaraciones, derechos y garantías, al principio el Artículo 24 reza: “Los habitantes de la Provincia, como habitantes de la Nación Argentina, y al amparo de la Constitución Nacional tiene todos los derechos que aquélla establece, sin negación ni mengua de otros derechos no enumerados o virtualmente retenido por el pueblo…”.
Al final de nuestra carta el 5 de Noviembre de 2012 peticionamos a usted lo siguiente: “Señora Ministra de Educación de nuestra provincia, no queremos que nuestros hijos reciban una educación que no corresponde a nuestras raíces. Si ellos quieren ser indígenas para conseguir tierras y plata del Estado Nacional y Provincial, allá ellos, no es de nuestro interés.
– Rechazamos cualquiera de los contenidos que en sus aportes de los lineamientos curriculares colocan.
– Rechazamos que nuestros hijos comiencen a aprender una lengua que ni siguiera se habla y nadie la conoce, para imponerle una nueva lengua que ninguno de nuestros antepasados la hablaron.
– Rechazamos nos impongan una nueva religión, pues así es presentada en estas tierras y en muchas “La Pachamama”; somos todos cristianos y nuestras raíces así lo marcan, pero esos son datos que ni siquiera el Sr. Joaquín Pérez lo conoce, porque él inventó con la ayuda de sus abogados y el INAI una historia, que nunca existió. Ni él conoce a sus antepasados, debió inventarlos para poder tener personería jurídica. Ríase si le decimos que lo de Etnia Lules lo terminaron decidiendo por las búsquedas en Internet, ya que no sabían cuales podrían ser los pueblos que posiblemente habitaron por la zona.
– Rechazamos tener otra bandera que no sea la Argentina con sus colores celeste y blanco; y no queremos que vuelva a flamear la Wiphala en la escuela como ya lo hicieron en agosto del corriente año (2012) en la fiesta del día del niño.
– Rechazamos y consideramos personas no gratas para nosotros a las autoridades del INAI. En particular al Dr. Fernández, ya que él fue el responsable que en setiembre del 2010 llegaran a nuestra tierras agrimensores con el apoyo de Gendarmería Nacional y se entraran a todas las tierras privadas –que tienen títulos y planos- para hacer el falso relevamiento indígena, que aparece mencionado en el informe de la Auditoria General de la Nación que le hicieron al INAI en el 2010. Además les iniciamos un juicio en la Justicia Federal.
– Rechazamos que usted pretenda imponernos una educación que no corresponde a nuestras raíces.
Lamentamos decirle Señora Ministra de Educación, que todo esto es un circo armado, para hacer creer en la existencia de falsas comunidades aborígenes, porque verdaderamente no hay un interés serio por el bien de nuestros jóvenes. NUNCA el INAI, ni ninguna institución aceptó nuestro pedido de que vengan a hablar con los habitantes del lugar para darse cuenta de la gran mentira que existe, por los oscuros intereses económicos que hay por detrás.
Tantas cosas podríamos decirle e informarle, pero no vale la pena cuando no se quiere oír ni ver. Rogamos a usted se abstenga de imponer una falsa educación a nuestros jóvenes. No queremos que sean ideologizados en este mundo de mentiras”.
El 21 de Abril de 2014 paso más de un año y medio, y no hemos recibido contestación alguna a nuestras peticiones por el Ministerio y la Secretaría de Educación. Por el contrario, nuestros hijos siguen siendo extorsionados para ser “adoctrinados” e “ideologizados” por el sr. Manuel Joaquín Pérez (DNI 22.534.924), la sra. Margarita Hortensia Mamaní del Mollar, dpto Tafí del Valle (DNI 16.199.956), sr. Simón Honorio Pérez (18.255.509), sr. Carlos Alberto Díaz (DNI 8.510.954), sra. Adela Mercedes Pérez de Díaz (4.646.623), sr. Juan Américo Díaz (DNI 29.342.187), sr. Daniel Ernesto Díaz (DNI 33.436.962), sra. Sofía Adela de Jeder (DNI 31.430.756), sr. Patricio Timoteo Pérez (DNI 12.019.447), sr. Elba Rosalía Lencina de Pérez (DNI 17.779.629), sr. Maximiliano Evaristo Pérez ( DNI 17.077.770), sra. Soila Hermelinda Arnedo de Pérez (DNI 16.590.683), sr. Hugo Valentín Pérez (DNI 32.725.938), sr. Ángel José Pérez (DNI 39.142.4919), sra. Petrona Dominga Arce de Pérez (DNI 1.799.301), sr. Claudio Damián Lencina (DNI 25.318.732), sra. Olga Elena Pérez de Lencina (14.891.366), entre otros, quienes tienen la colaboración de algunos docentes de dicha escuela. Estas personas son los responsables visibles de la violencia social que sufre nuestra comunidad formada por los vecinos herederos legítimos y propietarios del Nogalito. Los responsables invisibles o mediatos están ocultos en el Estado Argentino y de Tucumán, en ONGS internacionales, nacionales y provinciales, y las Universidades Nacionales como la de Tucumán.
