La Radio Origen 90.1 es desde el 6 de Julio de 2013 manejada por la denunciada dirigencia de la CIQ (foto: cacique Chaile), para tergiversar la verdad y tapar los hechos de corrupción con un doble discurso.
TERCERA ETAPA: ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA DEL 5 DE AGOSTO DEL 2012.
El día 5 de agosto de Agosto de 2012 después del cuarto intermedio se reunío la Asamblea General Comunitaria (AGC), para que la Comisión Revisora de Cuentas (CRC) eleve el informe final sobre las documentaciones que tenían que llevar los responsables de los Proyectos Pacto de Hermandad, Niño de la Montaña, Acceso de la Justicia, Rendición de cuentas de los Administradores de la Ciudad Sagrada, Ruinas de Quilmes, etc. Para esta AGC la Base Rincón de Quilmes me autorizo solicitar al Ministerio de Seguridad Ciudadana a cargo del dr Mario Lopéz Herrera, del Secretario Dr. Eduardo Di Lella y del Subsecretario Dr. César Ramón Nieva el envío de nuevo de las fuerzas de seguridad. Con la inestimable colaboración del Dr. César Ramón Nieva del Ministerio de Seguridad, pudimos llevar a cabo la AGC sin contratiempos.
1- Sobre el Proyecto “Pacto de Hermandad” la CRC informó que no se supo su destino y no se presento las documentaciones en el plazo de 15 días establecido el 1 de Julio de 2012. El cacique Francisco Solano Chaile pidió la palabra a la AGC para justificarse, dijo que las documentaciones de rendición de cuentas las giraba a Buenos Aires para que la comunera Angélica Laurean Tena las presentara en la Municipalidad de Quilmes. Ella vive en San Miguel, Provincia de Buenos Aires, pertenece a la Agrupación Tormenta Calchaqui Asociación, con domicilio legal en Alberdi 636, localidad de Muñiz, provincia de Bs As. También trabaja en el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO) cuya directora es la dr. Angela Marcela Jaramillo del INAI. La comunera Angélica Laureana Tena presento una nota solicitando copias de la documentación en el Departamento de Hacienda de la Municipalidad de Quilmes, porque parece que perdió todas las documentaciones de rendición de cuentas de los 12 años desde que se firmo el “Pacto de Hermandad” según dijo el cacique. Pero el intendente de Quilmes Bs. As le manifestó verbalmente a ella que en el Departamento de Hacienda, esta todo correcto en tiempo y forma. El cacique Francisco Solano Chaile se comprometió en AGC, que en algún momento lo iba a presentar. Hasta el 31 de Octubre de 2013 nunca rindió las cuentas que son equivalentes equivalente a 22.000 módulos por mes, que al día de la fecha se hacen un total de 3.168.00 módulos; (se desconoce el valor en pesos de cada módulo). Además tenía que rendir cuenta por U$S 100 (dólares) que le entrego el comunero Felipe Antonio Caro en calidad de préstamo en el año 2000.
2- La CRC informo a la Asamblea sobre la rendición de cuentas del comunero
Delfín Rosendo Gerónimo empleado del INAI (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-DNI. 12.750.161–CONTRATO Nº 12.750.161. Resol. 2486/12–SERVICIOS 100%), responsable del “Proyecto de los 4 Pueblos”, quien presento la documentación incompleta, como los gastos de pasajes aéreos incompletos o gran cantidad de gastos de litros de nafta cuando la Comunidad India Quilmes (CIQ) no posee ningún vehículo. Asimismo las documentaciones aportadas son carpetas con fotocopias sin certificaciones. Pero en las carpetas presentada a la Agencia de España de Cooperación de Desarrollo (A.E.C.I.D.) con fecha del 13 de Setiembre de 2011 la sra. Gladys Legovich, responsable de Proyectos ONGD, de la Embajada de España en Argentina por nota le hizo las siguientes observaciones: “Los comprobantes no contienen los sellos, en lo que, por normativa del AECID, se deja constancia de la imputación financiera al proyecto en cuestión, con su código y la equivalencia en euros en cada ticket o factura…Al estar enviando todos los originales de la justificación a Madrid, quisiéramos saber si ustedes han realizado fotocopias de la documentación que nos remitieron, para conservar en su poder por cuestiones impositivas o legales que les puedan surgir. Entendemos que sí. Por favor, ratifiquemos esta situación”. La Comisión Revisora de Cuentas (CRC) delante de la Asamblea invito a dos comuneros para que vean las carpetas. Los comuneros Marcos Tolaba, Aldo Morales y Silvana Puntano observaron las dos carpetas fotocopiadas presentada por el Delfín Rosendo Gerónimo empleado del INAI. El comunero Marcos Tolaba expuso a la Asamblea no pueden ser tomadas como documentación, porque son simples fotocopias. Según la carta del 12 de Abril del 2012 el comunero Delfín Rosendo Gerónimo empleado del INAI (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-DNI. 12.750.161–CONTRATO Nº 12.750.161. Resol. 2486/12–SERVICIOS 100%), le entrego al cacique Solano Francisco Chaile todas las documentaciones de la rendición de cuenta al AECID de euros 54.846 (cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y seis) o sea $ 298.362,24 (pesos doscientos noventa y ocho mil trescientos sesenta y dos con venticuatro centavos). Texto de la carta: “El Paso, 19 de Abril de 2012.—Señor Cacique Francisco Chaile.—-Presente—-Me dirijo a usted y por su intermedio al consejo de Delegados de la CIQ, a los fines de entregar información sobre el Proyecto Seminario de Pueblos Originarios “Territorios en Ejercicio de sus Derechos”. Como consta en la documentación adjunta este proyecto fue ejecutado y rendido ante el AECID con fecha 15 de agosto de 2011. Documentación entregada: Copia del proyecto.- Copia de la nota de rendición de cuentas.- Copia de la recepción de la rendición.- Informe Descriptivo de la ejecución del proyecto.- Cuadernillo editado como resultado del trabajo. RÚBRICA. Delfín Rosendo Gerónimo”. Hasta el día de la fecha no presento las documentaciones de la rendición de cuentas.
3- En cuanto a la documentación presentadas por los comuneros Delfín Rosendo Gerónimo empleado del INAI (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-DNI. 12.750.161–CONTRATO Nº 12.750.161. Resol. 2486/12–SERVICIOS 100%) y Gustavo Maita responsables del “Proyecto de los Artesanos” no presentaron las documentaciones respaldatorias como se comprometieron en la AGC del 1 de Julio de 2012. La Comisión Revisora de Cuentas (CRC) informo a la AGC que hay falencias en la rendición de cuentas como las inexistencias de boletas, los convenios están incompletos sin las firmas, falta de fechas, falta de los montos de dinero, faltan los detalles de los gastos de los préstamos otorgados, que tenían un máximo de devolución de 18 a 24 meses.
4- Sobre el “Programa del Agua de Riego Quilmes” se informo a la asamblea que la documentación no la presentaron el cacique Francisco Solano Chaile y el comunero Felipe Antonio Caro delegado de la Base de Talapazo. Que solo se contaban con las documentaciones que ya había aportado el Consejo de Delegados, para la Asamblea del 1 de Julio de 2012. El Programa en cuestión dependía directamente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), tras la firma del Convenio entre la República Argentina y el BIRF, por lo cual recibió finalmente la suma de U$S 5.000.000 (cinco millones dólares) y nuestro país aporto U$S 892.000 (ochocientos noventa dos mil dólares), haciendo un total de U$S 5.892.000 (cinco millones, ochocientos noventa y dos mil dólares). La comunidad India de Quilmes recibió $ 844.508 (pesos ochocientos mil quinientos ocho) de los cuales la Comisión Revisora de Cuentas (CRC) pidió la rendición de cuentas en la Asamblea desde la fecha de suscripción del Convenio (27/10/2001). Tampoco se presentaron las carpetas con las documentaciones del desarrollo del proyecto del año 2006, con sus objetivos. En cuanto al pago de los honorarios por la dirección técnica del ingeniero Juan Silvetti figura como trabajo concluido, pero el trabajo no esta concluido. Hasta el día de la fecha el “Programa del Agua de Riego Quilmes” no fue rendido a la comunidad, las obras, ni, el destino de las herramientas, ni materiales sobrantes. Pero en documentación hicieron figurar que todos los quilmeños tienen el riego instalado.
5- La Comisión Revisora de Cuentas (CRC) informo sobre los Microcréditos a cargo del contador Mariano Cinquegrani miembro equipo de trabajo de la oficina de Tucumán de la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), empleado del INAI (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DNI. 25.709.613-CONTRATO Nº 25.709.613 Resol. 26/11- SERVICIOS 100%). En la Asamblea el comunero Felipe Antonio Caro dijo que también era responsable de este “Proyecto” el contador Jorge Daniel Aimaro representante del INAI Regional (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-DNI. 16.617.652-CONTRATO Nº 16.617.652-Resol. 26/11-SERVICIOS 100%), a quienes le habían rendido cuentas de los Microcréditos. El presupuesto Total de la Comisión Nacional de Microcrédito ejecutados y en ejecución por el Consorcio de Gestión de Tucumán Período 2008-2011 fue de $ 16.330.550,00. A la Comunidad India de Quilmes (CIQ) le otorgaron en los Períodos 2008/2009 $ 458.000, 2010 $ 240.00, 2011 $ 610.000 en Total $ 1.334.104,00. El 7 de Julio de 2012 se reunió la CRC a las 10 hs con el contador Mariano Cinquegrani quien pretendió exponer verbalmente la rendición de cuentas del “Proyecto” y manifestó que su secretario estaría a cargo de las documentaciones, motivo por lo cual se negó dejarla a la comisión. La CRC por lo tanto labro un acta ante la negativa del contador Mariano Cinquegrani miembro equipo de trabajo de la oficina de Tucumán de la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), empleado del INAI (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DNI. 25.709.613-CONTRATO Nº 25.709.613 Resol. 26/11- SERVICIOS 100%). de entregar las documentaciones que pertenece a la CIQ.
6- El Programa del Niño de la Montaña de la Fundación UNICEF (The United Nations Children´s Fund) de la Naciones Unidas (ONU) en su Informe Anual de Actividades Argentina 2010 en su Cuadro de Inversiones 2010 figura un gasto por $ 31.167.804.78 (pesos treinta y un millones cientos setenta y siete mil ochocientos cuatro con setenta y ocho centavos) y para el Programa del Niño de la Montaña invirtió $ 222.533.18 (pesos doscientos veinte y dos mil quinientos treinta y tres con 18 centavos). La Comisión Revisora de Cuentas (CRC) informo que el comunero Sergio Rafael Condori no presento la documentación de rendición de cuentas por $ 32.000 (pesos treinta mil) del fiesta del año 2010. También faltaba la rendición a la CIQ de un monto de $ 19.000, lo que cobro el abogado Darío Esteban Abdala miembro del consejo directivo de la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), por la realización los tres talleres. Hasta el día de la fecha la rendición de cuentas por los $ 19.000 no se hicieron y la responsable es la comunera Sonia López actualmente Delegada de Base de Colalao del Valle.
7- Sobre el Programa de Acceso a la Justicia que es un servicio jurídico permanente
a las comunidades indígenas pagado por le INAI. Se pago $ 126.996 por servicios jurídicos del año 2011 de 25 (veinticinco) comunidades indígenas y se pagaría el año 2012 y se estaban haciendo la gestión para 30 comunidades (treinta). Marcelo Ordoñez de la comunidad de Tolombon, Trancas es el Coordinador para el Acceso a la Justicia de todas las comunidades indígenas de Tucumán. La Comisión Revisora de Cuentas (CRC) le informo a la Asamblea que la Fundación ANDHES tampoco entrego la información vía correo electrónico como se comprometió el 1 de Julio de 2012 el abogado Daniel Carlorossi a entregar la rendición por los servicios jurídicos, quien no asistió a la esta AGC. Solo recibieron una nota borrador de la directora ejecutiva lic Josefina Doz Costa de la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), donde detallo en forma sintética el número de 7 causas patrocinadas por dicha Fundación y sus estados procesales judiciales.
8- La Comisión Revisora de Cuentas (CRC) informo a la Asamblea sobre los estados contables de la ventas de entradas para la Ciudad Sagrada o Ruinas de Quilmes, ninguno de los 3 administradores se presentaron a justificar los gastos; la comunera Prof. Yolanda Guitan entro en el 2010 debió rendir los meses de Noviembre y Diciembre de ese año, no presento documentación de los años 2011 y 2012. De la presentación de 2010 a 2011 se realizo un cuadro para la Asamblea que decía: ENTRADAS VENDIDAS: Fecha: 08-11-10 al 31-12-10; $ 3, Nº 11.767, A 16753, Recaudación = $ 14.958. A continuación: $ 5, Nº 198240, A 302.849, Recaudación = $ 523.045. A continuación $ 10, Nº 30.381, A 46.347, Recaudación = $ 159.680. Estado de cuentas según Numeración: $ 697.663. Según Carpetas $ 694.102, Diferencia de $ 3.567. Falta justificar: $ 185.085,60 y $ 3.000 que devolvió el comunero Felipe Antonio Caro al comunero Dante Chaile. Al 31 de Octubre de 2013 la falta de rendición de cuentas los responsables en distintos períodos de la Ciudad Sagrada o Ruinas de Quilmes.
9- Sobre El Proyecto de Maquinarias la Comisión Revisora de Cuentas (CRC) informo a la Asamblea que el responsable era el comunero Isidro Wanca, quien dijo que presento las documentaciones del año 2010, manifestó que la documentaciones del año 2009 ya la había presentado al Consejo de Delegados en su oportunidad y aún no presento la rendición de cuentas del 2011. Del análisis del las documentaciones rendición de cuentas del 2010 dieron como resultado déficit. El análisis de las documentaciones arrojaron que hay cargas virtuales, gastos de hotel, de almuerzos, merienda y no dio recibos de la comunidad; las fechas de los estados contables no coinciden ya que no registra movimientos en créditos. No se puede percibir la realidad ya que rindió gastos no acordes con las documentaciones.
