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Pueblo Originario | October 22, 2017

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ANDHES es denunciado ante el colegio de abogados

ANDHES es denunciado ante el colegio de abogados

Denuncia contra abogados de la Fundación Andhes, por actitudes contraria a la moral o ética profesional (foto: Dr. Darío Abdala)

Cansados de que los abogados de la fundación ANDHES asesoren mal a las supuestas comunidades aborígenes, vecinos de distintas localidades presentaron sus denuncias en el colegio de abogados de Tucumán.
UNIÓN DE VECINOS DE TUCUMÁN
EN DEFENSA DE SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES
Colalao del Valle – El Nogalito – Potrero Rodeo Grande – Rearte

San Miguel de Tucumán, 14 de junio del 2011
.

Sr. Presidente

Colegio de Abogados

Dr. Eudoro Domingo Araoz.
S/D

Ref. DENUNCIA POR ACTITUDES CONTRARIAS A LA MORAL O ÉTICA PROFESIONAL, DE ALGUNOS ABOGADOS DE ANDHES

Encarnación Rodríguez de Colombo DNI 3561138, Luis Prudencio Pérez DNI 8100255, Agustina Susana González DNI 5009740, María Virginia Canseco DNI 10017593, Melitona Solana Rosa DNI 6636563, Calixto Eleuterio Rosa DNI 7076810
Vecinos de la provincia de  Tucumán, de la localidad de Colalao del valle, El Nogalito, Potrero Rodeo Grande y Rearte, tenemos el agrado dirigirnos a Ud. y a ese Honorable. Consejo Directivo a fin de poner en su conocimiento el aberrante e ilegal proceder de abogados  inscriptos en Vuestro Colegio, que no solo desprestigian la profesión, sino que se valen de la misma para avasallar, NUESTROS DERECHOS CONSTITUCIONALES.

Personería:
La Sra. Encarnación Rodríguez de Colombo y otros, vienen en nombre y representación de la ASOCIACION CIVIL  HERMANOS ARAOZ, PERSONERIA JURIDICA  637/97, de Colalao del Valle.
El Sr. Luis Prudencio Pérez y otros vienen en nombre y representación del CENTRO VECINAL Valle Del Nogalito Pers. Jur. 308/8.
La Sra. Melitona Solana Rosa y otros vienen en nombre y representación del CENTRO VECINAL DE POTRERO GRANDE.

Objeto de la presentación:
Los aquí mencionados, en representación de los habitantes de las cuatro zonas antes mencionadas, venimos a solicitar su  intervención en calidad de Colegio profesional, donde se encuentran matriculados los abogados: Eduardo Nieva, Darío Abdala, Daniel Carlorosi, Valentina García Salemi, Carlos Gustavo Paliza, Josefina Doz Costa etc, todos ellos pertenecientes a la fundación Andhes, cuya conducta hoy venimos a poner en su conocimiento, solicitando su intervención, sancionando a los mismos conforme surge de las normas respetivas .
Los aquí mencionados, en representación de los habitantes de las cuatro zonas antes mencionadas, venimos a ratificar el petitorio antes entregado por nuestras comunidades vecinales y ampliar nuestra denuncia.

Ley que infringen estos abogados:
Reducidos grupos de personas que dicen ser supuestamente aborígenes, con el pretexto de reivindicar sus derechos, según afirman, se consideran legitimados para realizar todo tipo de atropellos (usurpaciones, amenazas, intimidaciones, quemas de casas, calumnias etc). Todos estos individuos “son amparados” y/o “asesorados” por letrados del foro, que obviamente infringen la ley de ejercicio profesional Nº 5233/5480/6508 y ccdtes, específicamente el reglamento interno del Honorable Colegio de Abogados bajo el título (capítulo III): Normas de Ética Profesional Art. 7 a 9, ya que aconsejan a sus clientes contra legem, en un límite difuso rayano a lo delictual, como demostraremos más adelante.

Aclaración:
En nuestras  zonas, nunca existieron aborígenes hasta que desde el año 2000, en adelante, comenzaron a surgir reducidos grupos de personas, que con el apoyo de algunos abogados, consiguieron la personería jurídica del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), bajo la invocación de la “AUTOCONCIENCIA” aborigen. Desde entonces han sucedido usurpaciones, amenazas de muerte, quema de viviendas, escraches, intimidaciones, desobediencia a la autoridad judicial, invasión de la propiedad seguida de daño intencional, discriminación etc.