La comunidad de vecinos herederos legítimos y propietarios del Nogalito existe desde el 30 de Junio de 1849, cuando nuestros antepasados Mateo Cruz y María Cipriana Ramos, descendientes de españoles, compraron la Estancia Potrero de El Nogalito por escritura pasada ante el Escribano de Gobierno. La Estancia Potrero de El Nogalito fue creada mediante Célula Real como propiedad privada desde el 14 de Marzo de 1601, porque no existían indígenas de acuerdo a la legislación de España. Hoy nosotros, la comunidad de El Nogalito somos los continuadores herederos legítimos de la posesión ejercida por nuestros antepasados Don Mateo Cruz y Doña María Cipriana Ramos desde 1849
No son descendientes de Don Mateo Cruz y Doña María Cipriana Ramos el sr. Carlos Alberto Díaz (DNI 8.510.954), sra. Soila Hermelinda Arnedo de Pérez (DNI 16.590.683), sra. Petrona Dominga Arce de Pérez (DNI 1.799.301), sr. Claudio Horacio Lencina (DNI 25.318.732), todos la demás personas nombradas son descendientes en quinto y sexto grado. Ellos (Mateo Cruz y Cipriana Ramos) con sus hijos, sus nietos vivían en su casa de más de media manzana en la actual calle Mendoza al 900 entre calle Salta y Junín, al lado de la Iglesia de “La Piedad”, hoy llamada del “Buen Pastor”. Todos sus hijos fueron bautizados en la Iglesia Catedral de San Miguel de Tucumán, y doña María Cipriana Ramos cuando falleció en 1870, fue velada en cuerpo presente en dicha Catedral. Nuestra propiedad de la ciudad de San Miguel de Tucumán fue vendida en el año 1910 a la familia Medici. Este grupo de falsos indígenas tienen abierta más de 40 causas penales en la Justicia de nuestra provincia por amenazas de muerte, intimidación, falsas denuncias, falsos testimonio, robos, usurpaciones, incendios intencionales de un auto y de una casa, falsificación de instrumento público, etc.
En el colmo de la impunidad con que se manejan dichos personajes, debemos lamentar que el día 19 de Abril de 2013 la Sra. Margarita Hortensia Mamani (DNI 16.199.956) haya hecho participar a los alumnos de la escuela provincial Nº 222, de una supuesta celebración a la pachamama, sin nuestra autorización correspondiente.
Rogamos a usted que públicamente de marcha atrás con la opción de una educación para supuestos aborígenes en nuestra escuela y no permita que el sr. Manuel Joaquín Pérez (DNI 22.534.924), sr. Simón Honorio Pérez (18.255.509), sr. Simón Honorio Pérez (18.255.509), la sra. Margarita Hortensia Mamaní (DNI 16.199.956), o cualquier miembro de su falsa comunidad, o de la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), denunciados en el Colegio de Abogados de Tucumán por asociación ilícita, o del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), se hagan presente en nuestra escuela de el Nogalito. Caso contrario haremos llegar a todos los medios de prensa esta aberrante mentira.
Apelamos a su autoridad como Ministra de Educación de la Provincia de Tucumán y como convencional del Frente para la Victoria de la Convención Constituyente de 2006 de la Reforma Parcial de la Constitución de la Provincia de Tucumán, haciendo uso de nuestro derecho de acuerdo a nuestra Constitución. Le recordamos que en, SECCION I, CAPITULO UNICO-Declaraciones, derechos y garantías, Artículo 21 reza: “Toda reclamación de índole administrativa debe ser despachada en el término de tres meses desde el día de su interposición. Vencido ese plazo, el interesado podrá tenerla por denegada y concurrir directamente a la justicia”
Atentamente.
Continúan 50 firmas de los vecinos del Nogalito