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Pueblo Originario | August 17, 2017

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El Artículo 75, inc. 17 de la Constitución Nacional no es absoluto

El Artículo 75, inc. 17 de la Constitución Nacional no es absoluto

En escritos que emanan de las manos de los abogados que defienden en Tucumán a los falsos indígenas, se gasta un río de tinta mencionando el Art. 75 inc 17 de la Constitución Nacional y otras leyes que ni siquiera ellos respetan.Quienes sufrimos las usurpaciones de nuestras propiedades privadas, por estos falsos indígenas que están surgiendo, ofrecemos el escrito del Dr. José Ignacio García Halminton, extraído de su propuesta a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina – Nº de Expediente 2733-D-2009, Trámite Parlamentario 059 (02/06/2009) -.

Salvo la nota 42, hemos obviado copiar las demás notas, que se pueden ver en el documento entero: http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=2733-D-2009
Recomendamos también leer en nuestro diario: “El riesgo de poner en juego, la paz social, de nuestra patria Argentina”.

Existe un aspecto sobre el que nunca se habrá de insistir lo suficiente a la hora de enfrentar cualquier proyecto que pretendiera abordar aspectos vinculados con los derechos indígenas, y que por ello debe recordarse de entrada, a saber: que los derechos consagrados en el art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional no son absolutos (42), ni los únicos que esta reconoce, pues también tienen rango constitucional las garantías de la igualdad ante la ley (art. 16, C . N.), y de la propiedad (arts. 14 y 17, C .N.), como asimismo inviste esa idéntica jerarquía la prohibición de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 75, inc. 22, C .N.). (42) “Es doctrina común y explícita en nuestra Carta Fundamental”, ha repetido en forma constante e invariable nuestra Excma. C.S.J.N. “que ningún derecho es absoluto y que todos están subordinados a las leyes que reglamentan su ejercicio” (Fallos: 136:161; 142:80; 191:197; 253:133; 253:154; 254:56 y sus citas; 255:293)
Y ello incluso con un matiz diferencial a favor de algunos de estos derechos, que nunca debe olvidarse, pues mientras las garantías de la igualdad ante la ley y de la propiedad pertenecen al núcleo básico y esencial contenido en la Constitución originaria, los derechos del art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional vigente son fruto del Poder constituyente derivado.
1.1. Esta última reflexión, trae al primer plano un interrogante cuya respuesta nunca puede perderse de vista a la hora de debatir cualquier tema vinculado con los derechos indígenas, y que, a modo de hilo de Ariadna, debe servir de guía para el correcto abordaje de todo lo comprendido en la materia; la pregunta clave en cuestión, puede ser formulada en los siguientes términos: ¿Puede una reforma constitucional alterar o afectar derechos adquiridos por particulares, al amparo del núcleo esencial de garantías consagrado en la Constitución originaria?.
Quienquiera que esté medianamente al corriente de los desenvolvimientos del constitucionalismo moderno, sabe que se impone una respuesta negativa a dicho interrogante. Por obra de una reforma constitucional no se puede convertir en dueño, a quien antes reconocía en otro la propiedad; no se puede conceder la titularidad del dominio de inmuebles a personas o grupos, en perjuicio de terceros que ya ostentaban esos derechos con anterioridad a su sanción. Los derechos de propiedad privada no pertenecen al Estado, que no puede dar lo que no tiene, sino que integran el patrimonio de ciudadanos a quienes el primero debe amparar; por ello, la materia en cuestión era indisponible para una convención reformadora, le estaba absolutamente vedada.
Por lo demás, idéntica respuesta negativa se impone si lo que se toma en consideración son los principios mismos que rigen en materia de Derechos Humanos – tales como los de progresividad, irreversibilidad e interacción entre derecho interno e internacional – de los que cabe forzosamente concluir que encontrándose amparados ciertos derechos de los particulares en la legislación argentina con anterioridad a la reforma de 1994, se ha subido el piso de garantías que fijan los Pactos, estableciéndose un nuevo y mejor estándar para el derecho interno, que no resulta susceptible de ser revocado en perjuicio del particular, en tanto ya constituye un “nuevo derecho fundamental del ciudadano
1.2. Lo anteriormente expuesto, que atañe al aspecto substancial, o de fondo, se agrava todavía más si lo que se consideran son ciertos aspectos formales vinculados a la reforma constitucional del año 1994.
En efecto, es cosa sabida también – para quien esté suficientemente empapado de elementales nociones de Derecho Constitucional- que en nuestro sistema jurídico-político, una convención reformadora solamente puede introducir modificaciones en las materias que estén expresamente habilitadas por el acto preconstituyente del Congreso en virtud del cual se declara la necesidad de la reforma.
Por ese motivo es que el artículo 6º de la ley 24.309, mediante la cual se declaraba la necesidad de la reforma, disponía claramente sobre el concreto punto que nos ocupa:
“Serán nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones y agregados que realice la Convención Constituyente apartándose de la competencia establecida en los artículos 2º y 3º de la presente ley de declaración” (44) (44) Todavía, el artículo 7º de la ley, imponía un nuevo límite negativo a las competencias atribuidas al poder constituyente, al establecer que: ” La Convención Constituyente no podrá introducir modificación alguna a las Declaraciones, Derechos y Garantías contenidos en el Capítulo Unico de la Primera Parte de la Constitución Nacional “. A la luz de estas nociones, cabe luego indagar cuáles eran las competencias habilitadas por la ley 24.309 en materia de derechos indígenas.