I- EL NOGALITO:

a- Historia Real de nuestras zonas:
En la zona de El Nogalito, no hiciste documentación histórica que mencione presencia indígena durante los últimos cuatro siglos. La tierra en la que hemos nacido y vivimos, fue en el siglo XVII, más precisamente en el año 1601, entregada por el gobernador de Tucumán Don Pedro de Mercado de Peñalosa al capitán García de Medina porque “los indios del pueblo de Axita se pasaron a otra parte y quedaron sus tierras yermas y despobladas, las cuales se llaman Axita con su agua Olimpmampa y otro arroyo llamado Yanasiral y otro arroyo Nacchar Manpa, que caen en la jurisdicción de esta ciudad”.  (Actual Potrero de las Tablas, donde se unen el río Grande con los dos arroyos de las Tablas y Membrillar). La tierra entregada comprendía cuatro leguas por dos, llegando desde el Siambón hasta nuestro actual Famillá. Esta propiedad fue donada por el hijo del Capitán García de Medina en 1641, a los Jesuitas , pasando a denominarse Potrero de San Jenuario. Dicho Potrero fue rematado después de la expulsión de los Jesuitas en 1767. Para su remate y por su gran extensión, se dividió el Potrero en dos partes: potrero de San Jenuario y Potrero del Durazno. El Potrero del Durazno fue comprado en 1774 por Juan José Quinteros, en el remate realizado por la junta de Temporalidades de Tucumán . Es Juan José Quinteros quien divide en tres partes el potrero del Durazno para su venta: Potrero del Nogalito, Potrero de las tablas I y Potrero de las Tablas II. El Potrero  o Estancia del Nogalito fue pasando por distintos dueños hasta que un 30 de junio de 1849, lo compra don Mateo Cruz . De Mateo Cruz y Cipriana Ramos, descendientes de españoles, que vivían en el centro de San Miguel de Tucumán , descienden todos los actuales habitantes del Nogalito, inclusive quienes dicen ser supuestamente indígenas. En 1905 a pedido de los herederos se realiza un deslinde judicial, por el que se divide la propiedad en seis partes. Todos somos familiares y descendemos de Mateo Cruz y nunca se habló en nuestras familias de que fuéramos indígenas. La supuesta autoconciencia aborigen que mencionan es totalmente falsa.
Nuestras tierras son PROPIEDAD PRIVADA, desde el 1601 hasta la fecha. ¿Por qué entonces el INAI (Instituto Nacial de Asuntos Indígenas), con el aval de los abogados que denunciamos, entró en nuestras propiedades con Gendarmería, para hacer el relevamiento territorial, sin nuestra autorización?.

