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Pueblo Originario | March 26, 2017

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ANDHES engaña incluso a los obispos

ANDHES engaña incluso a los obispos

El equipo Nacional de Pastoral Aborigen sacó en el año 2011 un informe a los obispos de Argentina, iluminados por la fundación ANDHES, en lo referente al norte argentino. Transcribimos los párrafos referidos a Tucumán, donde se menciona a la fundación ANDHES; quienes se sienten “amenazados indirectamente” por nosotros.
Los habitantes de Colalao del Valle, Rearte, El Nogalito, Tacana Chica, Potrero Grande etc decimos que…en lo referente a la localidad de Chuchagasta, dejamos en manos de la justicia se esclarezca lo sucedido y obre de acuerdo a la ley. En lo referente a las otras localidades que allí se mencionan, desmentimos que ello sea verdad. Somos nosotros los afectados y agredidos constantemente. Los abogados de la Fundación ANDHES asesoran a quienes constantemente nos usurpan, amenazan, intimidan y queman nuestros hogares. Eso no lo dijeron a los obispos.

Lamentamos también que quienes integran el equipo de pastoral aborigen no busquen conocer la verdad y mal informen a los obispos.

“ENDEPA
“Equipo Nacional de Pastoral Aborigen”

ADVERTENCIA SOBRE LA INEJECUCIÓN DE LAS LEYES NACIONALES Nº 26.160 Y 26.554 EMERGENCIA DE LA POSESIÓN Y PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA
MAYO DE 2011

El presente Informe fue elaborado por ENDEPA, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen.
ENDEPA es un equipo eclesial católico al servicio de los Pueblos Indígenas con espíritu y búsqueda constante de una práctica ecuménica y de diálogo interreligioso…

3.3 – TUCUMÁN
Se ha acordado que la Universidad Nacional de Tucumán fuera el ETO en la
Provincia de Tucumán y que su trabajo sería coordinado de forma general por la Ing. Viviana García Cote. El programa involucraría a 19 comunidades pertenecientes a los pueblos Diaguita Calchaquí y Lules Vilela. Para la tarea se aprobó un monto de $1.992.328. Se informa que recién en el mes de Julio de 2009 se realizó el primer depósito, el programa todavía se encuentra en etapa de difusión.
En Informe “Evaluación Alternativa sobre el Cumplimiento de la Convención
Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial en Argentina en el marco del Informe Periódico consolidado (19 y 20) ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) 76º Periodo de Sesiones (15 de febrero al 12 de Marzo de 2010)” elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI) y la Asociación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) señalan que “a modo de ejemplo, en la provincia de Tucumán — pese a las decenas de pedidos judiciales que se vienen desarrollando— sólo en dos casos los jueces aplicaron la ley 26.160. En esta provincia, además, hace pocos meses comenzó a implementarse el relevamiento territorial, lo cual generó una fuerte ofensiva por parte de sectores terratenientes. En tal sentido, desde que se sucedieron las primeras reuniones informativas con los pueblos indígenas ya tuvieron lugar tres desalojos —a la Comunidad India Quilmes, a la Comunidad El Nogalito y Comunidad de El Mollar— y varios intentos a otras comunidades más. En particular los pueblos indígenas Diaguitas y Lule sufren en Tucumán una fuerte campaña de desalojos y amenazas intimidatorios” (página 6 del Informe).
Asimismo recuerdan que “el 12 de octubre de 2009, como brutal respuesta a las acciones legales que la comunidad indígena lleva adelante en la justicia federal tucumana para exigir que se reconozca su territorio ancestral, un integrante de la comunidad Chuschagasta fue asesinado y otros cuatro sufrieron heridas de bala. Este hecho sucedió justamente cuando se iniciaba el relevamiento territorial ordenado por la ley 26.160. Los acusados de este violento hecho son un terrateniente de la zona y dos ex policías tucumanos, ambos exonerados de la Policía de Tucumán. Junto con ellos estaría involucrada una persona que fue miembro del Comando Atila, un grupo para policial que actuó en la provincia durante la última dictadura militar. Vale aclarar que un tiempo antes, el Juzgado Federal de Tucumán Nº 2 había otorgado una medida de protección judicial a favor de la comunidad indígena Chuschagasta, como respuesta a las amenazas que habían recibido algunos de sus integrantes. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán dejó sin efecto la medida. Las amenazas contra los caciques y los principales referentes indígenas de la comunidad datan de 2007, pero no fueron investigadas por las autoridades competentes. También recibieron amenazas indirectas los abogados/as de las comunidades y periodistas comprometidos en informar lo que sucede” (página 7 del Informe)”.

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