10- La Comisión Revisora de Cuentas (CRC) leyó a la Asamblea un informe sobre el inventario de cosas muebles que hay en la casa obtenido a título de donaciones, legados, compras etc., que hay en la casa de la CIQ. La comisión dejo constancia que se le notifico a la administradora general la comunera Prof. Yolanda Guitan para que presentara el inventario. Ante la falta de repuesta se realizo el inventario con la presencia de la comunera Jesús Bordón con lo cual leyó la planilla confeccionada.
El informe de este análisis de la Comisión Revisora de Cuentas (CRC) el 5 de Agosto de 2012 en la AGC, fue para determinar con precisión en que invirtieron el dinero los responsables con las documentaciones provistas por lo cual se abrió el debate en la Asamblea. Entre las mociones propuestas ese día estuvo la del comunero Felipe Antonio Caro de que los responsables se tienen que hace a un costado. Otra moción fue del comunero Antonio Delfín Gerónimo empleado del INAI (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-DNI. 12.750.161–CONTRATO Nº 12.750.161. Resol. 2486/12–SERVICIOS 100%), que se cumpla con Estatuto (1998) para elegir autoridades cuando en el orden del día no figuraba. La AGC le respondió que él es el primero que no cumple con el Estatuto (1998), especialmente en el TÍTULO DE LAS SANCIONES, PERDIDA DE CONDICION Y DERECHO COMO COMUNERO Y POBLADOR ,Art. 18 que dice: “Los comuneros y pobladores se hacen acreedores a sanciones y pierden su derecho como tal por: los incisos. A- No cumplir las disposiciones del presente Estatuto y Reglamento Interno de la Comunidad India de Quilmes, así como las resoluciones tomadas en las Asambleas o reuniones del Consejo de Delegados. B- El que llevado por sus ambiciones se presente a soberbia o cualquier otro acto de corrupción convirtiéndose en un traidor poniendo en serio peligro el Patrimonio Territorial de la Comunidad. C- Abandonar a su familia sin causa justificada. D- Incumplir de manera deliberada con las obligaciones comunales. D- Realizar dentro de la Comunidad actividades especulativas, de enriquecimiento ilegal, actos reñidos con la moral y que afecten al normal desarrollo de la niñez y la juventud (alcoholismo, prostitución, drogadicción y otros), o tener conflictos legales con la Comunidad”.
El comunero Antonio Vidal Costilla miembro del Consejo de Ancianos pidió la palabra a la AGC para afirmar: “quien camina en la oscuridad tiene el riesgo de terminar solo, contó que participo en muchas comisiones y vio el estado; ahí (esos informes) dice lo que pasa cuando el Cacique no se porta bien. Dijo que esta bien lo que pide el Pueblo de Quilmes porque es un pecado que los hermanos se roben, dijo que en su forma de pensar que el cacique tiene que poner las cosas en claras. Sino se ponen las cosas claras se va a lavar las manos y debe rendir cuentas, ya que el Estatuto de la Ley Indígenas tienen muchas cosas que determinan, que hasta la cárcel pueden ir. Dijo también el anciano de la CIQ, que él manejo muchas veces plata y salió siempre con la frente en alta, si bien todos tenemos errores”.
En la Asamblea se propuso la votación por la continuidad de la Comisión Revisora de Cuentas (CRC), se establecieron sus funciones, que el nuevo órgano de control debe ser independiente del cacique y el consejo de Delegados, se reúna dos veces al mes, los cargos sean rentados, debe estar formado por un representante de cada una de las Bases. La moción de la creación del nuevo órgano de control fue sometida a la votación de los asambleístas y la cual fue aprobada por la amplia mayoría. El comunero Luis Chaile dijo a la AGC, que antes de crearse la Comisión Revisora de cuentas (CRC) existió la Comisión de Finanzas que se le pago sueldos y viáticos a sus miembros. La actual Delegada de Quilmes Centro la comunera Silvana Puntano ese día pidió la palabra a la AGC y dijo que la CRC debe seguir actuando ya que fue la que vio todas las irregularidades en el uso del dinero de la CIQ. Asimismo se dirigió al comunero Delfín Rosendo Gerónimo empleado del INAI (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-DNI. 12.750.161–CONTRATO Nº 12.750.161. Resol. 2486/12–SERVICIOS 100%), y le dijo que el mismo Estatuto (1998) establece en el Art. 18 lo que se debe hacer con los comuneros acusados de las graves irregularidades. La comunera Silvana Puntano le pidió ese día a la AGC que piensen en la aplicación del Art. 18 del Estatuto (1998), a los comuneros corruptos y gran parte de la Asamblea la aplaudió por la moción. Pidió que deban retirarse de los cargos que ocupan solo las personas observadas y que los responsables no pasaron a rendir las cuentas. El comunero Felipe Antonio Caro en ese momento del AGC, presento su renuncia como Delegado de Base de Talapazo. Dijo que le daba vergüenza que los responsables no den la cara, firmando el acta levantada de la AGC hasta ese momento.
Por votación de mayoría de la AGC a partir de ese día, la Comisión Revisora de Cuentas (CRC) se llamaría en adelante Comisión Fiscalizadora de Cuentas (CFC), conforme al Art. 35 inc. B, que debe incluirse como Anexo I al Estatuto (1998) de la CIQ, que quedo redactada de la siguiente manera como se publico: BOLETÍN OFICIAL VERSIÓN DIGITAL TUCUMÁN Fecha: 22/08/2012 Nro de Boletín: 27844 SOCIEDADES / COMUNIDAD INDIA QUILMES POR 1 DIA – COMUNIDAD INDIA QUILMES: (Pers. Jur. N° 441) Asamblea General Comunitaria del 05/08/12: La Comunidad India Quilmes, reunida en Asamblea Soberana, ordena la continuación de las funciones de los miembros de la apercibir, intimar, multar, suspender y/o solicitar ante el Consejo de Delegados y/o Asamblea General, la remoción de los administradores, encargados y los comuneros que bajo cualquier titulo realicen el manejo de fondos de la C.I.Q. y que no presenten rendición documentada de los gastos. E y V 22/08/2012. $83,27. Aviso N° 167.304.Comisión Revisora de Cuentas, como órgano permanente y remunerado de la C.I.Q. , ahora denominada «Comisión Fiscalizadora de Cuentas» (C.F.C) la cual conforme Art. 35, inc «b» se incorpora como – Anexo 1 – del Estatuto Comunitario, y se regirá conforme a las siguientes normas: Art. 1: Funciones: Realizar en nombre de la Comunidad India Quilmes, todos los actos y presentaciones, ante organismos civiles u oficiales, requiriendo antecedentes, informes y/o cualquier otra medida para cumplir su fin. Art. 2: Objetivos: Auditar, fiscalizar y en todas sus formas controlar lo relacionado a la utilización del Patrimonio de la Comunidad; Ingreso y Egreso de dinero de propiedad de la C.I.Q. cualquiera fuere el origen o destino de los mismos, y las personas que lo hubieran utilizado. Art. 3: Funcionamiento: Funcionara y deliberara con 5 (cinco) miembros como mínimo en el territorio de la C.I.Q. llevando libro de Actas en las que volcará sus actuaciones. Art. 4: Facultades: Podrá apercibir, intimar, multar, suspender y/o solicitar ante el Consejo de Delegados y/o Asamblea General, la remoción de los administradores, encargados y los comuneros que bajo cualquier titulo realicen el manejo de fondos de la C.I.Q. y que no presenten rendición documentada de los gastos. E y V 22/08/2012. $83,27. Aviso N° 167.304.
La realidad es que el 5 de Agosto de 2012 nadie llevo ninguna documentación para justificar la rendición de gastos de los dineros faltante; así mismo el tractor que al día de hoy no se encuentra en la casa de la Comunidad como lo resolvió la AGC. Es más, la Comisión de Cuentas (C.F.C.) los notifico a los responsables de los Proyectos por tercera vez. A decir verdad, a esta altura del tiempo a la fecha es muy poco lo que se pudo avanzar la CFC.
La Comisión Fiscalizadora de Cuentas (CFC) el 2 Marzo del 2013 emitió el siguiente comunicado a los comuneros de la CIQ por el hostigamiento y amenazas por parte de la dirigencia denunciada: “Síntesis de la Asamblea General Comunitaria (1º de julio Y 5 de agosto de 2012) y periodo posterior a la misma. Hermano comunero aquí presentamos la síntesis de la Asamblea Comunitaria; (se ha llegado a esta instancia debido a que se ha esperado a todas aquellas personas, que se encuentran involucradas a que regularicen su situación, los mismos no se acercan a dar respuesta: a) El cacique Francisco Chaile no presento, ni rindió el proyecto del Pacto de Hermandad que recibe de la Municipalidad de Quilmes de Buenos Aires, equivalente a 22.000 módulos por mes, que al día de la fecha se hacen un total de 3.168.00 módulos; (se desconoce el valor en pesos de cada módulo); se justifico diciendo que la Sra. Angélica Tena tiene la documentación correspondiente a la rendición, quien se compromete en la primera asamblea a presentarla en un término de 30 días; hasta el día de hoy no cumplió con su palabra. Más cien dólares que el Sr. Caro le dio en calidad de préstamos en el año 2.000. b) La Sra. Fanny Díaz (Administrador de la Ciudad Sagrada) administro $ 50.921,68 derivado de la venta de entrada de enero a julio de 2008 se desconoce el destino del dinero faltante de $ 14.990,70. c) El Sr. Matías Condori (Administrador de la Ciudad Sagrada) administro $ 448.256 derivado de la venta de entrada en los años 2008, 2009, 2010 y se desconoce el destino del dinero faltante por la suma de $ 165.318 (ciento sesenta y cinco mil, trescientos dieciocho). d) El Sr. Gustavo Maita (Administrador de la Ciudad Sagrada) administro $ 196.668 derivado de la venta de entrada en los años 2009, 2010 y se desconoce el destino del dinero faltante de $ 37.771 (treinta y siete mil setecientos setenta y uno). e) El Sr. Miguel Machiarola (Administrador de la Ciudad Sagrada) administro $ 568.713 derivado de la venta de entrada en los años 2008, 2009, 2010 y se desconoce el destino faltante de $ 73.456 (setenta y tres mil, cuatrocientos cincuenta y seis); más la suma de dinero recibida de Área maquinaria de mano del Sr. Pio Moya por un monto de $ 5.914,77. Haciendo un total de $ 79.390,77 (setenta y nueve mil, trescientos noventa con setenta y siete) mas el fondo recaudado por la venta de tres ediciones de libro (Los Quilmes Contamos Nuestra Historia) por el costo de $ 20 cada libro. Fue notificado por diferentes medios y no se presento en la asamblea. f) A pesar del capital que dispusieron los administradores antes mencionados; la CIQ actualmente tuvo que saldar deudas por un monto de $ 38.000 al Sr. Dardo Ríos y $ 25.000 a Sr. Roly Saso de los años 2008, 2009 y 2010 que quedaron adeudando estos señores. g) Según estudio y análisis minucioso, habiendo comparado los ingresos registrados en planillas con la numeración de los talonarios de ingreso o entrada se determino, que hay otro faltante de $ 116.683. h) La Prof. Yolanda Guitan (administradora año 2010-2011 y 2012) administro un monto de $ 1.523.772 (un millón quinientos ventitrés, mil, setecientos setenta y dos) conforme surge de la documentación adjuntada que obra en poder e la CFC; debe justificar un monto de 121.940,75 (ciento veintiún mil, novecientos cuarenta, con setenta y cinco centavos) y se desconoce el destino del dinero faltante. i) En total los préstamos otorgados a loa comuneros de las distintas bases es de $ 76.000 (setenta y seis mil pesos aprox.) no existe documentación con respeto a la devolución de esos préstamos; la mayoría otorgados por autorización del cacique sin consentimiento del consejo de delegados. J) El Sr. Caro devuelve públicamente $ 1.200 (mil doscientos pesos del proyecto Torna Vuelta) y doscientos dólares, e, informa que le presto 100 dólares al cacique en el año 2000 quien nunca devolvió ese dinero. k) Sr. Delfín Gerónimo responsable del proyecto de Cuatro Pueblos por una suma de 54.846 euros = $ 329.076 (trescientos veintinueve, mil, setenta y seis) no presento documentación valida en la rendición. Además es responsable de las ediciones del libro los Quilmes Contamos Nuestra Historia, donde figura como asesor cultural. l) Microcrédito a cargo del CPN Mariano Cinquegrani (ANDHES), quien expreso que el monto que recibió es de $ 1.334.104 (un millón, trescientos treinta y cuatro mil, ciento cuatro); en asamblea de 1º de julio se exige que presente el proyecto en un plazo de 15 días. m) El Sr. Sergio Condori recibió de la CIQ, la suma de $ 32.000 (treinta y dos mil) destinado al proyecto Día de la montaña por UNICEF, el mismo, Condori, se negó sin razón alguna a presentar documentación con respecto al destino de ese dinero. n) Jesús González y Francisco Chaile a cargo de Proyecto Aguas de Quilmes por la suma de $ 844.508,02 en el año 2006, el mismo no fue rendido a la comunidad, la obra, ni, herramientas, ni materiales sobrantes; pero en documentación hicieron figurar que todos los quilmeños tiene riego instalado. o) Vivienda de Talapazo responsable Francisco Chaile (cacique de la CIQ) y Antonio Caro (Tesorero de la CIQ) en el momento de ejecución del proyecto) este proyecto consta de tres partes y se desconoce el monto del mismo, el 1º y 2º desembolso, fue rendido por Caro, antes las autoridades pertinentes para que salga el 3º desembolso, el cual no fue rendido y estaba a cargo del cacique Francisco Chaile, dichas viviendas no fueron concluidas y tampoco se presento documentación alguna a esta comisión. p) Sra. Sonia López a cargo del proyecto Niño Montaña 2011 debe rendir documentación por un valor de $ 19.000 aprox. (taller-artístico). Cabe recordar que el representante legal a todos los proyectos como así también de todo el accionar de la CIQ recae pura y exclusivamente en la figura del cacique, quien debe haber avalado los mismos previa aprobación de la asamblea general comunitaria y/o de los miembros del consejo de Delegados que se encontraba en ese período, por lo tanto son responsables directos de todo lo expuestos anteriormente según el estatuto Art. 30 funciones de delegados Art. Funciones del cacique. Esta comisión comunica que esta siendo hostigada y amenazada y por personas involucradas. Pone a vuestra consideración toda esta situación para que se resuelva para el bien de toda la Comunidad. Una vez más pide a todo el pueblo que tome carta en el asunto ante esta situación; y se termine todo este accionar irregular que afecta a todos los comuneros. Maquinaria hasta el día de hoy el Sr. Isidro Guanca no entrega el tractor a la comunidad a pesar que la Asamblea General Comunitaria Soberana le ordenó que lo hiciera. No justifica y retención de documentación. Nota Recibida: Fecha: 02-03-2013–RUBRICA Y SELLO.–FRANCISCI S. CHAILE—CACIQUE COMUNIDAD INDIA DE QUILMES–SELLO. COMUNIDAD INDIA QUILMES–DEPARTAMENTO TAFI DEL VALLE TUCUMAN–COMISIÓN FISCALIZADORA PERS. JURID. Nº 441
El 23 de marzo del 2013 organizaron una asamblea fraudulenta violando el Estatuto (1998), el cacique Francisco Solano Chaile, la comunera Angélica Laureana Tena de la Agrupación Tormenta Calchaqui Asociación Civil que vive en San Miguel, Provincia de Buenos Aires, pertenece a la Agrupación Tormenta Calchaqui Asociación, con domicilio legal en Alberdi 636, localidad de Muñiz, provincia de Bs As. También trabaja en el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO) cuya directora es la dr. Ángela Marcela Jaramillo del INAI. Los delegados de Base: de el Pichao comuneros Sergio Rafael Condori y Matías Condori, de los Chañares comunero Armando González, de Colalao del Valle comuneras Sonia López y delegada suplente Marisol Benicio. Las delegados de Base: El Bañado las comuneras Norma Tena y la delegada suplente Georgina Bordón, del Paso comuneras Guadalupe Caro y la delegada suplente Gisel Guanca, de Quilmes Centro comunero Oscar Chaile. También participaron José Rafael Díaz el actual delegado comunal de Colalao del Valle, empleado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-DNI. 17.777.426 DECISIÓN ADMINISTRATIVA 194/2012), Guillermo Balderrama del Programa Padre Carlos Cajade- MICROCRÉDITOS, los integrantes por el pueblo diaguita de Tucumán del consejo de Participación Indígena (CPI) del INAI los comuneros Santiago Lindor Mamani y Luis Omar Avalo, el abogado Daniel Carlorosi miembro del consejo directivo y el contador Mariano Cinquegrani miembro equipo de trabajo de la oficina de Tucumán de la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), empleado del INAI (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DNI. 25.709.613-CONTRATO Nº 25.709.613 Resol. 26/11- SERVICIOS 100%) entre otros, quienes intentaron disolver la Comisión Fiscalizadora de Cuentas (CFC). Se solicito mi expulsión el suscripto, Juan Santiago Santos Delegado de la Base Rincón de Quilmes del Consejo de Delegados, del Consejo de Ancianos, como lo intentaron el mismo grupo en mayo de 2011. También aprobaron la suspensión por un plazo de 10 años del comunero Felipe Antonio Caro delegado de la Base de Talapazo, y se fijo la fecha para elección de cacique el 27 de Abril de 2013. Todas decisiones que fueron revocadas en la Asamblea de Delegados por ilegítimas y violatorias del Estatuto (1998), con la presencia del comunero Francisco Solano Chaile cuyo mandato de cacique venció el 8 de Diciembre de 2012 y su prorroga de 90 días el 8 de Marzo de 2013.