b- El actuar de los letrados que denunciamos:
En el Nogalito, desde los inicios de este proceso, cuando en el 2003 consiguen la personería jurídica los supuestos aborígenes, es el Dr. Raúl Horacio Bejas, quien los asesoraba y acompañaba. En estos últimos años, los acompañan y asesoran los miembros de la fundación ANDHES, a través del Dr. Daniel Carlorosi M.P. 5095, el Dr. Darío Abdala M.P. 5024, la Dra. Valentina García Salemi M.P. 5228.etc
El día 22 de setiembre del 2009 se dio cumplimiento a la resolución de la Sra. Jueza de Instrucción Secretaría V nominación, la Dra. Lenis de Vera, sobre la causa Arce Carlos Florencio s/ usurpación de propiedad – amenazas de muerte (Exp. 28098/2007, fecha 23 de junio de 2009), donde ordena la restitución Provisoria del inmueble ubicado en la localidad de El Nogalito, a sus legítimos dueños y dispone que el Ministerio Público interviniente practique las medidas necesarias, para que se haga efectiva la entrega de la parte del inmueble mencionado, AUTORIZANDOSE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y ALLANAMIENTO, del inmueble, en caso necesario. Medida que fue llevada a cabo por el 2º jefe de Unidad Regional Oeste (URO) Crio. Ppal. Estrella, el jefe zona II URO Crio. Insp. Guido Sala, Jefe Comisaría de Lules Crio. Ppal, Julio H. Puy. En toda la medida, que fue violenta y agraviante para los verdaderos propietarios, estuvieron presentes el Dr. Darío Abdala (matrícula 5024) y el Dr. Daniel Carlorosi (matrícula 5095), que se desplazaban en un auto Suzuki fun dominio EHM 522, asesorando y obstruyendo la medida desde que llegaron a la zona acompañados por una Sra. Margarita Mamaní de Tolombón y un Señor de Quilmes, hasta que en la tarde se apersonó el 1º Jefe de URO. Crio. May. Víctor Roque Pacheco, quien le llamó la atención al no ser ninguno representante legal del Sr. Carlos F. Arce; entonces se retiraran del lugar y dejaran de obstaculizar la Justicia.
El mismo día, se suspendió la medida por orden del Fiscal y quedó la propiedad bajo consigna Policial. El viernes 25 de setiembre continúa la medida. Terminada la devolución de la misma y retirándose la policía, queda una consigna policial. A los treinta (30) minutos, en presencia de los propietarios, usurparon nuevamente la propiedad, destruyendo todo y sacando alambrados y postes. En una clara actitud de desobediencia policial, arrojando piedras y menoscabando el accionar de la policía, con una violencia manifiesta.¿Cuál es la responsabilidad de los asesores legales? ¿Cómo pueden ellos avalar como asesores legales que se realicen nuevas usurpaciones, agresiones y constantes amenazas? ¿Cuáles son los intereses que mueven a estos letrados?
Esta gente, en su mayoría, de una pobre educación formal, cree y hace lo que sus abogados le dicen. Testimonio de uno de ellos: “nuestro abogado nos ha dicho que a nosotros nos protegen internacionalmente y que no nos pueden hacer nada”.
En un comunicado de prensa, que adjuntamos, a través de la páginawww.prensacontrapunto.com.ar con fecha martes, 22 de setiembre del 2009, el Dr. Daniel Carlorosi y el Dr. Darío Abdala, tratan de arbitraria a la jueza Dra. Lenis de Vera por no aplicar la ley 26160 sobre emergencia territorial. Lamentamos que la lectura arbitraria la hayan realizado ambos letrados y no la Jueza. El Poder Judicial en claro discernimiento no aplica la famosa ley 26160 sobre emergencia territorial ya que dice en su artículo 2º que la posesión de las tierras debe ser: “actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”.Lo que no se da ni en Colalao ni en el Nogalito, por ser todas PRIVADAS, ni en otros lugares de Tucumán.
En la página antes citada, con fecha también martes 22 de setiembre de 2009, se informa sobre el ESCRACHE realizado al Juez Juan Carlos Peral, en el edificio de 24 de Setiembre y Maipú, con la presencia de los representantes de ANDHES. Allí el Dr. Daniel Carlorosi, manifiesta (según contrapunto): “El juez mantiene su postura de que no se aplica la 26.160 porque no había posesión antes de diciembre. Pero no toma en cuenta que se está haciendo una regularización dominial y que para el derecho indígena no tenés que probar los actos posesorios, como lo requiere el derecho privado. Tiene que juzgar desde el Derecho indígena. Explicó”. ¿Acaso todos los habitantes que pisan el suelo Argentino, no estamos regidos por el mismo Derecho? ¿Existen dos Constituciones o el derecho indígena está comprendido dentro de nuestra Constitucional Nacional?. Con letrados que públicamente afirman esto, ¿qué podemos esperar de las personas que ellos asesoran?.
Después de ser dispersada esta manifestación, se dirigieron a la Plaza Independencia convocados por el Dr. Daniel Posse, entonces Secretario de Derechos Humanos de la Provincia. El centro vecinal de El Nogalito, ya había enviado carta con fecha 11 de diciembre del 2008 Exp. 471-850-T-08 al Dr. Daniel Posee y la Directora de Protección de la Secr. De Estado de Der. Humanos Dra. Laura Termini Maino, con fecha 17 de diciembre del 2008, por no defender nuestros derechos constitucionales Art. 75 Inc. 22 C.N. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ART. 1 Inc.1 “Los Estados partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que está sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. ART. 21 Inc. 1 “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social” Inc. 2 “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”. ART. 24 “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
El primero de junio del 2011, se realiza una marcha convocada por los señores abogados de ANDHES. En la marcha, lo que menos hicieron fue marchar, ya que hicieron un largo y programado recorrido de insultos, injurias, calumnias y escraches. El Dr. Peral, nuevamente se vió afectado por los insultos e injurias de quienes fueron convocados y guiados por los abogados, aquí denunciados. Posteriormente se dirigieron al Juzgado Federal y otros lugares más, donde siguieron con las mismas medidas realizadas al Dr. Peral, distribuyendo panfletos y escribiendo paredes. Si los señores abogados de la fundación Andhes, convocaron a esta marcha ¿quiénes son entonces los responsables de todos estos actos vandálicos y delictivos? Es bueno recordar que calumniar, injuriar, amenazar etc, son considerados delitos en el código penal de nuestra patria.
Ese mismo día, los abogados denunciados, se dirigieron a nuestra Legislatura para solicitar juicio político al Dr. Peral. Esperamos que nuestros legisladores, tengan un poco de lucidez para darse cuenta de la manipulación y presión que dichos abogados están realizando contra los que deben administrar justicia.
II- COLALAO DEL VALLE