Se encontraban contempladas en el ARTÍCULO 3º de la citada ley que, en lo pertinente, estatuían:
“Se habilitan también para su debate y resolución en la Convención Constituyente los puntos que se explicitan y los artículos que se discriminan a continuación: […] A tal efecto la Convención Constituyente podrá: […] a) Modificar los artículos 63, 67, 106, 107 y 108 […] En todos los casos esa habilitación está referida a los siguientes: TEMAS QUE SON HABILITADOS POR EL CONGRESO NACIONAL PARA SU DEBATE POR LA CONVENCION CONSTITUYENTE […] LL.-ADECUACION DE LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES A FIN DE GARANTIZAR LA IDENTIDAD ETNICA Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. […] * Por reforma al artículo 67, inciso 15 de la Constitución Nacional ” (el destacado es de nuestra autoría)
Discernida la competencia habilitada, cabe interrogarse a continuación si lo sancionado por la Convención reformadora se encontraba dentro de esos limites, para lo cual es forzoso recordar qué es lo que se proclamara como art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional.
Repasemos el texto sancionado en 1994:
“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.” (45)
A poco que se los compara, los textos son suficientemente elocuentes y hablan por sí mismos: la reforma habilitaba solamente a una “adecuación de los textos constitucionales a fin de garantizar la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas”, pero en parte alguna hacía extensiva esa autorización competencial a los efectos de “reconocer […] la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. Antes bien, y por el contrario, de manera expresa el art. 7 de la ley 24.309 limitaba las competencias acordadas bajo aquella admonición a tenor de la cual ” La Convención Constituyente no podrá introducir modificación alguna a las Declaraciones, Derechos y Garantías contenidos en el Capítulo Único de la Primera Parte de la Constitución Nacional”
Ya se ha visto que la reforma no podía reconocer ni otorgar derechos en perjuicio de terceros que los detentaran al tiempo de su sanción, ni convertir en propietarios a quienes antes reconocían en otro la titularidad del dominio. De manera que, para aplicar un clásico principio de hermenéutica y salvar la validez del precepto a la luz de la propia Constitución Nacional (46) , el texto en entredicho solamente puede leerse como reconociendo derechos ya contenidos en la Constitución originaria; es decir el derecho de propiedad de las tierras de las cuales nunca fueron desposeídos y continuaron detentando como propias aunque sin un título instrumento, o de las que recibieron luego por merced real, o concesión estatal aunque carezcan de un título instrumento en regla. Nunca podría interpretarse como otorgando algo diferente de lo ya previamente reconocido al amparo de esa Constitución originaria; y mucho menos para alterar o afectar derechos adquiridos (Fallos 176:22; 296:737) de otros “ciudadanos” garantizados por dicha Constitución.
En otras palabras, si con la posesión y propiedad […] de las tierras que tradicionalmente ocupan se pretendiere designar nuevos derechos que no estuvieran ya reconocidos en la Constitución originaria y que se impusieran contra los que ella garantizaba, tal interpretación sería francamente inconstitucional. Y mucho más todavía si la mutación del caso, en perjuicio del derecho adquirido, obedeciere a la sangre, color de piel, o pretendida pertenencia a un grupo racial, cultural, o religioso.
Y es que, a menos que se quiera hacer estallar en pedazos no solamente toda noción de lo jurídico, sino incluso la paz social misma, la ocupación que a la luz del art. 75, inc. 17, de la Constitución Nacional pueda fundar una posesión y propiedad comunitarias que el texto reconoce, debe ser esencialmente la misma que se exigiría a un ciudadano no indígena para fundar una posesión o propiedad individual, es decir, debe efectuarse con “la creencia sin duda alguna del poseedor, de ser el exclusivo señor de la cosa”, como reza el art. 4006 C . Civil. Y es a todas luces evidente que no se comporta como exclusivo señor de la cosa, sino que por el contrario se encuentra “reconociendo en otro la propiedad” (doctrina del art. 2352 C . Civil), quien paga un arriendo, celebra un comodato, o se desempeña como peón rural en el inmueble en cuestión.
Por ello, no cabe interpretar válidamente que quien antes de 1994 detentaba la cosa como simple tenedor (v.g. locatario o comodatario) de conformidad con el derecho vigente, pero reconociendo en otro la propiedad de ella (doctrina del art. 2352 C . Civil), por obra de la reforma constitucional habría pasado a ostentar un derecho de carácter real que vendría a gravar o directamente suprimir al del anterior – y, hasta entonces, pacífico y exclusivo- propietario, porque ello importaría imponerle una restricción que afectaría su libertad, o su existencia misma (doctrina del art. 2756 C . Civil), y por lo tanto el derecho irrevocablemente adquirido al amparo de la ley y el orden constitucional originario (Fallos 176:22; 296:737; 317:1462 del 31/10/1994 (47)
Por lo demás, la conclusión emana del propio texto constitucional, a poco que se lo examina con algún detenimiento. En efecto, en materia territorial, el texto reconoce a las comunidades, dos órdenes distintos de derechos: a) En primer lugar la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; b) y en segundo lugar, la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ahora bien, como por hipótesis toda persona o grupo humano tiene un asiento físico, pues toda substancia mundana ocupa un lugar en el espacio, ello implica que para el texto constitucional hay comunidades organizadas como tal que ocupan tierras de su propiedad, y otras que carecen de ellas y habitan – por cualquier otro título jurídico- en inmuebles ajenos, razón precisamente por la cual es necesario regular la entrega de tierras aptas y suficientes para su desarrollo humano.

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