El 19 de Octubre del 2012 Martín Sabatella, presidente del Directorio, de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), firmo la resolución Nº 1361/2012 por aprobación del expediente Nº 1326 – COMFER/2005 a nombre de la Comunidad India Quilmes (CIQ) según los establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 en su Arts. 151 y 152, autorizando instalar, operar y poner en funcionamiento una estación de radio. La Ley Nº 26.522 en el TÍTULO IX de Servicios de Comunicación audiovisual de Pueblos Originarios establece que en el Art. 151.- Autorización. Los Pueblos Originarios, podrán ser autorizados para la instalación y funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual por radiodifusión sonora con amplitud modulada (AM) y modulación de frecuencia (FM) así como la radiodifusión televisiva abierta en los términos y condiciones establecido en la presente ley. Y el Art.- Financiamiento. Los servicios contemplados en este título se financiarán con recursos provenientes de: a) Asignaciones del presupuesto nacional; b) Venta de publicidad; c) Donaciones, legados y cualquier otra fuente de financiamiento que resulte de actos celebrados conforme los objetivos del servicio de comunicación y su capacidad jurídico; d) La venta de contenidos de producción propia; e) Auspicio o patrocinio; f) Recursos específicos asignados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. La radio fue una iniciativa de los jóvenes de la comunidad india Quilmes (CIQ), quienes con un subsidio de la Secretaría Nacional de niñez, adolescencia y familia ((SENNAF) pudieron comprar algo del equipamiento.
El 20 Marzo del 2013 el secretario general comunero de la CIQ Delfín Rosendo Gerónimo empleado del INAI (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-DNI. 12.750.161–CONTRATO Nº 12.750.161. Resol. 2486/12–SERVICIOS 100%) de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán (UPNDT) con domicilio legal en calle La Plata 3025, Barrio Lincoln de San Miguel de Tucumán, solicito a la Defensora del Público de Servicios Audiovisual (SCA) lic. Cynthia Ottavino la capacitación, violando el Estatuto (1998) de la CIQ. Desde el 19 de Octubre de 2012 por la resolución Nº 1361/2012 del AFSCA que se otorgo la titularidad del medio de comunicación a la comunidad india de Quilmes (CIQ) Persona Jurídíca 441/2001 de INAI es la propietaria legítima. Por lo tanto la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita Tucumán (UPNDT) no es la propietaria de la licencia, y el secretario general Delfín Rosendo Gerónimo con la lic. Cynthia Ottavino violaron nuevamente el Estatuto (1998). Nuestra Persona Jurídica 441/2001 de la CIQ reconocida por el INAI es declarativa según lo establece el Art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, y no es constitutiva según establece el Código Civil de la Nación Argentina. El INAI lo único que hizo es reconocernos, por lo tanto la Persona Jurídica 441/2001 del INAI es sujeto de derecho según lo ordena la Constitución Argentina. La licencia de la radio desde el 19 de Octubre del 2012 se incorporo al patrimonio del CIQ según lo establece nuestro Estatuto (1998), en el Título: Del Patrimonio, art 41 inc. D)- Bienes muebles y todo bien que se adquiera por cualquier título (donaciones, legados, compras etc.). Por lo tanto es competencia del Consejo de Delegados de Bases y Cacique designar mediante resolución a: 2 directores, 1 responsable de área de gestión de recursos y 1 responsable de área Técnica según los establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522. El artículo 151 es un precepto declarativo, que se cumple a través del AFSCA que es el organismo de Aplicación y Control creado por la respectiva ley que tiene que cumplir la ley. La defensoría del Pueblo de Sevicios Audiovisual (SCA) acepto la solicitud de dicho apoyo, siendo designada el área de Capacitación y Promoción como responsable de la formación integral de la emisora. El 1 de Junio del 2013 en la escuela provincial Nº 213 de Quilmes Centro, el equipo de capacitación de la defensoría coordinada por su director Ernesto Lamas, realizo una jornada de formación para el equipo de jóvenes de CIQ que gestionaron la radio. Durante esa jornada participaron otros jóvenes de zonas vecinas, que tienen alguna experiencia en la producción, operación técnica y conducción de radios privadas. También participaron autoridades escolares, el coordinador del AFSCA Tucumán Hugo Sánchez y la abogada la abogada Mariela Flores Llampa nacida en la Base de Talapazo, que vivió con su familia en Villa de Mayo provincia de Bs. As, integrante de la Comisión de Jurista Indígenas de la República Argentina (CJIRA); ella trabaja en el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), cargo que le fue designado por la dra María José Lubertino actual legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El programa de actividades de ese sábado 1 de Junio consistieron: 1- Conocer a los participantes de la comunidad que se responsabilizan de la gestión integral de la radio. 2- Realizar un diagnóstico de necesidades y conocer las condiciones desde la que parte el colectivo de la radio. 3- Conocer las dimensiones de la gestión (política, económica, comunicacional y organizacional) de la radio comunitaria. 4- Presentar experiencias de emisoras similares para tener pistas de programación, proyectos, organización interna. 5- Facilitar la elaboración de un plan de trabajo para 2013 y 2014 con objetivos, responsables, tiempos y compromisos del equipo de la radio y del equipo de la defensoría. 6- Aportar información sobre la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522 y la Defensoría del Público de SCA.
El 6 de Julio de 2013 se publico en internet en el espacio de Emisoras Comunitarias un comunicado del secretario general de UPNDT el comunero de la CIQ Delfín Rosendo Gerónimo empleado del INAI (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-DNI. 12.750.161–CONTRATO Nº 12.750.161. Resol. 2486/12–SERVICIOS 100%), informando sobre la Radio Origen 90.1, como la primera radio de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (UPNDT), que comenzó sus transmisiones en comunidad de Quilmes, provincia de Tucumán. La Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) le había otorgado mediante la Resolución N° 1361/2012 “el canal 211, frecuencia 90,1 MHz., categoría ‘F’, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación técnica vigente y con la señal distintiva LRQ399” a finales de 2012. Esto fue en el marco del artículo 151 de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según un informe de la Defensoría del Publico que acompaño con varias capacitaciones a quienes van a gestionar la radio y estuvo presente en Quilmes para el lanzamiento de la emisora, “las transmisiones comenzaron desde el escenario de la Escuela N° 213 Cacique Martín Iquín, institución que alberga los estudios de la flamante emisora. Al acto de celebración del 197° aniversario de la declaración de la Independencia le siguieron las palabras de Delfín Gerónimo, Secretario General de la UPNDT empleado del INAI (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-DNI. 12.750.161–CONTRATO Nº 12.750.161. Resol. 2486/12–SERVICIOS 100%), del Cacique Francisco Solano Chaile y de Mariela Flores, Asesora legal de la UPNDT. Texto del comunicado: La comunidad diaguita de Quilmes avanzo en la definición de normas de funcionamiento y de organización para el funcionamiento de Radio Origen, a las que Emisoras Comunitarias pudo tener acceso. En sus puntos más salientes, define que: “De acuerdo a lo establecido en el Art 1 de su Estatuto Comunitario, que establece que la CIQ “se regirá por el mismo, en todo lo que se refiera a su régimen cultural social, económico, formas de gobierno, y a los derechos y obligaciones de la comunidad y sus miembros”, Que en el Art 5 del mismo Estatuto establece que “la Comunidad India Quilmes conforme su plan de desarrollo integral, adoptara diversas formas de organización económica fundamentalmente con la formación de cajas comunales y el apoyo a las iniciativas particulares de los comuneros y redactará sus dispositivos y reglamentos propios, los que deberán ser aprobados por el Consejo Comunal de Delegados”. Que en sus Art. 6, 7, 8, 9, y 10 establece objetivos que dan fundamento al presente reglamento. Que el AFSCA asigno a la CIQ una frecuencia autorizando la instalación de una radio FM en su ámbito territorial. Que la comunidad ha gestionado los recursos para la compra del equipamiento. Que para procurar el buen funcionamiento y la sostenibilidad de la radio es necesario establecer normas de funcionamiento y establecer responsables, se dicta el presente Reglamento de Manejo Radial. 1.- la titular del medio de comunicación es la organización Comunidad India Quilmes, PJ 441 con domicilio en Quilmes, Colalao del Valle, provincia de Tucumán. 2.- El Consejo de Delegados y Cacique de la CIQ designaran mediante Resolución: 2 Directores, 1 Responsable de Área Gestión de Recursos 1 Responsable de Área técnica.” La radio es una iniciativa de los jóvenes de esa comunidad que han podido avanzar en la compra de parte del equipamiento con un subsidio de la Secretaria Nacional de niñez, adolescencia y familia (SENNAF).