a) Ubicación del inmueble usurpado:
El inmueble usurpado de propiedad de la Comunidad de Araoz Hermanos se encuentra ubicado a la altura del Km. 4304 de la Ruta Nacional Nº 40, cardinal oeste, en la zona conocida como “Hombre Muerto”, de la localidad de Colalao del Valle, Tucumán, identificado en el Registro Catastral de la Provincia bajo el número 80217, según Escritura Pública obrante en el Protocolo Serie A, Año 1858, Fs. 237 a 239 del Archivo General e Histórico de la Provincia.

b) La Comunidad de Araoz Hermanos:
Existe en el pueblo de Colalao del Valle, una institución que lleva el nombre de Comunidad de Araoz Hermanos; ésta nace en el año 1858 por la compra que hace el Señor Pilar Araoz a Doña Aurora Arce, de una extensión de 7400 hectáreas.
Los actuales comuneros, son dueños de esas tierras por compra o heredadas de sus mayores.
Desde aquéllas épocas lejanas los integrantes de la Comunidad de Araoz Hermanos han velado por el progreso y el bienestar del conjunto social a través del cumplimiento de una serie de objetivos, como el de proporcionar tierras, donde los herederos edifiquen sus casas y las exploten para el sostenimiento de sus hogares.
La historia del lugar habla de una larga trayectoria al servicio del mejoramiento de las condiciones de vida y la cultura, pues desde sus origenes las distintas comisiones donaron diversas extensiones de tierra para edificar: Escuelas, Clubes, Comunidades Religiosas, Cementerio, Plazas, Centros Vecinales, la Dirección Provincial del Minería, el pozo semi surgente que provee de agua a toda la comunidad, la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales; etc.
La Comunidad Araoz siempre ha trabajado a favor de Colalao del Valle, que se caracterizó ser un pueblo de paz pero que desde hace unos años atrás a la actualidad esa paz se ve alterada por personas inescrupulosas que usurpan tierras de propiedad privada, bajo el asesoramiento de letrados y organismos públicos y privados que sólo buscan réditos personales o económicos.

c) Antecedentes:
El día 16 de Diciembre del año 2008, a hs. 03:00 de la mañana aproximadamente, un grupo de personas ingresó a los predios de propiedad de la Comunidad de Araoz Hnos., instigados por los Sres. VIVIANA GOMEZ DE MONTAÑEZ y  ROQUE MOYA y pudiendo identificar como usurpadores -además de estas dos personas- a otros conocidos como SANDRA DE CISNEROS; JUAN CRUZ; DOMINGA MOYA; ANGELICA DE CORREGIDOR; GABRIELA OSORIO; FERMIN CARDOZO; MAGUI MOYA; ANDREA MOYA; SRA. MORALES DE MOYA, y otros vecinos de la localidad de Colalao del Valle.
Los usurpadores ingresaron al predio bajo “promesa” de  los instigadores de otorgárseles dicho terreno “en propiedad”, en total desconsideración a los insistentes reclamos de aquéllos que intentamos frenar el ingreso al predio, manifestando que el inmueble pertenece a la Comunidad de Araoz Hermanos.
Con motivo de tal usurpación, el día 22/12/08 se inició un amparo a la simple tenencia, por ante el Juez de Paz de Colalao del Valle, en contra de: VIVIANA GOMEZ DE MONTAÑEZ, ROQUE MOYA, SANDRA DE CISNEROS; JUAN CRUZ; DOMINGA MOYA; ANGELICA DE CORREGIDOR; GABRIELA OSORIO; FERMIN CARDOZO; MAGUI MOYA; ANDREA MOYA; SRA. MORALES DE MOYA, y otros vecinos de la localidad de Colalao del Valle.
El día 29 de Diciembre de 2008, el Sr. Juez de Paz de Colalao del Valle resolvió hacer lugar al amparo iniciado por la Comunidad de Araoz Hermanos y elevó el expediente a Documentos y Locaciones.
El expediente fue asignado al Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la III Nominación del Centro Judicial Capital.
En fecha 12 de Febrero de 2009, el Juez Juan Carlos Peral aprobó la resolución del Sr. Juez de Paz y ordenó la devolución del expediente a origen para dar cumplimiento con la misma.

