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Pueblo Originario | December 16, 2017

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Cuestionan la intervención del Ministerio de Justicia de Salta

Cuestionan la intervención del Ministerio de Justicia de Salta

“En el Valle Calchaquí no hay comunidades originarias, todos los que vivimos ahí somos vallistos así que los que reclaman tierras y las usurpan son pícaros”…Denuncian que les dijeron a trabajadores de una finca que las tierras eran suyas.
Raúl Dávalos trabaja la finca El Tacuil, a 35 kilómetros de Molinos. Llegar al lugar lleva hoy más de una hora en auto. Es de imaginarse lo que costaba esa travesía allá por 1840, cuando sus antepasados pusieron en marcha la explotación, hace unos 180 años. Dentro del campo viven muchas familias de trabajadores rurales, en el marco de una relación tradicionalmente armoniosa. “El 9 de diciembre de 2015, el Ministerio de Justicia de la Provincia ingresa en forma irregular en el campo para realizar un relevamiento de la población indígena. Hecho ese relevamiento, les dijeron a los trabajadores que la tierra era de ellos”, relata Dávalos, al referirse a la tarea que de inmediato asumió el Ministerio de Asuntos Indígenas, a cargo de Luis Gómez Almaras. “La idea de quedarse con la tierra entusiasmó especialmente a los pastajeros, que son oriundos de los cerros pero que viven en la finca para poder mandar a los chicos a la escuela. No solo no pagan el pastaje sino que además impiden el trabajo rural. Incluso, hubo una denuncia contra nosotros porque usábamos piedras del río para construir una bodeguita. Ahora dicen que esas tierras son sagradas”. De la descripción de Dávalos se desprende que los funcionarios provinciales habrían forzado la letra de la legislación al no verificar si se trata de población ancestral y al no tomar en cuenta que la eventual expropiación para convertir a El Tacuil en propiedad comunitaria debió pasar por la Legislatura y la Justicia.
El cacique de esa zona es Rómulo Mamaní, un enfermero inmigrante de Bolivia. El delegado del INAI es Santos Alancay, oriundo de la localidad cordobesa de Unquillo.
La cacique de Angastaco es Ester Ríos de Rivadeneira, cuyo marido era propietario de la finca el Pucará, que debieron vender. Además de cacique, fue concejal y candidata a intendente.
“Las usurpaciones de fincas son nefastas para la actividad. No podemos cobrar a los pastajeros, no podemos invertir y hacer obras por el capricho de los ocupantes, pero el Estado que genera esa situación nos cobra puntualmente impuestos, canon de riego y las cuotas de los créditos”, relata Raúl Dávalos.
“Queremos que las autoridades se den cuenta de que por culpa de esta situación hay numerosos emprendimientos paralizados y, peor aún, muchas familias criollas que sufren violencia”, aseguró Dávalos al explicar el objetivo de conformar la Asociación de Propietarios de Fincas de los Valles Calchaquíes, presidida por Carlos Portal y de cuya comisión directiva forman parte Dávalos, Adriana Bonifacio y Guillermo Colque.
“En el Valle Calchaquí no hay comunidades originarias, todos los que vivimos ahí somos vallistos así que los que reclaman tierras y las usurpan son pícaros”, añade.
A mediados de 2012, el cacique de Divisadero, en Cafayate, Juan Condorí, denunció a la Policía de esa localidad por haber intervenido en una acción violenta que desarrollaban los calchaquíes contra una empresa que trabajaba en el lugar. El argumento, “la tierra sagrada”.
Muy pocos meses antes, un miembro de esa comunidad, habilitado sin ningún tipo de exigencia profesional como guía de turismo, había violado a una turista japonesa utilizando fantasías vinculadas a la Pachamama y llevándola hasta un sitio aislado, a cuatro horas de caminata, donde la mujer no podía resistirse, porque le sería imposible volver. El guía calchaquí Franco Fabián Magno fue condenado a cuatro años y tres meses por abuso sexual.

Intrusiones en Cachi adentro
Un empresario compró 14 hectáreas pero solo puede usar 4.
Carlos Urtasun es un fotógrafo y empresario gastronómico que llegó a Salta y pronto se convirtió en uno de los emblemas del paseo de la calle Balcarce. En 2004 compró 14 hectáreas en La Aguada, en Cachi adentro. Allí fundó Miraluna, una finca con cabañas y viñedos.
En el predio no había ningún ocupante. A partir de 2013 sufrió siete intrusiones. En la primera le destrozaron los alambrados de los viñedos. “Una ley, la 26160, pensada y sancionada para garantizar los derechos a los verdaderos originarios, que son los más vulnerables, es aprovechada por oportunistas sin escrúpulos”, opina Urtasun, quien debió soportar daños en la vivienda y hasta en el mismo campo, donde entraron con una topadora.
Él también ha registrado la presencia de abogados y escribanos de Buenos Aires que vienen a “agitar” a las comunidades. “Fui a denunciar una de las ocupaciones y me encontré con que había una denuncia contra mí por usurpación. Es incomprensible.
Estamos tratando de llevar adelante un desarrollo turístico, recibimos créditos del Estado para las cabañas y las bodegas, y no podemos trabajar porque nos lo impide un grupo de personas, que no son originarios, no hablan las lenguas ancestrales y a quienes jamás se les hubiera ocurrido la idea hasta que sancionaron esa ley mal aplicada”, describió.
Urtasun, que se propone construir una planta solar fotovoltaica de 30 watts, encuentra hasta en eso dificultades que imponen los grupos comunitarios. “A mí no me usurparon pero me denunciaron por usurpador y, entonces, de las 14 hectáreas solo puedo utilizar las 4 en las que están instaladas las cabañas. El resto está paralizado, para cualquier tipo de utilización, por una orden judicial”, contó.
También en Cachi adentro reaparece la violencia. Un vecino conocido como “el Payo” Durand, fue agredido a pedradas por supuestos aborígenes, tras lo cual sufrió daños en la vista. Luego de eso, vendió la bodega y se fue.
La historia se repite. “Cuando adquirieron la finca, Cristino Sánchez, oriundo del lugar, vivía en una pequeña parcela dentro de esta. Teníamos una excelente relación. Él colaboraba mucho con nosotros y nosotros con él”, explicó en su momento a El Tribuno Norma García Frías, esposa de Alberto Durand.
La relación cambió. “No le hicimos absolutamente nada, pero se dejó influenciar por un grupo de personas que dicen que son originarias de las tierras de los valles y comenzó la agresión”, contó la pareja. Desde entonces abundaron las amenazas y las denuncias. “La paz que tuvimos siempre ya la perdimos”, dijo.

http://www.eltribuno.info/salta/nota/2017-9-17-0-0-0-cuestionan-la-intervencion-del-ministerio-de-justicia-de-salta

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