En el comunicado donde asumió funciones jamás delegadas por el Consejo de Delegados de la CIQ le falto al comunero Delfín Rosendo Gerónimo citar en primer lugar que la licencia de la radio según nuestro Estatuto (1998) se incorpora al patrimonio del CIQ según establece en el título: Del Patrimonio, Art 41 inc. D)- Bienes muebles y todo bien que se adquiera por cualquier título (donaciones, legados, compras etc.). El Art 41 inc. D esta en concordancia con los Art. 1- La cosmovisión de nuestro Pueblo Indígena, basados en el respeto a los elementales principios de la Nación Diaguita Calchaquí, a la naturaleza y la armonía de vivir el hombre dentro de ella, es que nos reafirmamos como la Comunidad India Quilmes, preexistente a la invasión española con usos y costumbres ancestrales reconocidos en la nueva Constitución Nacional, Art. 75 inciso 17 y 22, como así también la ley nº 23.302 de apoyo a las comunidades aborígenes y otros reconocimientos de organismos internacionales, como el convenio 169 de la O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo), de las Naciones Unidas. Por lo tanto se regirá por el presente estatuto, en todo a lo que se refiere a su régimen cultural social, económico, formas de gobierno, y a los derechos y obligaciones de la comunidad y sus miembros, Art. 3- La Comunidad India Quilmes es una institución de existencia real, legal y Personería Jurídica de derecho natural y consuetudinario al amparo de las leyes y la Constitución del Estado Argentino, y Art. 4- La Comunidad India Quilmes es la única organización que tiene capacidad de decisión sobre el dominio y administración de las tierras y todo lo que es su patrimonio o territorio. En segundo lugar en comunicado menciona que es responsabilidad del Consejo de Delegados de Bases y Cacique designar mediante resolución a: 2 directores, 1 responsable de área de gestión de recursos y 1 responsable de área Técnica. Lo que no menciono en el comunicado es según lo manda el art. 24: El Consejo de Delegados es el órgano responsable del Gobierno y la administración de la Comunidad, siendo su máximo representante el Cacique, el Art. 27- Las sesiones del Consejo de Delegados son Ordinarias y Extraordinarias, La Ordinarias se realizarán cada 15 días y las Extraordinarias cada vez que sean necesarias y serán convocadas por el Cacique, o el Consejo de Delegados ya sea por resolución propia o por pedido de algún comunero, las mismas tendrán validez con la mitad más uno de sus miembros, salvo en asuntos referidos a elección de postulantes a cacique o patrimonio que requerirá el 75 % de asistencia de sus miembros como mínimo, violando el Estatuto (1998) por que no existe el acta para nombrar las autoridades de la radio. El Art. 29- Las sesiones del Consejo de Delegado deberán ser registradas en libros de actas y firmado por los Delegados asistentes. Es decir en el caso de la Radio Origen como bien mueble del patrimonio de la CIQ con el 75 % de los delgados se deben elegir las autoridades y técnicos de dichas radio, violando de nuevo el Estatuto (1998). En tercer lugar en el comunicado dijo que según las exigencias del AFSCA y no es así, sino según los establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522; el AFSCA es sólo el organismo de Aplicación y Control creado por la respectiva ley: el AFSCA no es la Ley. Por lo tanto violando el Estatuto eligieron el personal de la radio sin aprobación de los 75 % de los delegados, es decir la firma de 21 Delegados de Base en el primer paso y la aprobación de la Asamblea General Comunitaria Ordinaria (AGC) el segundo paso definitivo, Art. 35- sobre las Funciones de la Asamblea General Comunitaria: inc. A) Recibir, aprobar o desaprobar todos los informes de gestión del Gobierno Comunitario, así como de las diferentes Comisiones de Trabajo, cosa que no se realizo hasta hoy 31 de Octubre de 2013. En cuarto lugar en el comunicado el comunero Delfín Rosendo Gerónimo secretario general de la UPNDT dijo 6 de julio de 2013 estuvo presente la abogada la abogada Mariela Flores Llampa nacida en la Base de Talapazo y vivió con su familia en Villa de Mayo provincia de Bs. As, quien integra la Comisión de Jurista Indígenas de la República Argentina (CJIRA); ella trabaja en el Instituto Nacional Contra la Discriminación (INADI), cargo que le fue designado por la dra María José Lubertino actual legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asesora legal de la UPNDT y no de la CIQ. Llamo la atención de las ausencias de los representantes legales del cacique Francisco Solano Chaile por una parte, los cuestionados abogados Valentina García Salemi, Marcos Torres, Daniel Carlorosi, Carlos Gustavo Paliza, ex directores ejecutivos Gabriel Pereira Darío Esteban Abdala, Daniel Weisemberg entre otros de la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), y por otra parte el abogado Alfredo Eduardo Nieva actual cacique de Amaicha del Valle, no matriculado en el Colegio de Abogados de Tucumán sino en el Colegio de Abogados de Capital Federal, nombrado mediante poder otorgado por cacique Francisco Solano Chaile el 14 de Junio de 2004 ante el Juzgado de Paz de Colalao del Valle a cargo del Juez de Paz Titular Adolfo Zalazar: ESCRITURA PÚBLICA NUMERO CATORCE.- PODER GENERAL PARA JUICIOS: En COLALAO DEL VALLE, Departamento de Tafí del Valle, Provincia de Tucumán, República argentina a CATORCE días de JUNIO de DOS MIL CUATRO ante mi ADOLFO ZALAZAR, Juez de Paz Titular y testigos al final firmados a falta de Escribano Público, comparece don FRANCISCO SOLANO CHAILE, quien se identifica con DNI nº 10.227.227 argentino, mayor de edad, persona para este acto de mi conocimiento doy fé, con domicilio real en EL PASO de ésta jurisdicción- En el carácter de CACIQUE de la COMUNIDAD INDIA QUILMES. y EXPONE: Que confiere PODER GENERAL PARA JUICIOS A favor del Dr. ALFREDO EDUARDO NIEVA-ABOGADO-DNI nº 21.333.041- para que actuando en su nombre y representación, intervenga en todos los asuntos y causas judiciales, administrativas que el presente tenga pendientes o en adelantos se le susciten y en las que fuera parte como actor, demandado o interesado.- Al efecto, que el/la mandatario facultado para presentarse ante la autoridades judiciales y administrativas que correspondan, con escritos, petitorios, títulos y demás documentos, pudiendo iniciar juicios, intervenir en los que estuvieran en trámites y proseguirlos, ratificar actuaciones, hacer y ampliar denuncias de bienes, pedir nombramiento de administrativas, rematadores y demás peritos, poner y absolver posiciones, decir de nulidad, simulación o fraude, comparecer a juicios o comparendos verbales, prestar cauciones judicatorias reales o personales, constituir y aceptar finanzas, intervenir en incidentes, tercerías y demás instancias, transigir y rescindir transacciones, cobrar, percibir y dar recibos, pedir aclaratoria, recusar, prorrogar y declinar jurisdicciones preventivas y definitivos, inhibiciones y sus levantamientos, conceder quitas y esperas, acordar términos, pedir devolución y desglose en documentos, efectuar transferencia de fondos, tomar posesiones—aceptar versiones y renuncias de derechos, desistir de las acciones y de los derechos, solicitar la quiebra o el concurso civil de sus deudores morosos, con facultad para asistir a Juntas de acreedores, verificar créditos, otorgar y firmar los instrumentos públicos y privados que fuera menester y practicar cuantos más actos, gestiones y diligencias sean necesarios y conducentes al mejor desempeño del presente mandato.- Previa lectura y ratificación firma el compareciente y los testigos por ante mi de todo doy fé.- JOSÉ RAFAEL DÍAZ DNI nº17.777.426 y don VÍCTOR ALBERTO MOYA- DNI nª 14.700.081.- ambos mayores de edad, argentinos, personas hábiles para este acto de mi conocimiento doy fé, con domicilio real en: COLALAO DEL VALLE, Departamento de Tafí, Provincia de Tucumán.- Esta escritura sigue a la número –TRECE- que termina a fojas QUINCE del Protocolo de Escrituras Públicas a cargo de Juzgado de Paz.- Fdo: FRANCISCO SOLANO CHAILE-JOSÉ RAFAEL DÍAZ- VICTOR ALBERTO MOYA- A. SALAZAR (Juez de Paz) hay un sello.- Para su mandatario se expide esta primera copia que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento. La Radio Origen 90.1 es desde el 6 de Julio de 2013 manejada por la denunciada dirigencia de la CIQ, para tergiversar la verdad a nuestra Comunidad y la opinión pública, para tapar los hechos de corrupción con un doble discurso.
El 6 de Junio de 2006 se aprobó en la Carta Magna de la Provincia de Tucumán, Sección VIII, Capítulo QUINTO-Derechos de Comunidades aborígenes el Art. 149- La provincia reconoce la preexistencia étnico-cultural, la identidad, la espiritualidad y las instituciones de los Pueblos Indígenas que habitan en el territorio provincial. Garantiza la educación bilingüe e intercultural y el desarrollo político cultural y social de sus comunidades indígenas, teniendo en cuenta la especial importancia que para estos Pueblos reviste la relación con su Pachamama. Reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regulará la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisibles ni susceptible de gravámenes o embargo. Asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Se dictaran leyes que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos consagrados en este artículo. La reforma parcial de Constitución de Tucuman (2006) fue ampliamente apoyada por los abogados de la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) Darío Esteban Abdala, Daniel Carlorosi, Carlos Gustavo Paliza entre otros, el Grupo FOGÓN ANDINO de docentes y alumnos de la UNT integrado por: la abogada Cecilia Argañaras, la ing. agrónoma Ana Cecilia García Salemi, el estudiante de arquitectura Santiago Camuña, la ing. agrónoma María Florencia Benimelli, la médica Andrea María Lascano, Eugenio Vallve, Josefina Páez, Patricio Mollar, etc. La abogada Silvina Zimmerman de la Fundación Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el abogado Oscar Flores profesor de Derecho Constitucional de la UNT, hoy relator de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el abogado Alfredo Eduardo Nieva de la Asociación Civil Comisión Juristas Indígenas de la República Argentina (CJIRA), hoy cacique de Amaicha del Valle, la dra. Viviana Canet de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Los profesores e investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la lic. María Eugenia Zurita de García Salemi de la Cátedra de Antropología Social y Cultural, Facultad de Filosofía y Letras presidenta de la Fundación Centro de Estudios de Regiones Secas (C.E.R.S), la lic. Josefina Racedo de CERPACU Instituto de Rescate y Revalorización del Patrimonio Cultural, Facultad de Filosofía y Letras, la lic. Jorgelina García Azcárate de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, ex Directora de la Dirección de Patrimonio Histórico y Antropológico dependiente de Estado de la Provincia de Tucumán, ex Directora del Instituto de Arqueología y Museo (IAM) de UNT, el lic. Carlos Alberto Aschero presidente de la Fundación Tiempos, ex Director del Instituto de Arqueología y Museo, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, hoy director honorario, vicedirector del Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). El presidente premio Nobel de la Paz arq. Adolfo Pérez Esquivel de la Fundación de Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), el lic. Víctor Hugo Ataliva Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, del Instituto de Arqueología y Museo, el director comunero mapuche Jorge Nahuel de la Dirección de los Pueblos Originarios y Recursos Naturales Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Nación y el Dr. profesor Alberto Rex González de Córdoba. En Febrero de 2006 las comunidades indígenas de Tucumán, presentaron un informe a la Asamblea elaborado por la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), con el asesoramiento técnico jurídico de la Fundación Poder Ciudadano en 2004. En el año 2005 la Fundación Poder Ciudadano era dirigida por Consejo Honorario: Teresa Anchorena, Víctor García Laredo, Mona Moncabillo, Manuel Mora y Araujo, Luis Moreno Ocampo, Marta Oyhanarte. Consejo de Administración Presidente: Carlos Facal, Vicepresidente: Renato Meyer. Vocales: Delia Ferreira Rubio, José Ignacio García Halminton, Mempo Giardinelli, Silvina Gvirtz. Dirección Ejecutiva: Laura Alonso. Área Construcción de Ciudadanía – Responsables de proyecto: María Batch. Asistentes: Guillermo Hawk, Ana Egido, María de los Ángeles Aponte. Consejo de Área Construcción de Ciudadanía: Gustavo Gamallo, Manuel Garrido. Carmen Olaechea, Vicente Matamoro. www.poderciudadano.org. La Fundación Poder Ciudadano pertenece a las siguientes Redes Internacionales: 1- Transparencia Internacional (TI): única organización no gubernamental (ONG) dedicada a escala mundial dedicada a combatir la corrupción, congrega a la sociedad civil, al sector privado y los gobiernos en una vasta coalición global. www.transprency.org. 2- Red Interamericana para la Democracia (RID): integrados por Compañeros de las Américas (EE.UU.); Asociación Conciencia y Fundación Poder Ciudadano (Argentina); Corporación Participativa (Chile); Instituto de Investigación y Autoformación Política (Guatemala) y Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes (Colombia), con más de 250 miembros en 24 países. www.redinter.org. 3- Acuerdo Lima: es una red de movimientos cívicos de América latina y Caribe, constituida por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, comprometida con el fortalecimiento de la democracia. www.acuerdolima.org. 4- Proyecto Internacional del Presupuesto (IBP) del centro sobre Presupuestos y prioridades Políticas (CBPP) asiste a ONGS. www.inernationalbudget.org. 5- Fundación Avinia es una red de líderes de la sociedad civil y del sector empresario que impulsan iniciativas por el desarrollo sostenible en Iberoamérica. www.avinia.net. 6- Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA): es una entidad intergubernamental autónoma cuya misión es apoyar a los Estados de la región en sus procesos de reforma a la justicia. www.cejaméricas.org. 7- Red Puente: es una alianza internacional integrada por organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la Responsabilidad Social Empresaria y Apoyada por la agencia de Cooperación al Desarrollo, NOVIB y fondos públicos de Holanda. www.redpuentes.org.