El mismo día 12/02/2009, se apersonó en el expediente judicial el letrado Darío Esteban Abdala, en representación de la Comunidad India Quilmes del Pueblo Diaguita Calchaquí de la Provincia de Tucumán, promoviendo un Incidente de Nulidad; planteando Inconstitucionalidad y solicitando la aplicación de la Ley 26160.
Esta presentación fue rechazada por el Dr. Peral, pues ya existía dictado de sentencia, ordenando que ocurriera por la vía y forma que corresponda.
Ante ello, el 17/02/2009, el letrado Abdala presentó un Recurso de Inconstitucionalidad y el Juez a cargo ordenó el traslado.
Luego de la intervención del Agente Fiscal que dictaminó que el Recurso debía rechazarse, el Sr. Juez Civil de Documentos y  Locaciones, en fecha 12/6/2009 resolvió no hacer lugar a la concesión del Recurso de Inconstitucionalidad, sosteniendo –entre otros argumentos- que la Comunidad India Quilmes NO era parte en el Amparo y, en consecuencia, carecía de legitimación para intervenir; que no se veía conculcadas leyes, decretos o reglamentos que estatuyan materias vinculadas a la Constitución provincial; que la sentencia del amparo no se trata de una sentencia definitiva ni tienen virtualidad de poner fin a la acción o hacer imposible su continuación.
El expediente volvió a origen y en fecha 23/7/2009, se solicitó la intervención de la Seccional de Policía Unidad Regional Oeste, para hacer lugar al desalojo.
El día 29/7/2009, algunos de los usurpadores interpusieron la Nulidad de las actuaciones, que fue rechazada por el Sr. Juez de Paz subrogante, en fecha 30/7/2009.
El día 04 de Agosto de 2009 había sido fijada la fecha para realizar el desalojo.
Un día antes a ello, el Sr. Juez Peral solicitó al Juez de Paz la devolución del expediente, pues recibió las siguientes Notas:
a) del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, firmada por el Subsecretario de Protección de los DDHH de la Secretaría de DDHH de la Nación, exigiendo al Juez Peral la consideración de aplicar la Ley 26160 al Amparo en cuestión.
b) de la Fundación Servicio, Paz y Justicia, firmada por Adolfo Perez Esquivel (Premio Nobel de la Paz) exigiendo al Juez Peral que deje de ignorar la existencia de la Ley 26160.
c) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, firmada por el Presidente de la INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), también oponiéndose al desalojo y exhortando a la aplicación de la Ley 26160.
d) del INADI, Sede Tucumán, solicitando se garantice el proceso de restitución efectiva de los derechos de las comunidades indígenas y la aplicación de la Ley 26160.
Por todas estas notas, el expediente fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.
El desalojo se vio frustrado por primera vez.
La dilación (y posterior frustración) del cumplimiento de la medida de desalojo ocurrió por el asesoramiento indebido del letrado actuante.