Miembros de la Fundación Poder Ciudadano los días 26 y 27 de junio de 2004 estuvieron, en Tafí del Valle reunidos con las comunidades indígenas. El 10 de julio de 2004 se reunió con la comunidad indígena de Amaicha de Valle, el 4 y 5 de Septiembre de 2004 en el Nogalito, dpto. de Lules. En todas estas localidades el objetivo fue brindar apoyo técnico jurídico para la redacción del documento que fue incluido en la reforma parcial de la Constitución. El 22 de Diciembre de 2004 la Legislatura tucumana sanciono la ley Nº 7.469, cuyo artículo 2º declaro la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial u autorizo a la Convención Reformadora a considerar la inclusión de los “Derechos de Comunidades aborígenes”. Art. 2- IV “Agregados: La convención convocada al efecto podrá considerar la incorporación en la Constitución de la Provincia de Tucumán de los siguientes temas y/o Instituciones (…) 7. Tutela legal y Justicia Eficaz… h)- Derechos de comunidades indígenas. Todas estas 3 actividades en Tafí del Valle, Amaicha del Valle y el Nogalito, los traslados y organización de los eventos, fueron financiadas a la Fundación ANDHES Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) por medio de un subsidio gestionado por la Fundación Poder Ciudadano, a la Nacional Endowment dor Democracy (EE.UU.) de $ 2.025 (dos mil veinticinco). El coordinador por la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) fue Darío Esteban Abdala. En la Memoria del año 2005 la Fundación Poder Ciudadano describió su actividad realizada en 2004 en Tucumán. Contexto de implementación y acciones emprendidas por la Fundación Poder Ciudadano Memoria 2005: Pese a que los derechos indígenas están reconocidos por la Constitución Nacional y que los tratados internacionales, en especial el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre «Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes» fueron ratificados por la República Argentina, estos no fueron incorporados en la Constitución de la Provincia de Tucumán. En el marco de un proceso de organización interna de las comunidades indígenas de Tucumán, en el que se discutieron diversos temas relacionados su situación socioeconómica, se consideró relevante analizar la participación de estas comunidades en la vida cívica-política de la provincia. A partir de esta iniciativa que la organización local Fundación ANDHES y Poder Ciudadano decidieron plantear a un grupo de líderes indígenas la incorporación de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Carta Magna Provincial. Con ese propósito la OSC local concertó con los representantes de las comunidades indígenas locales una actividad para elevar a los constituyentes una recomendación ciudadana sobre los derechos de las comunidades autóctonas. Para poder realizar dichos encuentros, Poder Ciudadano derivó fondos del Nacional Endowment for Democracy para cumplir con dicho objetivo. Como parte de ese proceso se realizaron actividades en las comunidades indígenas de Tafí del Valle (26 y 27 de junio de 2004) y Amaicha del Valle (10 de julio de 2004) en las que se planteó la iniciativa y se discutió con las comunidades los derechos que serían incluidos en la Constitución Provincial, así como las estrategias a seguir para llevar adelante dicho plan. En estos encuentros participaron también miembros de otras comunidades como Tolombón e India Quilmes. Todos los dirigentes indígenas consensuaron sobre la importancia de que los derechos indígenas fueran incorporados en la próxima reforma constitucional y aprobaron la propuesta de que el espacio creado por el Encuentro de Comunidades Indígenas sea el espacio de reflexión y discusión sobre la situación de los indígenas, tanto lo relacionado con la Constitución Provincial como con otros temas. Las conclusiones de estos encuentros fueron: 1- Se debe trabajar fuertemente con acciones concretas para lograr la incorporación del Derecho de los Pueblos Originarios en la Constitución de la Provincia de Tucumán. 2- Se destacó especialmente que esta fue la primera vez en la historia que todos los pueblos indígenas de la provincia se podían reunir para tratar temas de vital importancia e interés común. 3- Se debe diseñar una estrategia de comunicación y vinculación con los medios de comunicación en la que se identifique claramente cuales serán los temas que se abordarán públicamente así como los mecanismos para la difusión de los Encuentros de Comunidades. 4- Se decidió rotar la sede de los encuentros, dando prioridad a aquellas comunidades que recién están organizándose como un medio para favorecer su consolidación 5- Se identificó que el problema central y común para todas las comunidades indígenas son los conflictos por el territorio comunitario. También se destacó que generalmente el Estado no apoya la defensa de los derechos de los pueblos indígenas cuando ellos entran en conflicto con otros sectores sociales y económicos (terratenientes, reforma educativa de acuerdo con la cosmovisión de los pueblos indígenas). 6- Se debe trabajar fuertemente en capacitar a los dirigentes indígenas sobre derecho, en especial el derecho indígena. 7- El 4 y 5 de Septiembre, 2004 se realizó un segundo encuentro en la comunidad de El Nogalito para dar seguimiento a las acciones y acuerdos de la primera reunión y discutir el documento sobre los derechos indígenas que se propondrá incorporar en la Constitución de la Provincia de Tucumán. Las principales dificultades identificadas en esta experiencia estuvieron asociadas a la dificultad para reunir a los representantes de las distintas comunidades en un mismo lugar pues las comunidades no cuentan con recursos económicos para poder viajar a otros lugares de la provincia. Como una de las acciones para el fortalecimiento de esta iniciativa Poder Ciudadano contactó al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), con quien se mantuvo una reunión en la que se le entregó un borrador del texto que se quiere incorporar en la Constitución Provincial y se le solicitó apoyo financiero para el seguimiento del proceso a través del Proyecto Desarrollo de Comunidades Indígenas del INAI. Paralelamente se gestionaron alianzas estratégicas con distintos sectores de la sociedad y legisladores tucumanos. Resultados obtenidos Se realizó un documento con los consensos generales sobre derechos indígenas. El documento sirvió como base para redactar la ley de elecciones para convencionales constituyentes. Sectores participantes y vínculos establecidos En esta actividad participaron Fundación ANDHES, 16 comunidades indígenas y Poder Ciudadano (brindando apoyo técnico-político) Recursos invertidos Poder Ciudadano aportó $ 2.025 del National Endowment for Democracy para la organización de los eventos y traslado de los participantes y Fundación Andhes destinó una persona de su staff para coordinar el proyecto. La Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) además del subsidio de la Nacional Endowment dor Democracy (EE.UU.) de $ 2.025 (dos mil veinticinco), recibió otros subsidios de las Fundaciones Ford Argentina y AVINIA.
Desde 6 de Junio de 2006 el Estado de Tucumán debe cumplir y hacer cumplir la Constitución de la Provincia en toda la provincia el Art. 149 y especialmente el derecho que afirma que “La provincia garantiza el desarrollo político cultural y social de sus comunidades indígenas”. Debe asumir todas las facultades que le otorga la presente Constitución (2006) en uso de la soberanía no delegada, no pueden adoptar disposiciones ni delegarla implícita ni explícitamente en otros poderes o particulares para evitar que los lobbys político-jurídico provinciales, nacionales e internacionales por nosotros denunciados, que a través de las ONGs que en complicidad con organismos y funcionarios nacionales y provinciales actúan para sus propios beneficios, interfiriendo sobre el destino de nuestro pueblo comunero de la CIQ violando la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de Tucumán y los Tratados Internacionales hasta la fecha. Nuestra Constitución de Tucumán establece en Art. 3º- La Provincia de Tucumán, parte integrante de la nación Argentina, con los límites que por derecho le corresponden, en uso de la soberanía no delegada, organiza su gobierno de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y Art. 3º- Los poderes que esta Constitución establece, no pueden adoptar disposiciones en su contra ni ejercer otras atribuciones que las que las mismas les confiere, ni delegarla implícita ni explícitamente en otros poderes o particulares. El acto realizado en virtud de la delegación es nulo, y los jueces no podrán aplicarlo. Las responsabilidades de la violación pesan solidariamente sobre los que han ejercido y consentido la delegación. Por eso el Estado de Tucumán tiene prohibido por nuestra Constitución de la Provincia, delegar implícita o explícitamente en otros poderes como por ejemplo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ni ONGs como la cuestionada Fundación ANDHES entre otras, que forman parte de lobbys político-jurídico provinciales, nacionales e internacionales que han violado el Art. 149 que han impedido el desarrollo político cultural y social de nuestra comunidad indígena, con tantos hechos de corrupción denunciados por nosotros. Los comuneros de la Base de Rincón de Quilmes pertenecemos desde 1990 a la Personería Jurídica de la Asociación Civil sin Fines de lucro COMUNIDAD INDIA QUILMES Resolución Nº 34/90 IGPJ de la Provincia de Tucumán de fecha de 02/09/1990, formada por Quilmes Bajo, Quilmes Medio y Rincón de Quilmes. Desde 2001 integramos también, la COMUNIDAD INDIA QUILMES (CIQ) persona jurídica Resolución INAI 441/2001 con su Estatuto (1998). A partir del 6 de Junio de 2006 cuando se aprobó en la Carta Magna de la Provincia de Tucumán las 2 Personas Jurídicas se encuentran bajo la órbita del Estado de Tucumán de acuerdo al Art. 149- Reconoce la personería jurídica de sus comunidades, y nuestro Estatuto (1998) adquirió rango constitucional provincial. Por lo tanto debe escuchar las denuncias de la Base de Rincón de Quilmes, por que son de sus competencias actuar de oficio e iniciar las investigaciones preliminares mediante veedores provinciales que fiscalicen a la actual dirigencia de la Comunidad India Quilmes (CIQ). Desde 18 de Abril de 2004 hasta nuestros días ellos han impedido lograr nuestro desarrollo político cultural y social de nuestra comunidad indígena después de 12 años de tantos hechos de corrupción por nosotros denunciados en la AGC del 1 de Julio del 2012. El Estado de Tucumán tiene que cumplir con lo que manda expresamente el Art. 149- Se dictaran leyes que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos consagrados en este artículo. El área ejecutora de la ley 26.160 designada por el Ejecutivo Provincial es la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de Tucumán, en consonancia el Art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y Art. 149 de Constitución Provincial. Secretaría que estuvo a cargo del dr. Daniel Posse hasta que asumió como vocal de la Suprema Corte de la Provincia, cargo fue ocupado hasta hoy por el ing. Humberto Rava quien también debe resguardar nuestros derechos humanos como ciudadanos, investigando el accionar de los lobbys político-jurídico provinciales, nacionales e internacionales a través de las ONGs.
De estas sumas de dinero que reclamo la AGC con el informe de la Comisión de Cuentas (CRC) el 1 de Julio de 2012, falta saber el destino de otras sumas y que se cuentan en millones de dólares y de la cual no tenemos documentación probatoria en mano. Pero sabemos de la donación de la Fundación Kellogs de EE. UU. de U$S 500.000 (quinientos mil), que fue manejado por el comunero Delfín Rosendo Gerónimo empleado del INAI (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-DNI. 12.750.161–CONTRATO Nº 12.750.161. Resol. 2486/12–SERVICIOS 100%).
También falta el informe sobre el “Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.) Ejecución Ley 26.160”, que se gastaron más de $ 4.000.000 (cuatro millones). En la provincia de Tucumán el Equipo Técnico Operativo (ETO) descentralizado estuvo a cargo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a cargo de la abogada Andrea Carolina Guraiib Directora de la Unidad de Negocios de la UNT (UNE), y del delegado suplente por los diaguitas David Hernán Sánchez del Pueblo de Tolombon, Trancas. El sábado 5 de Diciembre de 2009 se presento el Equipo Técnico Operativo (ETO) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) para informar cuales iban a ser las metas e instancias del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.CI) en la casa de la CIQ. La invitación a esta reunión de la UNT fue realizada por los promotores del relevamiento el comunero Felipe Antonio Caro de Talapazo para la CIQ y la comunera Marta Alvarez de la comunidad indígena de la Angostura, el Mollar, presidenta de la Organización de Mujeres Diaguitas. El ETO de la UNT venía de trabajar en Potrero Rodeo Grande, dpto. de Trancas. La comunera Marta Alvarez trabajo en el relevamiento de Anfama, dpto. de Tafí Viejo, Potrero Rodeo Grande y Lara en Trancas. El cacique Francisco Solano Chaile, quien se había reunido previamente en Tucumán el 9 de Noviembre con el dr Daniel Ricardo Fernández presidente del INAI que vino por pedido de la diputada nacional la abogada Stella Maris Córdoba, para reunirse con las autoridades provinciales por el relevamiento. En la CIQ se presento parte del equipo del ETO de la UNT que formaban las tres áreas que intervendrían en el relevamiento: la coordinación general a cargo de la ing. Viviana B. García Cote, el área legal a cargo del abogado Rubén Gómez, el área socio-antropológica a cargo de la lic. Josefina Racedo de CERPACU Instituto de Rescate y Revalorización del Patrimonio Cultural, Facultad de Filosofía y Letras y de la lic. Patricia Elena Arenas de la Facultad de Ciencias Naturales- Instituto Miguel Lillo (actualmente coordinadora del área social del relevamiento territorial del INAI). La tercera área era de ingeniería y agrimensura a cargo del ing. agrimensor Carlos Alberto Giobellina. En representación del INAI participaron Federico Casinelli como su representante regional, Martín Andrade responsable del Re.Te.CI. del NOA, los comuneros Delfín Rosendo Gerónimo empleado del INAI (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-DNI. 12.750.161–CONTRATO Nº 12.750.161. Resol. 2486/12–SERVICIOS 100%), José Rafael Díaz el actual delegado comunal de Colalao del Valle, empleado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-DNI. 17.777.426 DECISIÓN ADMINISTRATIVA 194/2012), y Jorge Daniel Aimaro representante del INAI Regional (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-DNI. 16.617.652-CONTRATO Nº 16.617.652-Resol. 26/11-SERVICIOS 100%), entre otros. También ese mismo día se presento en Rodeo, Tafí del Valle en la comunidad indígena de Tafí del Valle el Equipo Técnico Operativo (ETO) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), para informar cuales iban a ser las metas e instancias del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.CI) por la lic. Patricia Elena Arenas de la Facultad de Ciencias Naturales- Instituto Miguel Lillo (coordinadora del área social del relevamiento territorial del INAI).