En relación a la letrada Valentina García Salemi (abogada apoderada de ANDHES) interviene en el Amparo a través de la denuncia que efectuó en la Secretaría de Estado de DDHH de la Provincia de Tucumán, bajo expediente N° 263-G-850-09, “Causante: García Salemi, Valentina (ANDHES) s/Denuncia intento de desalojo Comunidad Indigena de Quilmes”, pretendiendo impedir –a través de la estructura estatal- el desalojo de la supuesta comunidad indígena.
En efecto, en fecha 29/7/2009, se dirigió una nota al Ministro Fiscal de la Corte de la Provincia, poniéndolo en conocimiento de la denuncia efectuada por los letrados de ANDHES y exigiendo la aplicación de la Ley 26160.
También el Sr. Adolfo Perez Esquivel mandó al Ministro Fiscal, una misiva de igual tenor a la remitida al Juez Peral, exigiendo su intervención.
Ante ello, el Ministro Fiscal decidió intervenir solicitando informe al Juez de Paz y merituando que –por la respuesta recibida- debía intervenir la CSJT.
La Corte intervino en oportunidad de la Queja por el Recurso de Inconstitucionalidad Denegado por el Juez de primera instancia.
A través del dictamen del Ministro Fiscal, la Corte convocó a la Comunidad de Aráoz Hermanos y a los representantes de la Comunidad India Quilmes a una “mediación”.
Esto fue enérgicamente rechazado por la Comunidad de Araoz Hermanos pues: 1- nada teníamos para mediar; 2- la Comunidad India Quilmes no es parte del expediente; y 3- La Ley 26160 es inaplicable al caso concreto.
El día 08/10/2009, la Corte no hizo lugar a la Queja por el Recurso de Inconstitucionalidad Denegado planteado por la Comunidad India Quilmes.
Otra vez la intervención de un letrado de ANDHES dilató el curso del Amparo.

El día 25/8/2009, la Comunidad de Araoz Hermanos volvió a solicitar la ejecución de la medida de desalojo, la que se llevó a cabo –en forma infructuosa- el día 17 de Septiembre de 2009.
En efecto, ese día, el Sr. Juez de Paz de Colalao del Valle procedió a hacer efectivo el desalojo de los demandados.
Los desalojados con motivo del amparo, se apostaron en los predios de enfrente de aquél –ruta de por medio- y esperaron unas horas, a que la consigna policial quedara reducida a un par de policías, para reingresar al predio de la Comunidad Araoz Hermanos, en clara desobediencia judicial.
El 06/10/2009 se volvió a solicitar el cumplimiento de la sentencia, que es resuelto favorablemente por el Juez de Paz el 22/10/2009.
En relación al letrado Daniel Carlorosi, se apersona en el expediente al momento de plantear un Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, al decreto del 28/10/2009, cuando el Sr. Juez Peral ordena el pase de autos para resolver la aprobación –o no – de la resolución del Juez de Paz que hizo lugar al pedido del nuevo desalojo.
Su planteo fue rechazado, por no considerar parte a la Comunidad India Quilmes.
Si bien la resolución del Juez de Paz fue aprobada por el Juez de Documentos y Locaciones el día 04/11/2009, el letrado mencionado de ANDHES interpuso Recurso de Apelación –que fue rechazado por improcedente- y, no conforme con ello, nuevamente el letrado Darío Abdala planteó Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio (por el rechazo), que también fue desechado.

Por su parte, el letrado Eduardo Nieva interfiere en el expediente del amparo en fecha 09/12/2009, fecha en que el Sr. Juez de Documentos y Locaciones aprueba el Desalojo ordenado por el Juez de Paz, con un planteo dilatorio, alegando que se trata de tierras ancestrales indigenas y exigiendo la aplicación de la Ley 26160, cuando en hartas oportunidades se estuvo por su inaplicabilidad al Amparo que nos ocupa.
Nuevamente el letrado Daniel Carlorosi se opone a la sentencia del 09/12/2009, con otro Recurso de Inconstitucionalidad, que es rechazado por inadmisible el 22/12/2009.

El segundo lanzamiento había sido fijado para el día 05 de Enero de 2010. No obstante, la consigna policial fue nuevamente desbordada en banda y los desalojados volvieron a usurpar el predio.

La última medida fue realizada el día 29 de Abril del corriente año, debiendo ser suspendida por la agresión sufrida por la Policía presente.
Consecuencia del accionar delictivo de los usurpadores, cinco policías y el Juez de Paz debieron ser atendidos de urgencia en el hospital de Cafayate.

Hasta el día de la fecha, los usurpadores siguen ocupando el predio.