Actualmente en la Justicia Federal de Tucumán, el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones Antonio Gustavo Gómez inicio de oficio y realizo una actuación preliminar, a raíz de un informe de la Auditoria General de la Nación (AGN), porque se habría realizado una presunta maniobra fraudulenta en perjuicio del estado en el relevamiento territorial en Tucumán, por el rector de la UNT contador Juan Alberto Cerisola, la abogada Andrea Carolina Guraiib Directora de la Unidad de Negocios de la UNT (UNE) y de la ing. Viviana B. García Cote a cargo de la coordinación general del ETO. Este equipo esta integrado por 11 profesores y 10 pasantes estudiantes de la UNT, 7 integrantes de comunidades indígenas y dos administrativos que van a ser investigados para ver el grado de compromiso por el presuntos delito tipificada por el Art. 174, Inc. 5 del Código Penal (defraudación en perjuicio del Estado de la Nación Argentina), el cual dispone una pena de 2 a 6 años de prisión al que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública». El viernes 2 de noviembre de 2012 el diario El Siglo de Tucumán, publico con el título: La Justicia Federal investiga a la UNT por el uso de fondos para relevamiento territorial. La casa de altos estudios recibió más de un millón de pesos de la Nación para ejecutar un relevamiento de 19 comunidades indígenas con asiento en Tucumán, lo que no se concretó. Sospechan de una maniobra fraudulenta contra el Estado. Apuntan como presuntos responsables al rector Cerisola y a otras dos funcionarias. Avanza en la Justicia Federal de Tucumán una causa penal que involucra a autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Se trata de una investigación sobre el manejo presuntamente irregular de los recursos que el Gobierno nacional remitió entre 2009 y 2011 a la casa de altos estudios para ejecutar un Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Aborígenes, el cual nunca se concretó. El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones, Antonio Gustavo Gómez, inició una causa de oficio y realizó una actuación preliminar, a raíz de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que fue reflejado por la prensa, advirtiendo sobre el incumplimiento contractual en el que incurrió la UNT. De acuerdo a las actuaciones, que ya fueron tramitadas al fiscal federal Carlos Brito a los fines de que concrete la instrucción del caso, se habría concretado una presunta maniobra fraudulenta en perjuicio del Estado nacional por más un millón de pesos, en la que estarían implicadas autoridades universitarias. Conforme reza el expediente, caratulado «Auditoría General de la Nación s/denuncia pública p.s. Defraudación en Perjuicio del Estado Nacional (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas-INAI)”, el plan mencionado «fue el objeto contractual principal del convenio celebrado entre la UNT y el INAI, a ejecutarse en un total de 19 Comunidades Indígenas con asiento en nuestra provincia». La causa preliminar, a la que EL SIGLO tuvo acceso, advierte que «en virtud de ese convenio, la Universidad recibió los fondos asignados a la provincia de Tucumán por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en los años 2009, 2010 y 2011, en el marco de un convenio que tenía por objeto un programa de relevamiento territorial de comunidades indígenas; recibió los fondos pero no llevó a cabo las tareas por y para las cuáles estaban destinados», agregó Antonio Gómez en su escrito. Además, se detalla que, conforme a las notas periodísticas que reflejaron el informe emitido por la AGN, «surgiría que el nivel de ejecución del programa escasamente habría alcanzado (hasta julio pasado) el 5 por ciento y que los fondos recibidos, que habría superado el millón cien mil pesos, no fueron rendidos por el INAI». A continuación, el fiscal general recordó que «este Instituto era el encargado del relevamiento, para cuya tarea había suscripto un convenio con la UNT. Esta tarea no fue realizada y completa la maniobra de defraudación», acotó. En el marco de la investigación preliminar, Gómez ordenó el libramiento de sendos oficios a la AGN y al INAI, «a fin de que cada organismo informe sobre el dinero que habrían recibido la provincia de Tucumán y la UNT en el marco del Plan» y sobre «el detalle del grado de ejecución cumplido de dicho programa y las rendiciones de cuentas efectuadas». También Gómez requirió a la Dirección General de Administración del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación un «informe completo de las objeciones formuladas a la rendición de cuentas que habría hecho la UNT». Dinero sin destino claro. De acuerdo al informe que la AGN remitió al fiscal federal, respecto al desarrollo del plan en la provincia de Tucumán, «no consta ejecución alguna del convenio» y que «sí está documentado que recibió un desembolso de $1.152.259. Dicho desembolso se hizo en tres etapas: $1.021.263 en fecha 20/7/2009; $80.996.00 en fecha 01/02/2010; $50.000,00 en fecha 07/01/2011», detalla la denuncia que Gómez dejó en manos de Brito. Además, advierte, respecto al mismo informe, que «no consta en toda la documentación ninguna rendición de ninguna de las partidas de dinero recibidas», al tiempo que recuerda que «la unidad ejecutora estuvo a cargo de la UNT por el convenio firmado con el INAI el 22 de noviembre de 2008» y que implicaba «la tarea de relevar 19 comunidades». Sin embargo, Gómez advierte que «actualmente está rescindido el convenio», que «se están relevando sólo a tres comunidades pero en forma centralizada, por un acuerdo con la Unión Diaguita» y que «no consta en la documentación reunida la realización de tareas de seguimiento ni control. Tampoco se tomaron medidas correctivas ante la falta progresiva de resultados de gestión», agrega el expediente judicial. Presuntos responsables. Según el fiscal federal general, «a partir del análisis de las pruebas y sin perjuicio de lo que surja de una posible investigación», una de las personas que «prima facie aparecen como responsables del hecho que se investiga», es «Juan Alberto Cerisola, quien en su función de Rector de la UNT firmó el convenio y fue quien, previamente a la firma, ‘armaba’ todos los instrumentos del proyecto en base a los cuales se determina el contenido final del convenio». Gómez también apuntó como posible sospechosa a «Viviana García Coté, quien es responsable en su carácter de Coordinadora General del Proyecto ‘Programa Provincial’ en Tucumán para llevar adelante el relevamiento territorial de comunidades indígenas». Además, requirió a Brito que investigue a «Andrea Guraib, Directora de la Unidad de Negocios de la UNT (UNE), quien gestionó y firmó documentos para el inicio de la ejecución del programa, incluidos un alta de beneficiarios de pagos, constancia de AFIP, autorización de pagos del Tesoro Nacional y la apertura de una cuenta corriente». Según Gómez, Guraib, en declaraciones a la prensa, «asume como propia la responsabilidad de rendir cuentas y dar explicaciones» respecto al uso de los fondos y su rendición. En este sentido, el fiscal advirtió que la funcionaria «afirma que Tucumán recibió una sola partida de dinero, cuando surge de la documentación que hubo tres (envíos)». Por otro lado, el funcionario sostuvo que «hay que tener en cuenta que se ha formado un equipo importante de trabajo, que engloba a once profesionales, diez pasantes alumnos de la Universidad, siete integrantes de comunidades indígenas y dos administrativos, para desarrollas las tareas que nunca se cumplieron», aunque aclaró que «la investigación es prematura aún para determinar grados de responsabilidad de cada una de estas personas». El tipo delito para Gómez, «surge del estudio de estas actuaciones, que las personas mencionadas como responsables, de las condiciones personales referenciadas, entiendo que la conducta desplegada por los mismos se encuentra tipificada por el Art. 174, Inc. 5 del Código Penal (defraudación en perjuicio del Estado de la Nación Argentina), el cual dispone una pena de 2 a 6 años de prisión al que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública». También consideró que «de las actuaciones incorporadas en autos se desprenden que estarían presentes los elementos para iniciar una investigación de mayor envergadura, que implique declaraciones indagatorias de los responsables, en torno al tipo legal mencionado». Según el funcionario judicial, las autoridades de la UNT habrían cometido un «ardid (necesario para configurar una defraudación) que estuvo en la firma del convenio para lo cual las personas indicadas como posibles imputadas, realizaron una ‘falsa representación’ de que asumirían el compromiso del programa de trabajo. En esa representación podemos mencionar todos los documentos preparatorios para la firma del convenio definitivo», explicó. Respecto al daño ocasionado al Estado nacional, Gómez sostuvo que «el perjuicio que debe configurarse (para constatar la existencia de una defraudación) también está presente: Se trata de un detrimento del patrimonio público, en la suma de $1.152.259 (pesos un millón ciento cincuenta y dos mil, doscientos cincuenta y nueve). Este monto debe ser actualizado para tener una idea apropiada del gravamen causado, ya que estamos a más de 3 años de la maniobra», completó el fiscal.
Después que la UNT rescindió el contrato con el INAI, la primera semana de Julio del 2011 el presidente del Instituto Nacionales de Asuntos Indígenas (INAI) dr. Daniel Ricardo Fernández celebró un convenio para continuar con el relevamiento territorial con el defensor del Pueblo arq, Hugo Cabral y el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia ing. Humberto Rava con la presencia de el Defensor Adjunto CPN Roberto Sollazzi, el Defensor Adjunto CPN Joaquín Ferre y Martín Andrade responsable del Re.Te.CI. del NOA. El 14 de Julio de 2011 se firmó en la defensoría del Pueblo de Tucumán el Acta Acuerdo de la creación de la “Mesa de Dialogo Interinstitucional por los Pueblos Originarios”, para la defensa, protección y promoción de los Pueblos Originarios, entre el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) S.E. Dr. Antonio Estofan, el Vocal de la Corte Suprema S.E. Dr. Daniel Posse, el defensor del Pueblo arq. Hugo Cabral, el Defensor Adjunto CPN Joaquín Ferre, ing. Humberto Rava secretario de Derechos Humanos de Tucumán, con la presencia del comunero Santiago Mamani como represente de Consejo de Participación Indígena (CPI) por 17 Pueblos Indígenas, el contador Jorge Daniel Aimaro representante del INAI Regional (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-DNI. 16.617.652-CONTRATO Nº 16.617.652-Resol. 26/11-SERVICIOS 100%), la lic Josefina Doz Costa directora ejecutiva de la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), la comunera Margarita Mamani del Mollar, los abogados Teresa Ivankov representante en Tucumán del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Carlos Garmendia del Observatorio de Derechos Humanos en Tucumán, funcionario del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación (MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS-CUIL. 20-23.117.211-5-CONTRATO 0278C2011-ENMIENDA-RE-48-DEDICACIÓN-100%), Alfredo Eduardo Nieva cacique de Amaicha del Valle y Gonzalo García de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia.
El 25 de Abril de 2012 los vecinos de las localidades de Colalao del Valle, El Nogalito, Potrero Rodeo Grande, Gonzalo, Rearte Sur y Tacanas Chicas me invitaron a participar en una Audiencia Pública en la defensoría del Pueblo de Tucumán. La reunión se hizo con las siguientes autoridades: el defensor de Pueblo de Tucumán arq. Hugo Cabral, el Defensor Adjunto CPN Roberto Sollazzi, el Defensor Adjunto CPN Joaquín Ferre, la dra Viviana Inés Grossman y el dr. Esteban Nader. Al comienzo de la reunión en determinado momento ingresaron y salieron rápidamente del salón, el comunero David Hernán Sánchez de Tolombon, Trancas y la lic Josefina Doz Costa directora ejecutiva de la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), al ver el gran número de personas. Antes de comenzar contamos con la presencia del periodista de informativo de Canal 8 quien filmo el comienzo de la Audiencia Pública y luego al final le realizo una entrevista al defensor del Pueblo. En esa Audiencia Pública escuche los testimonios de los vecinos convocados donde le entregamos una carta al defensor firmada en forma conjunta, en la cual le recordábamos entre otros cosas en su misión y obligación de proteger los Derechos Humanos de todos los tucumanos. Después que expusieron todos los vecinos de las distintas localidades yo hable al final, donde los informe ampliamente de cual es la realidad actual de la “Institución la CIQ”. Le mostré la documentación probatoria de la denuncia de la tala y venta de madera, realizada por el cacique Francisco Solano Chaile que se tramito ante el director arq. Daniel Ricardo Manso del Departamento de Recursos Naturales – Dirección de Flora y Fauna, fotocopias del expediente que me pidió la dra. Viviana Grossman y aún no me lo devolvió. En esa oportunidad le pregunte al arq. Hugo Cabral de los $ 4.000.000 (cuatro millones) del relevamiento territorial que era para Quilmes. Me contesto que la defensoría del Pueblo firmo un convenio con el INAI por $ 1.800.000 (un millón ochocientos mil), pero el costo iba a ser un poco más de $ 2.200.000 (dos millones doscientos mil). También solicite su participación y de los abogados de la defensoría en calidad de observadores para AGC del 1 de Julio de 2012, a lo cual se excuso diciendo que la defensoría no puede inmiscuirse en los asuntos internos de la comunidad. En el domicilio de la defensoría del Pueblo calle Balcarce 64 funciona la oficina de la delegación INAI-TUCUMÁN, ahí atendía el representante regional Federico Casinelli, hoy a cargo de la parte Social de del PAMI, en su reemplazo asumió José Ramos. Trabajan en el Equipo Técnico Operativo (ETO) de la defensoría del Pueblo de Tucumán José Ramos actual representante del INAI, la lic. Patricia Elena Arenas de la Facultad de Ciencias Naturales- Instituto Miguel Lillo coordinadora del área social del relevamiento territorial del INAI, el lic Víctor Hugo Ataliva, Eduardo Tritten empleado del INAI, Mariano García, Juan Domingo Tarifa, la abogada Jorgelina Fontdevila como asesora del grupo legal, la comunera Natalia Guanca, el ing. Martin Yanicelli, el comunero Tony Cruz, la lic. Milay Correa entre otros.
En del 29 de Julio de 2013 el Encuentro Nacional de Pastoral Aborigen del Episcopado Argentino (ENDEPA) de la comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) de la Conferencia Episcopal Argentina con la adhesión de: Consejo Plurinacional Indígena, Observatorio de los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), Red Agroforestal Chaco Argentino (REDAF), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Instituto de Cultura Popular (INCUPO), Asociación para la promoción de la Cultura (APCD), Asociación para la promoción de la Cultura (APCD), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) – Equipo Pueblos Originarios, Fundación para el desarrollo en justicia y paz (FUNDAPAZ), Asociación de Abogados de los Pueblos Indígenas (ADEPI), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Central de Trabajadores Argentina (CTA), Secretaría de Relación con Pueblos Originarios, Fundación de acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte (ASOCIANA), Asamblea de los Derechos humanos (APDH) – Oran (SALTA), Oficina de Derechos Humanos – Hijas de María Auxiliadora (ARO) publicaron un estudio sobre el relevamiento territorial bajo el título: “Nueva Advertencia sobre la inejecución de la ley 26.160. La brecha entre las declaraciones y la realidad en materia de derechos territoriales indígenas”. En un resumen del extenso estudio hecho por nosotros, del Encuentro Nacional de Pastoral Aborigen del Episcopado Argentino (ENDEPA) de la comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) de la Conferencia Episcopal Argentina en el cual informan que la ley 26.160 (2006) destino $ 10.000.000 (diez millones) por año, durante los años siguientes de 2007, 2008, 2009 por un total de $ 30.000.000 (treinta millones) que fue observado por la Auditoria General de la Nación (A.G.N.) en 2011. Luego se promulgo la ley Nº 26.554 (2009) prórroga la suspensión de los desalojos para continuar con relevamiento hasta el 2013, se destino $ 10.000.000 (diez millones) adicionales por cada uno de los tres años posteriores 2010, 2011, 2012 en total $ 30.000.000 (treinta millones). Desde la sanción de la ley Nº 26.160 se destinaron un total de $ 60.000.000 (sesenta millones). A mediados del 2011 (época en que se realizo la inspección sobre el INAI por A.G.N.) solo se había concluido con el relevamiento de las tierras del 4,22 % del país y se habían gastado $ 24.500.000 (veinticuatro millones quinientos mil).