d) Conclusiones:
Desde el 16 de Diciembre de 2008 hasta la actualidad, los entonces demandados continúan en el inmueble, resistiéndose en tres oportunidades al cumplimiento de la resolución del Juez de Paz y de la sentencia del Juez de Documentos y Locaciones, en total desconocimiento de la autoridad, asesorados
Con motivo de la imposibilidad de cumplir la orden judicial de lanzamiento ordenado por la sentencia del día 12/02/2009, desde entonces se encuentran radicadas en la Fiscalía de Monteros, varias causas penales por DESOBEDIENCIA JUDICIAL, USURPACION DE PROPIEDAD, VIOLACION DE DOMICILIO, DAÑO A LA PROPIEDAD, FALSEDAD IDEOLOGICA, AMENAZA DE MUERTE AGRAVADA, entre otros delitos, en contra de VIVIANA GOMEZ DE MONTAÑEZ, GREGORIA TOLABA, SERGIO CONDORI, ETC., dando cuenta que los intrusos  siguen involucrados y todos ellos permanecen desde aquél entonces en el inmueble, oponiendo resistencia a la autoridad y desconociendo los lanzamientos anteriores y volviendo a ingresar al predio.
Esta gente no opondría resistencia si no fuera por el asesoramiento letrado, cuyo proceder ahora denunciamos:
1. pretenden la aplicación de la Ley 26160, inaplicable al caso concreto.
2. alegan situaciones de hecho tales como que en el predio se habían apostado “40 familias”, siendo totalmente falso.
3. incitan a la violencia, avalando usurpaciones, amenazas, escraches, pintada de calles y paredes, panfleteadas, etc.
4. aparecen en los medios de comunicación brindando informes falsos.
5. denuncian jueces prestigiosos (Salazar, Peral, De Nucci, entre otros), con presentaciones en los tres poderes del Estado.
6. falsifican firmas.
7. se oponen al cumplimiento de las sentencias.
8. pretenden hacer justicia por mano propia.
9. desobedecen ordenes judiciales.
10. desconocen la autoridad.
11. impiden el desarrollo y adelanto del pueblo al instigar a cometer el delito de usurpación de tierras de propiedad privada.
Por todo ello, denunciamos a los letrados de ANDHES.
III – Avasallamiento de la Constitución Argentina:
Cansados de tanta violencia y de que se nos discriminen por no ser aborígenes,  solicitamos, el respeto a nuestros Derechos Constitucionales que dicen:
 “Art. 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: …de usar y disponer de su propiedad…
 Art. 16.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.
 Art. 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”.

En carta documento Nº 4010802101 con fecha 14 de diciembre del 2008, al Lic. Pascual Iramaín presidente del INAI (Instituto de Asuntos Indígenas) miembros del Centro Vecinal “Valle del Nogalito” decíamos:
1. Todas las propiedades del Nogalito son privadas. La comunidad aborigen no posee ninguna tierra como propia.
2. No existe en nuestra tradición, posesión de tierras a cargo de quienes dicen ser aborígenes. Tanto ellos, como nosotros, poseemos las tierras que hemos heredado, comprado o bien entregado por el Estado Provincial.
3. Públicamente decimos no reconocer los derechos de posesión que dicen tener los miembros de la comunidad aborigen.
4. No conocemos, ni reconocemos además, ninguna documentación fehaciente que acredite la posesión de las tierras que ellos reclaman entre el río Lules y el río Duraznillo, es decir todo el Nogalito

IV – Conclusión Final:

La ley 26160 en su Artículo 2º dice:”Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º. La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”.  Si los señores Jueces, no han dado lugar a esta ley en amparos a la simple tenencia y causas penales, entonces, ¿por qué cuesta aceptar dichas resoluciones de parte de los asesores legales (fundación Andhes) y de los supuestos aborígenes? La ley es clara y contundente. Sólo se aplica cuando la posesión es “pública, actual, tradicional y fehacientemente comprobable”. Nada de esto se dio en las distintas zonas, como lo atestiguan las documentaciones de los respectivos juicios.

Estamos cansados de las “chicanas” que están constantemente colocando estos letrados aquí denunciados. Estamos más cansados del modo “operandi” de los supuestos aborígenes, asesorados por estos letrados. Modo que se repite en todos los lugares de nuestra provincia:
– Hacen surgir comunidades en cualquier lugar con la excusa de la “autoconciencia aborigen”
– Una vez que tienen personería jurídica, mandan a usurpar propiedades privadas ya que no poseen tierras.
– Una vez usurpada la propiedad, reclaman se aplique la ley 26160
– Ante la negativa de la justicia, comienzan las “chicanas”, amenazas, intimidaciones, ESCRACHES A LA JUSTICIA y presiones del poder Ejecutivo.
– Por los medios de comunicación social, comienzan a “faltar a la Verdad”, buscando sensibilizar a la opinión pública, desacreditando la justicia y reclamando derechos que no existen.