Aclaramos que el informe de la A.G.N. fue publicado por el diario Clarín el 21 de Julio de 2012 como noticia de nota y tapa principal con el título: “El Gobierno debía censar a todas las comunidades de país. Pero sólo llego al 4.22 %. Y no se sabe que pasó con el 60% del dinero usado”. Informe que fue publicado por La Gaceta a fines de Julio de 2012, posteriormente el viernes 7 de Septiembre de 2012 el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dr. Daniel Fernández, estuvo en Tucumán y disertó en la audiencia pública por la reforma del Código Civil y Comercial que se realizó en la Legislatura. Allí a La Gaceta, el funcionario adelantó que en diciembre se cumple el plazo para que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) rinda cuentas acerca de la administración del $ 1,1 millón que le giró el Estado nacional para hacer el relevamiento de las comunidades indígenas que viven en Tucumán: «Si tienen todos los papeles en orden, imagino que no tendrán dificultades al proceder con la rendición de cuentas», sostuvo Fernández de manera tajante. El defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella que tiene abierta una delegación en la provincia que funciona en calle Balcarce 64 domicilio de la defensoría del Pueblo de Tucumán, ya había advertido en una nota de La Gaceta que la UNT estaba obligada a responder por los fondos públicos que le giraron en 2009 para ejecutar el programa. El 17 de Septiembre de 2012 por el diario La Gaceta la abogada Andrea Carolina Guraib, Directora de la Unidad de Negocios de la UNT (UNE) le replico al dr. Daniel Ricardo Fernández sobre los conceptos vertidos, en el que sugirió que el funcionario kirchnerista podría haberse equivocado de provincia a la hora de realizar una evaluación del programa nacional. «Quizás se haya equivocado de provincia, dado que Tucumán no cuenta con 50 comunidades indígenas con personería, por lo menos hasta 2009; hasta ese momento sólo estaban registradas 19, de las cuales 16 participaban del relevamiento. Tampoco corresponde a la jurisdicción de Tucumán la suspensión de aportes, ya que Tucumán tuvo un sólo desembolso y fue el 3 de agosto de 2009».
El estudio del Encuentro Nacional de Pastoral Aborigen del Episcopado Argentino (ENDEPA) de la comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) de la Conferencia Episcopal Argentina informa que una comunicación del propio INAI del 24 de Junio de 2012 detalla que son 17 comunidades a relevar en Tucumán (aclaro que el convenio del UNT, mencionado por A.G.N. se refiere a 19 comunidades). Los resultados a 6 años de la ley 26.160 en Tucumán, de 19 comunidades a relevar, 6 comunidades son relevadas con un porcentaje de 31,58 %. Mientras que el nivel de avance del programa a nivel nacional el porcentaje resulta inferior del 25 %. Es decir que según las propias informaciones brindadas por el INAI a 6 años de la sanción de la ley 26.160 solo se avanzo en una cuarta parte de la tarea a realizar, porcentaje que esta muy lejos del triunfalismo exhibido en el comunicado oficial (3 informes mencionados en el 2012). El 13 de Julio de 2012 el INAI le comunica al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que 6 son las comunidades relevadas en Tucumán. Luego el 2 de Septiembre de 2012 el mismo organismo le informo a la Asociación Abogados/as de Derecho Indígenas (AADI) de que son 5 las comunidades relevadas en Tucumán. El resultado del informe del 2 de Noviembre del 2012 del INAI al Observatorio a Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) son 6 las comunidades relevadas en Tucumán. Las distintas cantidades de comunidades relevadas en Tucumán según el INAI son 5 o 6, pero que corresponde a una porcentaje aproximado de 31,58 %.
Aclaro que el 15 de Octubre de 2013 la Unión de la Nación Pueblos Diaguitas de Tucumán (UPDNT), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el defensor del Pueblo de Tucumán arq. Hugo Cabral, de acuerdo a lo acordado con el Gobernador de la Provincia de Tucumán José Jorge Alperovich, elaboraron borrador de proyecto de Ley. Según ellos el relevamiento técnico jurídico catastral de la defensoría del Pueblo de Tucuman está en la etapa final. El borrador de proyecto de ley se lo presentaron al diputado nacional camporista Jesús Salim. El borrador de proyecto de ley contempla la transferencia de tierras fiscales que actualmente ocupan la Comunidades Indígenas de Tucumán según mandan los Art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional (CN) y el art. 149 de la Constitución Provincial y Tratados Internacionales. Según el estudio del Encuentro Nacional de Pastoral Aborigen del Episcopado Argentino (ENDEPA) de la comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) de la Conferencia Episcopal Argentina las comunidades relevadas que informo el INAI a la Asociación Abogados/as de Derecho Indígenas (AADI) el 2 de Septiembre de 2012 de que son 5 y al Observatorio a Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) 2 de Noviembre del 2012 son 6. Es decir que el defensor del Pueblo de Tucumán arq. Hugo Cabral, después de 1 año del informe de INAI en Tucumán ya se han relevado las 13 o 14 comunidades indígenas que faltan.
Aclaro este punto que con el informe de la A.G.N. del año 2011 sobre los $ 30.000.000 (treinta millones) de los años 2007, 2008, 2009 se pago el relevamiento de las tierras de El Nogalito, Mala Mala del dpto. de Lules y Potrero Rodeo Grande, dpto. de Trancas realizado por el ETO Central del INAI (Bs. As.), estando pendientes la confección de las carpetas técnicas. El presupuesto del convenio firmado con ETO-UNT en 2008, era de $ 1.992.328 para desarrollarlo en un plazo de 18 meses. Según el informe de la A.G.N. fue rescindido por la UNT en 2010 por pedido al INAI de modificación en el apartado V del convenio firmado, sobre la Responsabilidad de las partes, como colorario del accidente del 8 de Marzo del 2010, en la localidad de Hualinchay. Fue un accidente donde se desbarranco la 4×4 conducida por el ing. agrimensor Carlos Alberto Giobellina, donde perdieron la vida el ing. agrimensor Francisco Yanicelli y el comunero Rosalino Rasguido de la Comunidad indígena de Chasquivil. El otro punto a modificar del convenio fue que la UNT solicito un aumento de presupuesto según el informe de INAI a la AGN (2011). Aclaro que el 13 de Noviembre el Consejo Superior de la UNT se reunió para escuchar el informe de la abogada Andrea Guraiib directora de Unidad de Negocios (UNE) el informe elevado al rector contador Juan Alberto Cerisola sobre el trabajo realizado el relevamiento y los uso de los fondos de destinados para dicha tarea. En esa reunión el director de Auditoría Interna de la UNT José González, explico que los dos motivos que menciona el informe de A.G.N. de la información dada por el INAI, no se ajusta a la verdad, porque “el motivo por el cual nosotros (la UNT) nos vimos obligados a rescindir este convenio, es porque querían responsabilizar al rector de los planos de los terrenos indígenas que abarcaban propiedades de personas particulares que dicen ser dueños de esos terrenos”. La controversia, explico González al Consejo Superior, fue el motivo que la UNT se abstenga de “intervenir en un conflicto de intereses entre privados y terrenos indígenas. Pero no por motivos de dinero o, por cuestiones de cuentas”. Otras de las tantas mentiras del INAI a la A.G.N. Planteo el siguiente interrogante cuales son las 2 o 3 restantes comunidades que relevo la defensoría del Pueblo de Tucumán desde la firma del convenio con el INAI la primera semana de Julio de 2011, rendición de cuentas que deben estar dentro de los $ 30.000.000 (treinta millones) correspondientes a los años 2010, 2011, 2012.
El estudio del Encuentro Nacional de Pastoral Aborigen del Episcopado Argentino (ENDEPA) de la comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) de la Conferencia Episcopal Argentina a continuación informa que de acuerdo a la leyes 26.160 y 26.554 el INAI debe administrar $ 60.000.000 (sesenta millones). Por requerimiento de la ODHPI a fines del año 2012 el INAI informa haber utilizado solo aproximadamente un tercio de esa suma en transferencia a los Equipos Técnicos Operativos (ETO). Al ETO de Tucumán (defensoría del Pueblo de Tucumán) fue de $ 1.246.046 (un millón doscientos cuarenta y seis mil con cuarenta y seis), la última transferencia el 21/3/2012. Acá planteo otro interrogante de cuanta es la plata que se va gastando. Si la UNT rescindió el contrato (2010) sin realizar ningún relevamiento y hay abierta una de la Justicia Federal de Tucumán de oficio por $ 1.152.259 (un millón ciento cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y nueve), el informe de la A.G.N. sobre el INAI (2011) afirma que fueron relevadas la tierras de El Nogalito, Mala Mala del dpto. de Lules y Potrero Rodeo Grande, dpto. de Trancas por el ETO Central del INAI de Bs. As. sin determinar cuanto fue lo que gasto. Posteriormente dice el INAI ante distintos requerimientos que son 2 o 3 comunidades las relevadas en Tucumán por la defensoría del Pueblo de Tucumán a partir del 2011, los deben ser de ella los $ 1.246.046 (un millón doscientos cuarenta y seis mil con cuarenta y seis), sobre un valor de convenio de $ 1.800.000 que terminaría en $ 2.200.000 un poco más como afirmo el defensor arq. Hugo Cabral el 25 de Abril de 2012. Si aún falta relevar 13 o 14 comunidades de un total de 19 alcanzara con un saldo de convenio de $ 553.954 o $ 953.954. El estudio del Encuentro Nacional de Pastoral Aborigen del Episcopado Argentino (ENDEPA) de la comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) de la Conferencia Episcopal Argentina continua informando de lo gastado a nivel nacional, que arroja una cifra final de $ 19.893.832 (diecinueve millones ochocientos noventa y tres mil ochocientos treinta y dos) según INAI. Pero a la Asociación Abogados/as de Derecho Indígenas (AADI) le informo una cifra final $ 20.076.409 (veinte millones setenta y seis mil cuatrocientos nueve) con una diferencia de $ 182.576 (ciento ochenta y dos mil quinientos setenta y seis), en el cual no incluyo al informe la última transferencia a la provincia de Misiones de $ 1.441.678 (un millón cuatrocientos cuarenta y uno con seiscientos setenta y ocho), que hace un total para dicha provincia de $ 1.624.254 ( un millón seiscientos veinticuatro mil doscientos cincuenta y cuatro). Según estas cifras aclaro que la cifra final es de $ 21.518.087 (veintiún millones quinientos dieciocho mil ochenta y siete). El Encuentro Nacional de Pastoral Aborigen del Episcopado Argentino (ENDEPA) de la comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) de la Conferencia Episcopal Argentina continúa informando que la Universidad Nacional de Lanús (UNLs) entre el año 2007 y 2012 recibió en concepto de “cooperación y asistencia técnica” por el relevamiento $ 22.329.339 (veintidós millones trescientos veintinueve mil trescientos treinta y nueve). Según el INAI seleccionaron esta Universidad Nacional porque tenían una cátedra moderna de Georeferenciamiento, con aportes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), el colegio de agrimensores y antropólogos para el informe histórico antropológico.
El estudio del Encuentro Nacional de Pastoral Aborigen del Episcopado Argentino (ENDEPA) de la comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) de la Conferencia Episcopal Argentina continua informando que los resultados a 6 años de ley 26.160 de un total de 1578 comunidades a relevar a nivel nacional, solo se relevaron 197, con un porcentaje de 12.48%. El estudio concluye afirmando: “Es decir que del total del presupuesto del relevamiento ($ 60.000.000) se ha verificado al menos la utilización del 76,41 % del mismo ($ 45.847.327) para el relevamiento de sólo 24 % de las comunidades, de las cuales únicamente el 12,48 % del total ha sido concluido efectivamente”.
Aclaro que la Fundación Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presidida por Horacio Verbitsky no se adhirió al estudio del Encuentro Nacional de Pastoral Aborigen del Episcopado Argentino (ENDEPA) de la comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) de la Conferencia Episcopal Argentina. En Noviembre de 2009 la abogada Valentina García Salemi hizo publico que la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) acudió a la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) en representación de 10 comunidades indígenas de Tucumán a fin de que solicite al Estado Argentino la inmediata adopción de medidas cautelares con el objeto de derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Paradójicamente el objetivo fue para “evitar que continúen siendo expuestas a daños irreparables para su vida, integridad personal, derecho comunitario a la propiedad y su identidad cultural”. El 18 de Enero de 2012 la lic Josefina Doz Costa directora ejecutiva de la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), el dr. Juan Manuel Salgado director ejecutivo del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI integrada por la lic. Vasca en Historia del Arte Patricia Borraz Fernández y el jurista vasco Mikel Berraondo López de la Fundación ALMACIGA, con sedes en Madrid, Navarra y Colombia, el premio Nobel de la Paz arq. Adolfo Pérez Esquivel, el senador nacional Fernando Pino Solanas, Víctor De Gennaro entre otros, el dr. Gastón Chillier director del Fundación Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), solicitaron mediante escrito al Sr. Santiago Cantón (1889 F. Street N. W. Washington, D C 2006) Secretario Ejecutivo del la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de Audiencia, en los términos del artículo 66 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar sobre la situación general de los pueblos originarios en la República Argentina en 144 Período de Sesiones. El viernes 23 de Marzo de 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una “audiencia especial” para abordar la situación de los pueblos indígenas en la Argentina. Paradójicamente “el objetivo de esa audiencia fue para poner en conocimiento la grave situación en las que viven los miembros de los distintos pueblos indígenas” figura en la solicitud realizada por el por la Fundación Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y el Observatorio de Derechos humanos de Pueblos Originarios (ODHPI). La Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) esta dirigida por la directora ejecutiva lic. Josefina Doz Costa, sus anteriores directores desde 2002 fueron los abogados Gabriel Pereira y Darío Esteban Abdala. El Consejo Directivo formado por los abogados: Darío Esteban Abdala, Lourdes Bascary, Valentina García Salemi, Gabriel Pereira, Fernanda Doz Costa, Andrés Reynoso, Emma Andrea Arias, Lucía Doz Costa, Andrés Garmendia, Daniel Carlorosi. El Consejo Asesor esta formado por los profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) Mary Beloff, Martín Bähmer, Viviana Krsticevic, Claudia Lopéz, Alicia Noli, Pedro Roldan Vázquez, Roberto Saba, Daniel Taillant. El responsable de la oficina de Tucumán Ezequiel Ascoeta, el reponsable de la oficina de Jujuy Andrés Reynoso. El responsable comunicación Sebastián Lorenzo Pisarello. El equipo de trabajo de la oficina de Tucumán los abogados Ana Laura Abdala, Daniel Aguirre, Cecilia Argañaras, Alan Austin, Mariano Cinquegrani, Federico Díaz, Lorena Lefreve, Ana Laura Stemayer, Matías Lorenzo Pisarello, Fernanda Marchese, Carlos Gustavo Paliza, Marina Perl, Marcos Torres, Daniel Weisemberg. El equipo de trabajo de la oficina de Jujuy los abogados Guillermo Ahrendts, Mariela Almiron, Cintia Natalia Cisneros, Luciana Eichenberger, Natcha Freijo, Julieta Landriel, Andrea Quintos.
El nombre de Quilmes y de Tucumán, empezó aparecer en la agenda internacional de distintos organismos. En el 2010 aparece en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con sede en Suiza, en el informe de: Situación de Cumplimiento del Convenio Nº 169 por parte del Estado Argentino y en particular el Estado Tucumano. El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas el abogado James Anaya, egresado de la Universidad de Harvard estuvo en nuestro país entre el 27 de Noviembre y 8 de Diciembre 2011. El Relator de la ONU estuvo en Buenos Aires se reunió representantes de Neuquén, Río Negro, Jujuy, Salta y Formosa, y con comunidades de pueblos originarios en la provincia de Neuquén, Jujuy y Formosa. En las provincias de Neuquén, Salta, Jujuy, y Formosa se reunió con los representantes de los gobiernos provinciales, razón por la cual no pudimos hablar con él para denunciar a la dirigencia de la “Institución de la CIQ”. El 4 de Julio de 2012 en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en el Consejo de Derechos Humanos 21º de sesiones, Tema 3, Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales, incluido el derecho al desarrollo, se leyó el Informe del relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, del Dr. James Anaya, Adicción: “La situación de los pueblos indígenas en Argentina”. El informe solo menciona a la comunidad de Amaicha del Valle y destaca el proyecto de instalación de una bodega comunitaria, panales solares, desarrollo de los bosques etc. En el informe central del 4 de Julio de 2012 del Dr. James Anaya en la ONU, de la comunidad india de Quilmes (CIQ) no hace ninguna mención. En el Apéndice: Resumen de información y alegaciones proporcionadas por representantes de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas al Relator Especial sobre Derechos de los pueblos indígenas solo menciona un informe de la Unión de Pueblos Diaguita describiendo el desalojo de Colalao del Valle. Pero el 2 de Diciembre la lic. Josefina Doz Costa de la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), a través de medio afines de comunicaciones alternativos dijo que le entrego un informe en el cual denunciaba entre otras cosas a la minería de cielo abierto y la no aplicación de la ley 26.160, pero no figura la en el citado informe del Dr, James Anaya en la ONU (2012). La Fundación Amnistía Internacional de Derechos Humanos de la que forma parte de su secretariado la abogada Fernanda Doz Costa de la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Sociales (ANDHES), en Mayo (2011) emitió un comunicado denunciando el desalojo de 4 familias de Colalao del Valle. Por eso en mi entrevista con el periodista Juan Manuel Asis de La Gaceta que fue publicada el viernes 13 de Mayo de 2011 denuncie que antes los últimos acontecimientos de violencia en Colalao del Valle que: «…Queremos sanear el nombre de nuestra comunidad, porque Quilmes está dando vueltas por todos lados. Se habla de nosotros como si fuéramos todos ladrones y usurpadores…No podemos apoyar ningún tipo de violencia. Hay gente que salió a decir en los medios del país que eran unas 40 familias de quilmeños las que fueron desalojadas, cuando en realidad, quilmeños no había ni uno ahí, sino que son toda gente de afuera…Recibimos dinero, pero fue malversado por el cacique y los pocos miembros del Consejo; se fue entre las fundaciones, contadores, abogados y asesores…».
La Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) dirigida por la directora ejecutiva lic. Josefina Doz Costa con el consejo directivo, todos los equipos de abogados de las provincias de Tucumán y Jujuy, asociados con la Cátedra libre de Pueblos Originarios de la UNT dirigidos por las licenciadas María Eugenia Zurita de García Salemi de la Cátedra de Antropología Social y Cultural, presidenta de la Fundación Centro de Estudios de Regiones Secas (C.E.R.S) y Olga Liliana Sulca de la Cátedra de Prehistoria de la Carrera de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, auspiciada por la legisladora tucumana Marta Elena Zurita, el Grupo FOGÓN ANDINO de docentes y alumnos de la UNT algunos de sus integrantes son la abogada Cecilia Argañaras, la ing. agrónoma Ana Cecilia García Salemi, el estudiante de arquitectura Santiago Camuña, la ing. agrónoma María Florencia Benimelli, la médica Andrea María Lascano, Eugenio Vallve, Josefina Páez, Patricio Mollar, etc y la Fundación Amnistía Internacional de Derechos Humanos de la que forma parte de su secretariado la abogada Fernanda Doz Costa miembro del consejo directivo de la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) en todo este tiempo se han encargado de desinformar a la opinión pública de nuestra realidad de la CIQ, a través de los medios de prensa alternativos como CONTRAPUNTO dirigido por el periodista Sebastián Lorenzo Pisarello y El Equeco dirigido por FOGON ANDINO, y desde la Radio Abierta que funciona en el Resto Bar Rayuela de calle Chacabuco 540. Nuestra realidad de la CIQ se repite a largo y a lo ancho de nuestro país y de América latina por el accionar de los lobbys político-jurídico provinciales, nacionales e internacionales a través de las ONGs que actúan para sus propios beneficios.
El 17 de Febrero de 2011 en la página webs Indymedia Argentina, se publico un artículo de autoría de Miguel Soto que fue Nota y Título: El gran negocio de las ONGs con los Pueblos Originarios: Es interminable la lista de las ONGs y Asociaciones Civiles que cada día tramitan ante la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ) la personería Jurídica para ejercer a tal fin, y nunca se conoce donde terminan los fondos que manejan y manipulan a nombre de los pueblos indígenas. La realidad es que la mayoría finalmente funciona con o sin personería, pero sin autorización ni conocimiento de ningún pueblo indígena. Lo que es peor, es que la autorización de un pueblo o una comunidad, no es un requisito en IGJ para que se les otorgue la habilitación, puesto que los pueblos no son reconocidos como pueblos y las comunidades tampoco. Hoy es muy común encontrar a muchas organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles, representando intereses de comunidades y pueblos originarios ante el Estado y organismos nacionales, algunas con la finalidad de colaborar, otras con aciertos y muchas otras con desaciertos de gravísimas consecuencias para nosotros. Éstas funcionan en nuestro país dentro del marco legal de asociaciones civiles, situación legal que nunca fue parte de tratamiento de las increíbles promociones de políticas publicas de ningún gobierno de turno, como la de reconocerlos verdaderamente con personería de orden publico. Lo mas terrible es llegar hasta la incongruencia total, como la del propio Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que para que la fiesta de la falta de reconocimientos, reivindicaciones o reparaciones de la denostada problemática de los pueblos originarios continúe en la supina ignorancia general y de esta manera el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, mandamás del INAI, maneje a su antojo el destino de los dueños de la tierra, con el beneficio de unos cuantos en desmedro de millones de aborígenes. Son los mismos que generaron políticas conquistadoras para que este caldo de cultivo heredado de la sangre de las devastaciones de los colonizadores sobreviviera quienes lanzaron con bombos y platillos la resolución de la creación un registro nacional de organizaciones dedicadas a tal fin, con la complicidad de algunos grupos de indígenas comprados, hoy (los indios K), invirtiendo millones de pesos de los ciudadanos argentinos en la fiesta de unos cuantos. Por su parte, Amnistía Internacional, organización que se financia a costa de las donaciones de sus asociados del mundo entero, ahora defienden los derechos humanos de los herederos de la pacha, y como si fuera poco manejan la promoción de la problemática de la primavera, sin autorización del pueblo Qom de Formosa, recordándoles que la comunidad Navogoh de la primavera es solo una parte del pueblo Qom. Si bien fue importante la propaganda mundial que Amnistía Internacional realizó de la miseria de los pueblos originarios en todo nuestro territorio y su aporte para construir un dialogo con la política indígena nacional, es muy importante aclarar que los pueblos indígenas no necesitan representantes ni manager para discutir la histórica deuda de los gobiernos con los aborígenes. Los dirigentes nacionales en política indígena autorizados por los pueblos conocemos los detalles de la gran campaña de prensa de nada financiada por nadie que lleva Amnistía Internacional a favor de unos cuantos y en desmedro de muchos, provocando entre aborígenes profundas divisiones y competencia de valores que no poseen. El actual gobierno nacional y los pueblos originarios sabrán como solucionar la falta de dialogo y soluciones, pero los pueblos originarios no esperan articulaciones de entidades privadas dedicadas al comercio detrás de la defensa de derechos, los pueblos van a solucionar la eterna problemática en forma directa pueblo originario – estado nacional.
Finalmente voy explayarme sobre dos hechos muy importante, diría más trascendentales para la historia de nuestro pueblo y del porvenir de la vida de la “Institución la CIQ”. Al cumplirse un año de estar en el Consejo de Delegados de la CIQ, luego de haber ganado la primera gran batalla que fue el 14 de mayo de 2011. Después seguimos ganando pequeñas batallas no recuerdo que hayamos perdido alguna, salvo la de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.CI) del INAI a la que ya me he referido extensamente. Cuando comenzó del relevamiento me hicieron a un lado, pero también tengo las pruebas que fue un fraude desde el principio. Del relevamiento del cual participo parte de la dirigencia de este Consejo de Delegados, que aún se resiste a rendir cuentas como manda el Estatuto (1998). Con el pleno conocimiento de la realidad de la “Institución la CIQ”, con las documentaciones que obraban en mi poder, consulté con el Consejo de Ancianos de Rincón de Quilmes quienes me autorizaron a denunciar la corrupción en la CIQ. Me puse a escribir un documento con las denuncias que en realidad fue una Carta Abierta, dirigida a los tres poderes; Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación Argentina, de la provincia de Tucumán y a toda la opinión pública en general. Andando en la ciudad de San Miguel de Tucumán en Mayo de 2012, algunos amigos me sugieren tener una audiencia con el Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones, Antonio Gustavo Gómez. Ese día fui atendido por su secretario el dr. Medina, a quien le expuse ampliamente el motivo de la solicitud de la audiencia. El secretario escucho atentamente mi relato y le hice la entrega de un ejemplar de la Carta Abierta, quien se comprometió entregarla inmediatamente al Fiscal General Antonio Gustavo Gómez.
Ese día en San Miguel de Tucumán, me invitaron a publicar mi Carta Abierta en un Diario Digital que se acababa de inaugurar: www.pueblooriginario.com.ar Llegar a publicar este documento en internet, ha sido otra gran batalla ganada; porque al otro día de publicado la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), quisieron impedir que se conozca la verdad, y solicito la clausura del Diario Digital, por denuncias de difamación mediante carta documento. El abogado Daniel Weisemberg del equipo de trabajo de la oficina de Tucumán de la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), envió una carta documento amenazando al Servidor en la Argentina en un claro acto de censura violando la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de Tucumán, El Pacto de San José de Costa Rica y de los demás Tratados Internacionales al impedir los derechos a la Libertad de Pensamiento y de Expresión, que han contribuido a la elaboración doctrinaria y jurisprudencial de una nueva rama del Derecho: el Derecho a la Información de los ciudadanos, a informar y ser informado sin censura previa. Posteriormente al otro día la página webs del Diario Digital fue hackeada, pero sus propietarios inmediatamente buscaron un Servidor en el extranjero, donde si se respeta la Ley sin actos de censuras. Por eso afirme, que ha sido otra gran batalla ganada a la cuestionada Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y la actual dirigencia corrupta de la “Institución la CIQ”.
Por eso en la Asamblea del 5 de Agosto de 2012 el comunero Ricardo Emma dijo: que coincidía que los incumplidores deben retirarse porque es muy claro que hay sinvergüenzas que les quitaron el futuro a sus niños y pidió un aplauso para la Comisión Revisora de Cuentas (CRC) por el trabajo realizado.
Nosotros tenemos una real conciencia para que empecemos a transitar por el camino de la rectitud, la integridad y los principios, si logramos esto, habremos logrado estar en el nivel del gran cambio Astronómico que también ocurre en el interior de la persona humana, y que nos eleva a la dimensión del Pachakuty.
AMASUA (No sea ladrón), AMAKELLA (No sea vicioso) y AMALLULLA (No sea mentiroso).
A los 31 días del año 2013 en Rincón de Quilmes, Departamento de Tafí del Valle, Provincia de Tucumán, República Argentina.
JUAN SANTIAGO SANTOS
DNI. 8.209.868
DELGADO DE BASE DEL RINCON DE QUILMES
MIEMBRO DEL CONSEJO DE ANCIANOS
MIEMBRO DEL CONSEJO DE DELEGADOS
COMUNIDAD INDIA QUILMES (CIQ)
PERSONA JURÍDICA INAI 441 30/07/2001
DEPARTAMENTO DE TAFI DEL VALLE
PROVINCIA DE TUCUMÁN
REPUBLICA ARGENTINA
SECRETARIO DEL ASOCIACION CIVIL
COMUNIDAD INDIA QUILMES (CIQ)
PERSONA JURÍDICA Res. Nº 34/90 02/09/1990 IGPJ
QUILMES BAJO, QUILMES CENTRO,
RINCON DE QUILMES
DEPARTAMENTO DE TAFI DEL VALLE
PROVINCIA DE TUCUMÁN
REPUBLICA ARGENTINA