Como afirmamos en nuestro manifiesto y queriendo reafirmar lo allí expresado, volvemos a decir:

“Denunciamos y afirmamos, que detrás de este movimiento hay una asociación ilícita de algunos campesinos, abogados, políticos y otros, con el claro fin de quedarse con tierras y dinero del Estado Argentino. La “Viveza Criolla” una vez más, está haciendo de las suyas.
Si más del noventa por ciento de los habitantes en cada zona, dicen que antes no había indios y que tales personas, no son indígenas; ¿por qué no se aceptan estos testimonios?, ¿carecen de valor testimonial, por no ser “indígenas”?. Acaso no están dando a entender que no existe conciencia social de ser aborígenes. “No hay peor ciego que el que no quiere ver”, dice un refrán popular”.

El Tribunal de Ética presidido por el Dr. Francisco R. García Posse, debería aplicar el Art. 54, ley 5233 del ejercicio de la profesión: “Son de competencia del Tribunal de Ética y Disciplina, las faltas de disciplina y los actos de los colegiados contrario a la moral o ética profesional que le sean sometidos por el Consejo Directivo”.

Rogamos al Sr. Presidente del Colegio de Abogados, que intervenga en este conflicto, antes que la violencia siga creciendo, gracias al apoyo de estos letrados, antes mencionados.

FIRMA DE LOS VECINOS
MATERIAL QUE ADJUNTAMOS
1. Manifiesto dirigido a las autoridades correspondientes, firmados por los vecinos afectados por las supuestas comunidades aborígenes.
2. Fotos donde estuvieron presentes el Dr. Darío Abdala (matrícula 5024) y el Dr. Daniel Carlorosi (matrícula 5095), asesorando y obstruyendo la medida, ordenada por la Sra. Jueza de Instrucción Secretaría V nominación, la Dra. Lenis de Vera, sobre la causa Arce Carlos Florencio s/ usurpación de propiedad – amenazas de muerte (Exp. 28098/2007, fecha 23 de junio de 2009).
3. Comunicado de prensa, a través de la página www.prensacontrapunto.com.arcon fecha martes, 22 de setiembre del 2009, el Dr. Daniel Carlorosi y el Dr. Darío Abdala, tratan de arbitraria a la jueza Dra. Lenis de Vera por no aplicar la ley 26160 sobre emergencia territorial.
4. Página www.prensacontrapunto.com.ar , con fecha también martes 22 de setiembre de 2009, donde se informa sobre el ESCRACHE realizado al Juez Juan Carlos Peral, en el edificio de 24 de Setiembre y Maipú, con la presencia de los representantes de ANDHES.
5. Invitación a una marcha convocada por los señores abogados de ANDHES, para el 1 de junio del 2011. En la marcha, lo que menos hicieron fue marchar, ya que hicieron un largo y programado recorrido de insultos, injurias, calumnias y escraches, especialmente al Dr. Peral.  6. Carta Documento correo argentino. Francisco Chaile al INTA
7. Carta Comuna de Colalao del Valle. 10 de febrero de 2009
8. Nota al Sr. Gobernador José Alperovich del pueblo de Colalo del Valle.
9. Constancia policial de comisaría de Colalao del Valle, 16 de marzo de 2011, por delito de violación
10. constancia policial de comisaría de Colalao del Valle del 3 de febrero de 2010, por delito de daño intencional.
11. Constancia policial de comisaría de Colalao del Valle del 9 de mayo del 2011, por amenaza de muerte.
12. Publicación denunciando los subsidios de la intendencia de Quilmes, Buenos Aires, y de microemprendimientos.
13. Causa penal centro judicial de Monteros, exp. 149/09 lesiones de arma blanca.
14. Acta desalojo propiedad de Colalao del Valle. Expte. 10.826/08
15. Denuncia de un usurpador de Colalao del Valle del 16 de diciembre del 2009.
16. Carta al Gobernador José Alperovich de un propietario en Colalao del Valle del 14 de setiembre del 2010
17. Cuatro testimonios de vecinos de la comunidad de Colalao del Valle de diciembre del 2008
18. Petitorio de integrantes de la comunidad indígena de Quilmes, manifestando su disconformidad contra la dirigencia por el accionar violento.
19. Petitorio de integrantes de la comunidad indígena de Quilmes, manifestando su disconformidad por el accionar violento de su dirigencia  del 1 de agosto del 2010.
20. Denuncia contra la dirigencia de la comunidad aborigen de Quilmes por apoyo UNT.
21. Carta publicada en la gaceta.

 

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